Un fallo de la Corte discrimina según la edad

Medidas cautelares por el Art. 41 de la Ley 15008

Nuestra entidad ha recibido de parte de un beneficiario de la Caja de Jubilaciones un fallo de fines de Septiembre 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la PBA (Carátula “Roson Higinio Santiago s/inconstitucionalidad Ley 15008 – Incidente de medida cautelar” / Expte. I 75210 BIS) que involucra al remitente y a otros colegas jubilados. Consideramos necesario difundir ciertos conceptos de su contenido, dada su importancia.

La resolución de la Corte está referida específicamente al sistema de actualización de los haberes previsionales y hace lugar a la medida cautelar solicitada para todos los demandantes excepto a una jubilada, a la que, si bien le reconoce los mismos derechos vulnerados, le deniega la medida cautelar porque su edad es inferior a 75 años, alegando que tendría tiempo de esperar que aparezca una nueva ley según el proyecto presentado en la Legislatura por la Asociación Bancaria y el gobierno de la Provincia o bien la sentencia judicial definitiva sobre lo reclamado por los actores. Este criterio resulta por demás controvertido porque, aunque la citada jubilada lo merece por ser su derecho, el fallo le impide acceder a la efectiva concreción práctica del mismo, postergándolo durante un plazo incierto, como si los jueces conocieran cómo serán las vicisitudes y necesidades personales futuras de la jubilada afectada. Deciden castigarla por ser “joven”, discriminándola por su edad.

Sospechamos que la verdadera razón de esta decisión sería política, con el objetivo de atenuar en el corto y mediano plazo la carga financiera sobre los responsables de afrontar el déficit de la Caja, postergando ese compromiso lo máximo posible. Se trataría de una política coherente con la que en el ámbito nacional generó la suspensión de la ley 27426, la sanción de la 27541 de “Solidaridad”, los decretos de actualización discrecionales del PEN durante 2020 y la nueva ley 27609; decisiones de las autoridades que han logrado degradar los ingresos de los jubilados de la ANSES, despojándolos de miles de millones de pesos para que los ahorre el Estado nacional.

Por tratarse del máximo tribunal, el criterio de no aceptar medidas cautelares de menores de 75 años generaría un antecedente trascendente. En principio puede ser tomado o no por los tribunales de primera instancia o la cámara de segunda instancia, pero en definitiva podría ser el resultado final de las cautelares en curso o próximas a solicitarse, para aquellos que no alcancen la edad de corte arbitrariamente fijada.

Dada la gran cantidad de amparos favorables logrados por beneficiarios de la Caja que encararon reclamos en sede judicial, entendemos que aquellos que tengan dudas al respecto deberían consultar a los profesionales actuantes o los que reiteradamente ofrecen sus servicios, a los efectos de disiparlas.

Aunque la verdad duela no es posible ocultarla

Un forzado esfuerzo para justificar la rendición

Para desvirtuar el fundamentado comunicado que Grupo Siglo publicó el 28/7/21, confirmando con cifras los conceptos del emitido el día 13 del mismo mes sobre el despojo a nuestros haberes previsionales, una agrupación de jubilados difundió un comunicado confuso y con contradicciones, conteniendo tergiversaciones y el intento de ocultar lo que objetivamente significa el proyecto de ley presentado por el gobernador Kicillof a la Legislatura.

No es posible justificar la defección (rendición) de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas respecto de la defensa de los derechos e ingresos de los jubilados y pensionados del Banco. Lo que proponen para el futuro de los beneficiarios de la Caja es por demás perjudicial, y aunque se trate de ocultar esa realidad descalificando lo que informamos como “versiones capciosas y alarmistas”, los fundamentos de nuestro comunicado son sólidos, verificables, derivados de la verdad de las cifras.

El mensaje de nuestra entidad apuntó específicamente al impacto que producirá la eventual nueva ley en los jubilados y pensionados, de modo que desmerecerlo mencionando otras modificaciones como la edad de las mujeres, la composición del directorio o la tasa de sustitución para las pensiones, es una argumentación inconducente, porque no nos referimos a esos aspectos del proyecto. Sin duda reafirmamos que retornar al 82% para el cálculo del haber inicial será una farsa mientras subsista el Aporte del Beneficiario, que para colmo ahora será elevado para siempre al 12%.

Este tema es muy importante porque afectará el futuro de todos los beneficiarios de la Caja. Por eso todos debemos dejar de lado nuestras simpatías políticas partidarias y analizar objetiva y técnicamente a qué situación se pretende llevarnos. Cada afiliado puede comprobar que lo que reiteraremos ahora son verdades irrefutables y ponen al descubierto a quienes se rindieron perjudicándonos:

  • El objetivo de las demandas de la Asociación Bancaria, la Unión Jubilados y la Asamblea Permanente era declarar inconstitucional la ley 15008. Tal objetivo se ha dejado de lado, ya que es claro que la mesa de diálogo fue funcional a que la Corte no se expidiera y, al menos hasta el momento, las partes actoras no han insistido en el expediente judicial para que eso ocurra.
  • La Asamblea Permanente presentó un anteproyecto a la Corte en que incluye el reajuste o retroactividad de haberes desde Enero 2018. No creemos que el destacado profesional que patrocinó a esa entidad esté errado al pedir que una ley repare el daño que ocasionó otra. Pareciera que cuestionando ese criterio ahora se intenta consolidar el perjuicio que ocasionaron las fuerzas políticas oficialistas y de la oposición, en definitiva logrando ahorrarle a la Provincia reparar la deuda devengada desde la vulneración de nuestros derechos.
  • Pero mientras niegan la posibilidad de reparar ese daño a todos los que estaban jubilados o pensionados al 15/01/2018, al menos restaurando sus haberes desde esa fecha, por otro lado se contradicen en su afirmación de que las leyes no pueden ser retroactivas, pues apoyan lo presentado a la Legislatura en cuanto establece una retroactividad para aquellos que se jubilaron a partir del 16/01/2018. ¿En el primer caso no se puede reparar retroactivamente el perjuicio ocasionado y en el segundo si? Todo muy conveniente para la Provincia, ya que comparativamente son pocos los jubilados por la ley 15008 y el monto involucrado no tiene relación con lo abultado de la sustracción a más de 15.000 jubilados o pensionados anteriores.
  • Afirman en su comunicado que por la acción de clase de la Asociación Bancaria todos los afiliados estaríamos amparados si se declara la inconstitucionalidad de la ley. Pues bien, siendo así: ¿por qué la misma entidad de jubilados promueve con singular entusiasmo que los beneficiarios de la Caja acudan a determinados estudios de profesionales para reclamar judicialmente, con los costos administrativos y en honorarios que eso implica?
  • Por cierto que el proyecto de la Gobernación no es perfecto. Perfeccionarlo sería reponer la ley 13364/13873, simplemente bregando por un fallo o un proyecto de la Legislatura que la repusiera, dejando de lado totalmente las modificaciones que estableció la ley 15008.
  • Nuestra entidad se opuso a la ley 15008 desde el primer momento. Participamos, entre otras, en las movilizaciones a la Legislatura y a la Corte, costeando ómnibus para trasladar a todos los compañeros que quisieran desde CABA. Conocemos el proceso y la responsabilidad que le cupo a la gobernadora Vidal y los lamentables argumentos que, faltando a la verdad, usó para justificar la iniciativa. Pero tampoco perdamos de vista que el desarrollo de la votación en Diputados demostró que hubo complicidad de la oposición de aquel momento (hoy oficialismo) porque contaban con 48 diputados frente a los restantes 44, facilitaron el quorum y se ausentaron convenientemente cuando podrían haber bloqueado el proyecto. Lamentablemente, la clase política (de cualquier color que sea) no quiere que sean reivindicados nuestros derechos, por eso aparece este proyecto y también la Gobernación actual ratificó fehacientemente la ley 15008 mediante el decreto provincial 261/20 y sus anexos, publicado el 21/04/2020.
  • Nadie acompañó el reclamo de nuestra entidad para cobrar el aumento por paritaria que desde el 01/01/2018 nos correspondía cuando todavía no estaba vigente la 15008. Posteriormente se produjo un perjuicio evidente en los ajustes de prestaciones desde esa fecha; por el sistema de actualización dispuesto por esa ley y por su suspensión en 2020, cuando ocurrieron los aumentos por decreto del PEN, empobreciendo a toda la clase pasiva con excepción de los regímenes especiales como es el nuestro, no reconocido por la Caja. ¿La cuantiosa pérdida que hemos sufrido en el haber no justifica la reparación del daño ocasionado?
  • El mayor perjuicio que tenemos los beneficiarios de la Caja es el Aporte del Beneficiario; y el proyecto no solo lo avala sino que quiere aumentarlo. Sufrimos este despojo en nuestros recibos mensuales de haberes, RES y SAC, de modo que nos pagamos a nosotros mismos una parte importante de los ingresos anuales.
  • Antes decían que si el Banco se hace cargo del déficit de la Caja desaparecía, pero ahora le seguirán cargando cada vez más contribución para cubrir ese déficit. Si se quiere cuidar al Banco y a su patrimonio, como lo establecía la ley 13364/13873 la Provincia debe hacerse cargo del total del déficit de la Caja, eventualmente asistida por el Estado nacional. Pero para aquellos que se rindieron esto iría en contra de su afinidad con las actuales autoridades. Evidentemente no hay voluntad alguna de reponer la ley anterior.

Teniendo en cuenta la iniciativa del sector gremial de presentar el lamentable proyecto de ley que nos ocupa y el intento de justificarlo forzadamente por parte de una agrupación de jubilados, sobre ambos nos preguntamos si están motivados por la auténtica defensa de los derechos de los beneficiarios de la Caja o bien por otros objetivos.

El proyecto del gobernador Kicillof de nueva ley para la Caja de Jubilaciones

Tomemos conciencia. Se intenta consolidar un enorme despojo a nuestros haberes previsionales

 Es muy preocupante que el proyecto de ley presentado ante la Legislatura para modificar el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones está siendo difundido por las agrupaciones gremiales y algunas entidades de Jubilados como un supuesto logro, una conquista que presentan como reivindicatoria de los derechos conculcados de los beneficiarios de la Caja.

El relato que están utilizando en comunicados y redes sociales destaca sobremanera la recuperación del sistema de ajuste atado a la evolución de los haberes de los trabajadores activos, lo cual es muy bueno y atractivo para los jubilados; pero lo hace con una intención perversa, como es ocultar que también trae incorporada la consolidación de la significativa pérdida sufrida por el valor adquisitivo de nuestros haberes desde Enero de 2018, cuando entró en vigencia la ley 15008.

Resulta decepcionante que las entidades que encararon demandas por inconstitucionalidad ante la Corte, principalmente la Asociación Bancaria, hayan renunciado a reclamos fundamentales reivindicatorios de los derechos de los afiliados, para someterse a los intereses del gobierno provincial. Entre ellos, cabe destacar que se ha dejado de lado la recomposición de los haberes previsionales a los valores que nos hubieran correspondido si hubiéramos permanecido regidos por la ley 13364/13873.

Esta defección representa un enorme daño para todos los jubilados y pensionados, lo cual queda revelado al analizar la evolución de las cifras según las distintas alternativas de haberes.

Haberes brutos según distintas alternativas de ajuste (cifras en pesos)
Ley 13364
(A)
Ley 13364
(B)
Ley 15008 NO SUSPENDIDA por la ley 27541 de «Solidaridad» (C)
Ley 15008 SUSPENDIDA por la ley 27541 de «Solidaridad» con ajustes en 2020 por decretos del PEN  (D)
31/12/2017
31/07/2021
15.000,00
59.783,56
50.123,56
45.424,46
25.000,00
99.639,27
83.539,26
74.256,05
40.000,00
159.422,83
133.662,82
117.503,43
55.000,00
219.206,39
183.786,38
160.750,81
70.000,00
278.989,96
233.909,93
203.998,19
85.000,00
338.773,52
284.033,49
247.245,58
100.000,00
398.557,08
334.157,05
290.492,96
115.000,00
458.340,64
384.280,60
333.740,34
  • La columna A contiene ejemplos de haberes brutos al 31/12/17, que incorporan los ajustes por cláusula gatillo que se aplicaron en enero y febrero de 2018.
  • La columna B indica los haberes que hubieran correspondido a 31/07/21 si continuara vigente la ley 13364.
  • La columna C representa los haberes que según la ley 15008 corresponderían si no se hubiera aplicado a nuestro régimen especial la ley 27541 (de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”).
  • La columna D contiene los haberes previsionales que estamos cobrando la gran mayoría de los beneficiarios de la Caja. Aquellos compañeros que han sido favorecidos por un amparo judicial contra el art. 41 de la 15008, en general están cobrando haberes intermedios entre los de las columnas C y D, dependiendo del momento en que entró en vigencia la medida cautelar.

Lo que los jubilados y pensionados debemos tener muy en cuenta son las significativas diferencias que surgen entre los valores de las columnas B y D. Esa pérdida es la que los impulsores del proyecto del gobernador Kicillof pretenden que aceptemos. No caigamos en la trampa.

El proyecto de nueva ley para la Caja de Jubilaciones

Que no intenten engañarnos. Se trata de una estafa con enormes perjuicios para los jubilados y pensionados del Bapro

Ha trascendido un proyecto de ley presentado el 12/07/21 ante la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof. Surge del acuerdo alcanzado entre algunas de las partes en la mesa de dialogo que impuso la Corte y confirma los serios perjuicios para los jubilados y pensionados a los que nos referimos en nuestro comunicado del 14/06/21.

En los fundamentos de la presentación se afirma que el proyecto fue consensuado entre las partes actoras (Asociación Bancaria, Asamblea Permanente y Unión Jubilados) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo. Si bien expresan que el proyecto de ley “tiene el mérito de haberse alcanzado a instancias de una negociación constructiva y democrática”, en el expediente judicial la Asamblea Permanente presentó un escrito separadamente, con premisas distintas, entre las que cabe destacar la recomposición de los haberes de los pasivos desde Enero de 2018 (derecho que ignora el sector gremial) mientras que no hay claridad respecto a la posición de la Unión Jubilados. Pareciera que algunos han decidido por todos.

  • Si bien es positivo que se modifique el cambio de régimen de actualización de las prestaciones previsionales impuesto por la ley 15008, tal beneficio solo existirá hacia el futuro. Resulta falaz la declamada “restitución de derechos” ya que no contempla actualizar los haberes desde Enero 2018 al momento de entrar en vigencia la nueva norma, y mucho menos recuperar el retroactivo por la enorme pérdida que hemos sufrido desde entonces.
  • Otro serio perjuicio es seguir convalidando el reclamado en demandas por inconstitucional Aporte del Beneficiario, al que nuestra entidad siempre se opuso. No solo vuelve a ser ratificado con aceptación de aquellos que estuvieron en la mesa de diálogo y otros que en nombre de los jubilados y pensionados participan en la Comisión de Defensa de la Caja, sino que por este proyecto será elevado al 12% (un punto más que los trabajadores activos de la ANSES), con lo cual impone una mayor contribución que obliga a que los beneficiarios de la Caja debamos pagarnos una parte de las prestaciones anuales que cobramos. Pero además, al persistir también el aporte sobre los incrementos que recibimos, ese porcentaje resulta aún más elevado.

Reiteramos nuestro rechazo al Aporte del Beneficiario en todas sus formas. Se trata de una obligación absurda y excepcional para un régimen previsional, ya que convierte en una farsa la tasa de sustitución del 82% que el proyecto presenta como uno de sus logros, e impide contar con una jubilación o pensión acorde a lo aportado durante nuestra trayectoria laboral.

  • Por otra parte, el artículo 13 en el Capítulo de Recursos para la Caja está redactado de manera tal que el aporte de los activos sea solo sobre las remuneraciones sujetas a aportes. Es decir, consolida y fomenta la práctica del Banco de hacer los cuantiosos pagos anuales o mensuales denominados “no remunerativos” (Día del Bancario, Aniversario del Banco, Participación en las Ganancias del Sistema Financiero, Asignación de Fin de Año y otros) a fin de eludir contribuciones y hacer que en definitiva los empleados activos y el Banco contribuyan a la Caja de Jubilaciones por solo una parte de las remuneraciones. Esto no solo perjudica a la Caja sino también a nuestra Mutual. Téngase en cuenta que quien propone esto, la Asociación Bancaria, cuando tiene que cobrar el “aporte solidario” para sus arcas obliga a los empleados a hacerlo sobre todos los rubros, en blanco y en negro.
  • Los futuros jubilados continuarán perjudicados en la determinación de su haber inicial, ya que el proyecto convalida lo establecido por la ley 15008 en cuanto a tomar el promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses en actividad, cuando la ley 13364/13873 consideraba la categoría alcanzada en los últimos 5 años. Al tomarse solo las remuneraciones con aportes la merma de ingresos del nuevo jubilado será muy significativa, tornando ilusa la tasa de sustitución.
  • Para todos los beneficiarios resulta importante contar con un financiamiento de la Caja confiable. Si bien resultaba primordial que la Provincia se hiciera cargo de solventar todo el déficit, sola o con ayuda del Estado nacional, lo propuesto indica que, como antes, el Banco será quien se hará cargo de solventar el déficit mensual para que los beneficiarios cobren sus haberes. Teniendo en cuenta que en el presupuesto provincial del año 2020 y 2021 no habría habido partidas para nuestra Caja de Jubilaciones, no queda claro cómo participaría la Provincia si la ley es aprobada en lo inmediato. Probablemente el Banco seguirá teniendo quebranto hasta que eso suceda.
  • Si bien se restituye la participación en el directorio de representantes por los jubilados y pensionados y de los activos, siempre será en minoría frente al poder Ejecutivo y el Banco. Durarían cuatro años en coincidencia con el mandato del gobernador de la provincia, por lo cual se supone que, de aprobarse este proyecto en lo inmediato, difícilmente habría participación de los afiliados hasta diciembre de 2023. Asimismo, resulta importante que exista una Sindicatura, lo que no es contemplado en el proyecto.

En consecuencia, en cuanto a los derechos de los jubilados y pensionados del Banco, este proyecto de ley deja de lado la mayor parte de sus derechos que establecía la ley 13364/13873, renunciando a los fundamentados reclamos que en la Corte presentaron las partes actoras.

Por su parte, al generar la mesa de diálogo, con astucia y habilidad política la Corte evitó tener que emitir un fallo que indefectiblemente sería contrario a los intereses del Estado provincial, lo que la colocaría confrontando con el Poder Ejecutivo. Esto, siempre y cuando la Asamblea Permanente no adhiera al proyecto que nos ocupa y continúe reivindicando su propio reclamo judicial.

El relato del sector gremial intenta que los afiliados del Banco crean que este proyecto es la reivindicación tan ansiada de sus derechos, cuando en realidad no es más que una claudicación, porque el interés prioritario de los actuales dirigentes gremiales es el apoyo incondicional a la fuerza política partidaria que actualmente ostenta el poder nacional y el provincial. Lo hacen disimulando el ajuste brutal que se está realizando a nuestros haberes y a los de la clase pasiva del régimen general de la ANSES.

Por volver a contar en el futuro con lo que ya teníamos (la actualización de haberes según los aumentos de los activos) ahora todos tendremos que hacer un aporte mayor.

Además, y esto es muy grave, este proyecto legitima la enorme pérdida de poder adquisitivo que padecemos desde Enero 2018, obligándonos a donar al Estado de por vida entre el 19% y el 37% (cálculo aproximado hasta Julio 2021) según las categorías y con referencia a los aumentos que nos correspondían siguiendo las paritarias bancarias.

Nuestra esperanza es que la Legislatura convoque a todos los que defendemos a los jubilados y pensionados para poder conocer nuestra opinión y también nuestras propuestas, que incluyen la generación de nuevos ingresos para la Caja, los cuales podrían determinar que esta nueva modificación no sea transitoria sino duradera, y que, fundamentalmente, se elimine el Aporte del Beneficiario para los jubilados y pensionados.

Presentación ante la Corte de la Asamblea Permanente

Se trata de una propuesta que también resulta perjudicial

Con fecha 12/06/21 emitimos un comunicado referido a la claudicación de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas cediendo derechos de los afiliados que se reclamaban por inconstitucionalidad de la ley 15008. Por lo sucedido con la frustrada prórroga del plazo de las negociaciones, era obvio que habían surgido diferencias entre los criterios y seguramente las convicciones de los actores representantes de los afiliados, ya que la posición del sector gremial no fue compartida por las entidades de jubilados demandantes. Obsérvese que la Asamblea Permanente y la Unión Jubilados no suscribieron el comunicado de la Comisión de Defensa de la Caja del 28/05/21.

Entonces, continuando nuestra opinión sobre los informes presentados a la Corte sobre los resultados de la mesa de diálogo, nos referiremos ahora a la posición adoptada por la Asamblea Permanente, volcada en su informe a la Corte con fecha 10/06/21.

A la luz de la repudiable renuncia del sector gremial a defender a los afiliados del Banco, la decisión de esta demandante por los jubilados de no convalidar esa actitud y adoptar una postura independiente aparece como un gesto de dignidad, pues, al menos parcialmente, sostiene la reivindicación de algunos de los derechos conculcados. Deja en claro que el camino a seguir es político, por medio de una presentación de la Gobernación a la Legislatura provincial propiciando modificar la ley 15008, y presenta un anteproyecto para ello. Cabe destacar que, refiriéndose a los resultados de la mesa de diálogo, indican que “en las distintas reuniones celebradas se han alcanzado consensos importantes, entre las distintas partes de los procesos colectivos, que se tradujeron en la presentación de un dictamen conjunto enviado al gobierno por la Asociación Bancaria, la Unión de Jubilados y la Asamblea, que fuera acompañado en el expediente en nuestra presentación del 12/05/21”. Sin embargo, pareciera que con posterioridad habrían surgido importantes disidencias, de tal manera que el gremio presentó su propio proyecto alineado con el gobierno provincial y la Unión Jubilados no acompañó a la Asamblea en la presentación que nos ocupa.

Dicho esto, en línea con lo que Grupo Siglo defiende desde siempre, debemos reiterar nuestras críticas a ciertos aspectos de lo presentado, porque a nuestro entender convalidan perjuicios contenidos en la ley 15008.

  • El principal daño para los jubilados y pensionados es la resignación a aceptar el Aporte del Beneficiario (que es claramente inconstitucional) dándole así legitimidad a un descuento injusto y antinatural para un sistema previsional. Cabe señalar que ya en oportunidad de discutirse la anterior ley 13873 modificatoria de la 13364 suspendida, nuestra entidad solicitaba sacar ese aporte, pero lamentablemente las otras entidades de jubilados lo sostuvieron sin apoyarnos. Si la existencia de este aporte es reducir de hecho la tasa de sustitución a fin de gravar menos el sistema, la reivindicación del 82% es un engaño, y no hace otra cosa que conformar un haber bruto ficticio, que perjudica a los beneficiarios por ser la base de cálculo para otros descuentos. Por tal razón, nuestra entidad propone eliminar el aporte del beneficiario y que la tasa de sustitución sea 70% (igual que el IPS) para los nuevos jubilados, lo que resultaría neutro para ellos y beneficiaría a los actuales jubilados, al quitarles una significativa carga que disminuye sus ingresos, cuando todos sabemos que el haber bruto de nuestras prestaciones no supera el 55% de los sueldos de activos con igual categoría. No indica taxativamente que se oponga al incremento del Aporte del Beneficiario para los pasivos acordado por la Bancaria y al mantener lo que dice al respecto la 15008, tranquilamente el directorio de la Caja lo puede elevar al 12%.
  • Respecto de actualizar las prestaciones por las paritarias bancarias, reiteramos que el artículo correspondiente en su redacción debería respetar la que tenía el Art. 57 e la ley 13364/13873 para que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos.

Esto siempre lo reclamamos, así como que, concordantemente, los aportes y contribuciones se efectúen sobre todos los ingresos de los activos (como es el “aporte solidario” a la Asociación Bancaria), no solo para disminuir el déficit de la Caja sino también para mejorar los ingresos de los Servicios Sociales, principalmente para nuestra Mutual. Lamentablemente esto nunca fue apoyado o requerido por los miembros de la UJ y AP cuando estuvieron en el Directorio de la Caja, ni tampoco solicitado por aquellos que forman parte de la conducción de AMEBPBA.

A diferencia de la decepcionante claudicación del sector gremial, lo propuesto por la AP contempla como expresión de deseos la actualización de los haberes de los beneficiarios desde el 1° de enero del 2018, si bien no surge que pretendan la recuperación retroactiva de los montos perdidos desde esa fecha, como algunas versiones dejaban trascender.  Por otra parte el informe del representante de la Provincia (Asesor General) desecha totalmente ese eventual ajuste.

  • Igual que lo propuesto por el gremio bancario y las CGI, aceptan cambiar la determinación del haber inicial jubilatorio según la categoría alcanzada por el promedio de remuneraciones de los 120 meses anteriores al cese, reduciéndolo en forma similar a lo establecido por la 15008.
  • Con relación al tema de la edad de la mujer para jubilarse, el régimen nacional por ahora tiene los 60 años, de modo que es evidente que no se puede imponer algo peor, lo que no presentaría dudas a la Justicia.
  • Aparece como un privilegio de dudosa conveniencia para el sistema el recalculo incremental de haberes para los jubilados que realicen trabajos posteriores a su retiro, pues no queda claro si la Caja recibiría aportes adicionales y, en caso que así fuera, si compensarían la carga de una mayor prestación para ese beneficiario. Pareciera un privilegio destinado a quienes cumplan funciones en los gobiernos de turno o en actividades afines a la política.

No nos oponemos a que puedan volver a trabajar quienes así lo deseen y tengan la oportunidad de hacerlo, pero es natural que quienes decidan ejercer una nueva actividad lo harán porque económicamente les conviene frente a la suspensión de su jubilación.

En definitiva, como sostuvimos desde el principio, la solución era política y el tiempo nos dio la razón, confirmando que la realidad es la única verdad. Lamentablemente, todo el lapso transcurrido desde la vigencia de la ley 15008 y las decisiones administrativas de la Caja y el gobierno provincial sobre el ajuste de las prestaciones nos ha provocado la considerable pérdida del poder adquisitivo que todos padecemos, además del achatamiento de la escala salarial.

Nos preguntamos si en vez de clausurar la lucha contra la 15008 iniciando presentaciones ante la Corte Provincial, se hubiera explorado con convicción, voluntad y transparencia una lucha para convencer a la Legislatura provincial, donde había mayoría del actual oficialismo, en vez de la inocua recurrencia a los consejos deliberantes municipales. Posiblemente los tiempos se habrían acortado en cuanto a modificar esa ley, cosa que ahora todavía sigue en la nebulosa.

Valoramos que en el informe de la AP ante la Corte Provincial se haga lugar a la participación de otras asociaciones de jubilados para discutir una eventual modificación del régimen vigente. Por parte de Grupo Siglo deseamos poder contribuir con las propuestas que tenemos para mejorar el sistema previsional, y participar del debate que se pueda generar en un ámbito adecuado, con transparencia e información para todos los afiliados. Por tal razón este comunicado lo hacemos llegar a dicha entidad.

Teniendo en cuenta la sólida fundamentación de las demandas por inconstitucionalidad sería preferible que la Corte Provincial se expidiera con un fallo, cumpliendo su función institucional. Pero no siendo solicitado expresamente y con los antecedentes de los informes presentados por las partes demandantes, la mayor probabilidad es que eso no ocurra y se dilate todo a la espera de una solución política.

En realidad, como expresáramos al conocerse la conformación de la mesa de diálogo, al aceptar las partes actoras participar en la misma rebelaron su decisión de conceder en todo o en parte los derechos que reclamaban, en el marco de una negociación política. A partir de allí, solo quedaba la esperanza de que las entidades y el gremio cedieran lo menos posible defendiendo los intereses de los afiliados; o bien, frustrados, directamente se apartaran de la negociación y continuaran con su demanda original por inconstitucionalidad. Los resultados que observamos son que la Asociación Bancaria se rindió mimetizándose con el gobierno provincial, y la Asamblea Permanente lo ha hecho en ciertos aspectos.

En consecuencia, permanecemos en la incertidumbre respecto a si los perjuicios generados por la ley 15008 y los decretos del P.E.N. serán removidos o agravados.

Rendición de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas

Las comisiones gremiales del Banco emitieron el día 07/06/21 un comunicado que en buena parte confirma un audio sin identificación que circuló profusamente y tendría origen gremial. Se trata de la presentación que se haría ante la Corte de un informe resultante de la Mesa de Diálogo rubricado por la Asociación Bancaria con aval de las comisiones gremiales, habiendo acordado con el Banco y la Provincia condiciones para una nueva norma. Las premisas de esta eventual modificación perjudican claramente a los jubilados y pensionados.

Del audio y el contenido del comunicado surge que la RENDICION del sector gremial es total, al defeccionar de los reclamos de su propia demanda, apoyada con movilizaciones masivas a la ciudad de La Plata en las que participó nuestra entidad, porque los afiliados del Banco confiaban en que el gremio defendería sus derechos conculcados. Ahora, como si fuera un logro, confiesan que la Asociación Bancaria (una de las partes demandantes por inconstitucionalidad de la ley 15008) debió hacer el “esfuerzo” de aceptar la propuesta del Gobierno (la parte demandada) cuando habían repetido hasta el cansancio la consigna “ACÁ NO SE RINDE NADIE”. La sumisión a las autoridades provinciales por parte del Gremio es más grave cuando estaba claro que los argumentos sosteniendo la inconstitucionalidad de la ley contenidos en las demandas de la misma Asociación Bancaria, de la Unión Jubilados y la Asamblea Permanente (además de otras efectuadas por particulares), tenían suficiente sustento jurídico como para que la Corte (¿por razones políticas?) dilatara su fallo eludiendo su responsabilidad institucional, a la espera de que los demandantes cedieran en su posición, lo que ocurre para el caso gremial.

Era previsible que, al aceptar participar en el ámbito de negociación ideado por la Corte, hubiera que ceder en algo de lo reclamado, pero es inadmisible y humillante que sea tanto. De esta manera la demanda por inconstitucionalidad queda desvirtuada y solo resultó funcional para que transcurriera un tiempo valioso, durante el cual nuestros haberes se devaluaron considerablemente mes a mes.

Lo acordado es lamentable:

  • El Banco seguiría comprometido en su patrimonio al tener que solventar el 50% del déficit.
  • La Provincia no se haría cargo del 100% como correspondería, contando con eventual ayuda de la Nación.
  • Por la elevación del Aporte del Beneficiario a los jubilados y pensionados al 12%.
  • Dado que ninguno de los jubilados actuales tendría un haber que supere el 55% de lo cobrado por un activo con igual categoría, al incrementarse el Aporte del Beneficiario, los descuentos mensuales llegarían o superarían en algunos casos el 20%, teniendo en cuenta que es muy probable que el aporte extraordinario a la Mutual sea renovado una vez más.
  • Las prestaciones se ajustarían por la paritaria bancaria, pero sería solo a partir de la vigencia de la nueva ley. Es decir, lo acordado no contempla retroactivo alguno desde Enero 2018 ni ajuste de haberes, de modo que consiente y acepta el enorme despojo que hemos sufrido en nuestras prestaciones previsionales a causa de la ley 15008 y el efecto devastador que tuvieron durante 2020 los arbitrarios aumentos por decreto del Gobierno Nacional, que produjeron un severo ajuste a los ingresos de la clase pasiva con. Llamativamente, este factor tan importante para el daño que sufrimos nunca es mencionado por los sectores gremiales y algunas entidades.
  • En el audio el acuerdo se pretende justificar por los logros del mencionado ajuste por paritarias (a aplicarse a partir de haberes muy devaluados) y porque las mujeres podrían jubilarse con 60 años, cuando así lo indica el régimen nacional.
  • Incrementa el aporte de los empleados activos en 2%, aunque no debe perderse de vista que este descuento no alcanza a la totalidad de sus ingresos; ya que, perjudicando a la Caja, a AMEBPBA y al resto de los Servicios Sociales, los acuerdos paritarios contemplan cifras “no remunerativas” (Participación en las ganancias del sistema financiero, Día del Bancario, Aniversario del Banco, Bonificación de Fin de Año y reajustes de haberes sin aportes) que siempre fueron negados en su aplicación por parte de la Caja a sus beneficiarios. Mientras tanto, los jubilados y pensionados aportamos sobre el total de nuestros ingresos.
  • Se incorporarían al gobierno de la Caja un representante por los activos y otro por los jubilados, pero no se dice nada respecto a qué otros miembros tendría el directorio, aunque suponemos que difícilmente llegarían los afiliados a equilibrar la relación de fuerzas con los integrantes de la Provincia y el Banco.
  • Otro aspecto sobre el que no habría cambios para ser mejorado sería el del cálculo del haber inicial sin respetar la categoría alcanzada por el activo al final de su carrera, manteniéndose en tal caso los 120 haberes anteriores al cese.
  • Resulta altamente preocupante que, según el comunicado, el eventual texto de la ley que debería tratar la Legislatura provincial sería discutido por la Asociación Bancaria en representación de todos los beneficiarios. Es decir, los jubilados y pensionados que dependen de los ingresos de carácter alimentario provenientes de la Caja, serían excluidos de las tratativas donde se decida su destino, negándoseles la posibilidad de ser escuchadas sus opiniones y propuestas.

En resumen, con este acuerdo la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas intentan aliviar las consecuencias económicas que para la Provincia tendría la determinación de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 15008 cuestionados en las demandas ante la Corte. Para ello reniegan de su propio reclamo judicial, y se someten a las necesidades políticas de la Provincia y el Banco. Los párrafos finales de su comunicado rebelan claramente que, tergiversando su razón de ser, parecen haberse transformado en una corporación cuya prioridad es el acompañamiento partidario del proyecto político del actual oficialismo nacional y provincial. Lo hacen destacando estar en unidad con el mismo gobernador que en campaña electoral prometió derogar la ley 15008 pero estando en el poder la consolidó y defendió en sede judicial. “La extrema situación descripta en que se desenvuelve el conflicto” es la excusa para aceptar un daño que será permanente para los afiliados, especialmente a los jubilados y pensionados.

En cuanto a lo expresado previamente al comunicado en análisis por parte de esa Comisión de Defensa, (donde se excluyeron la AP y UJ) puede entenderse que entidades de los servicios sociales ligadas a las CGI coincidan con lo manifestado, pero llama la atención la participación del Círculo de Jubilados y la de una agrupación de jubilados cuya modalidad es comunicase a través de las redes sociales. Si antes o ahora fueron engañados, sería conveniente que aclaren si coinciden o no con el acuerdo hecho por la Asociación Bancaria. Por nuestra parte, confirmamos que no nos equivocábamos al poner en duda que la Comisión de Defensa de la Caja defendiera los derechos e ingresos de jubilados y pensionados, y menos subordinándose al sector gremial.

Ahora resulta imprescindible que se conozca oficialmente el texto completo del acuerdo (aparentemente suscripto por una sola parte actora) para hacer un análisis definitivo y profundo del mismo; y también los eventuales informes que habrían presentado o presentarán a la Corte las otras partes actoras en sus demandas por inconstitucionalidad, para conocer si sus posiciones coinciden con lo propuesto por la Asociación Bancaria o bien persistirán con sus propios reclamos defendiendo los derechos genuinos que los afiliados tenemos.

Próximamente nos referiremos a los informes que debían presentar los otros demandantes, uno de los cuales ya se conoce y el otro esperemos que pronto se difunda.

Grupo Siglo rechaza categóricamente lo acordado por la Asociación Bancaria en lo que afecta a los jubilados y pensionados del Bapro, ya que no solo no eliminan el injusto e inconstitucional Aporte del Beneficiario sino que lo incrementan, para favorecer al Gobierno provincial y al Banco.

Finaliza la Mesa de Diálogo

Lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, mediante la resolución del 19 de mayo que adjuntamos, rechazó la pretensión de la Asesoría General de Gobierno, y dispuso poner fin a la Mesa de Diálogo, intimando a las partes a brindar dentro de los 15 días de notificados un informe sobre las conversaciones llevadas a cabo.

De los fundamentos de la resolución surge que ante la nueva solicitud de prórroga del plazo se dio vista a las partes. La Asamblea Permanente de Jubilados opinó rechazando la petición y acompañó un anteproyecto de nueva ley consensuado con la Unión Jubilados. Por su parte, la Asociación Bancaria aceptó la prórroga y también lo hizo la Fiscalía de Estado. Cabe destacar que el gremio no informó a los afiliados acerca de su posición adoptada en este asunto. Tampoco surge que representantes de la Legislatura Provincial hayan participado.

Evidentemente, el pedido de prórroga por parte de la Provincia ha de haber surgido porque no estaba de acuerdo en financiar, como corresponde, el déficit anual y mensual de nuestra Caja de Jubilaciones.

Ante este nuevo escenario, será interesante conocer el informe que obligatoriamente deberán elevar a la Corte los participantes en la Mesa de Diálogo sobre los resultados de tan extendidas conversaciones. Las diferentes posiciones ante el pedido de prórroga mencionado permiten deducir que existe divergencia en uno o más aspectos de una eventual nueva norma; pero resulta muy importante que los actores nos informen si todas las partes consensuaron artículos que integrarían el contenido de la nueva ley sobre las premisas en que hubo acuerdos; y, sobre todo, qué coincidencia tienen con artículos del anteproyecto presentado por las dos entidades de jubilados.

Ese anteproyecto, consensuado o no entre todas las partes demandantes y demandadas ha sido presentado en el expediente judicial, sin que previamente los afiliados activos y pasivos hayamos tenido la oportunidad de debatir y opinar. Como anticipamos en nuestro comunicado del 21/05/21, nuestra entidad tiene importantes objeciones sobre lo propuesto, pues contiene puntos muy perjudiciales para los beneficiarios actuales y futuros de la Caja, según exponemos a continuación;

  • Es muy grave que se acepte entre los ingresos de la Caja el absurdo APORTE DEL BENEFICIARIO, cuando el mismo fue cuestionado por inconstitucional en la demanda de la Asociación Bancaria. Esto no hace más que convalidar y reforzar las posiciones de los demandados referidas a ese tema en el proceso, y por lo tanto brinda un nuevo antecedente a la Corte para que esta no lo declare inconstitucional.
  • Otro perjuicio surge cuando se admite perder la determinación del haber inicial sobre la base de la categoría, aceptando lo que indica la ley 15008 en cuanto a tomar el promedio de remuneraciones de los 120 meses previos a la jubilación.
  • En cuanto a los recursos para financiar el sistema, si bien todos coincidimos en la irracionalidad del Art. 11 inc. j) de la 15008 porque directamente pone en peligro la supervivencia del Banco, consideramos que no tiene sentido suprimir también el inc. k) del mismo artículo, que es la continuidad del Art. 21 inc. b) de la ley 13364/13873 y compromete al Banco con parte de sus utilidades para el sostenimiento del sistema, siendo que la Institución ha sido responsable de la gestión de la Caja a lo largo de su historia.
  • Relacionado a lo anterior, no tiene lógica alguna que para el gobierno de la Caja el anteproyecto en cuestión proponga para el Directorio a dos representantes del Banco (un vocal y un suplente) cuando por otra parte lo exime de responsabilidad en el financiamiento. Además, se le niega la posibilidad de mayoría a los afiliados.
  • En cuanto a la tasa de sustitución, reiteramos lo expresado en nuestro comunicado anterior respecto a que si se propone pedir el 82% y luego descontar hasta un 12% como aporte del jubilado y pensionado, por qué directamente no se pide el 70% (como tiene el régimen previsional del IPS) y se deroga el injusto e inconstitucional (según presentaciones ante la Corte) Aporte del Beneficiario. Así se beneficiaría a los actuales jubilados sin perjudicar a los activos con mayores aportes por generar el riesgo de que los legisladores los aumenten (p. ej. al 16% o más, como aportamos toda la vida la mayoría de los actuales jubilados). Dado que el IPS tiene esa ecuación (70% de tasa de sustitución pero sin aporte del beneficiario) sería más factible su aceptación.
  • También reiteramos que el artículo sobre actualización de las prestaciones en su redacción debe respetar la que tenía el Art. 57 e la ley 13364/13873 para que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos.

Resulta incierto lo que pueda decidir la Corte, pero si su resolución final derivara a la formulación de  un nuevo régimen legal para la Caja, resultará imprescindible que todos los afiliados participemos haciendo llegar opiniones, de manera que no resultemos perjudicados en nuestros derechos e ingresos. Si no lo hacemos, otros decidirán sin tenernos en cuenta.

No ha lugar _ Asoc.Banc. Inconst.15008

Modificación de la ley 15008

Ha transcendido un texto conteniendo un proyecto de modificación de la ley 15008 que habría sido elaborado por la Asamblea Permanente y la Unión Jubilados, entidades que presentaron demandas ante la Corte por la inconstitucionalidad de dicha ley. No surge que el contenido sea compartido por la otra demandante, la Asociación Bancaria, ni que se haya consensuado con otras entidades representativas de los afiliados, destacando por parte de Grupo Siglo que no se nos ha contactado para recabar nuestra opinión sobre este asunto tan importante, que nos incumbe a todos. Por otra parte, la presentación no da precisiones respecto a los puntos de consenso alcanzado con los representantes estatales con los cuales se reúnen en la mesa de diálogo, que reiteradamente promueven dilaciones.

En cuanto a la última pretensión de demorar, la Corte acaba de decidir no hacer lugar  y requerir con un plazo de 15 días un informe sobre los resultados de las tratativas llevadas a cabo entre demandantes y demandados. Esto abre un nuevo escenario, sobre el que nos referiremos próximamente.

Aunque tenemos algunas dudas respecto de la autenticidad del documento, que puede tratarse de una expresión de deseos o un globo de ensayo para explorar reacciones, nuestra entidad siente el deber de brindar sus consideraciones para que todos los jubilados y pensionados estén debidamente informados y participen con sus propias opiniones.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que cualquier modificación pase de anteproyecto a proyecto debe ser presentado en la Legislatura Provincial, y para asegurar su viabilidad política debería contar con el aval de la Gobernación de la Provincia, que por lo visto hasta ahora solo se ocupa de dilatar lo más que pueda la resolución de la Corte Provincial.

A nuestro entender, si bien varias premisas de este proyecto reivindican para los jubilados y pensionados derechos adquiridos, otras tienden a consolidar perjuicios históricos, como es seguir avalando el APORTE DEL BENEFICIARIO EN TODAS SUS FORMAS, condenando a los beneficiarios de la Caja seguir aportando por el resto de su vida para colaborar en el pago de sus prestaciones. Lamentablemente, las entidades que presentan esta modificación persisten en este criterio como también lo hicieron antes, dejando de lado la lisa derogación que a coro se pedía. De esta forma solo logran beneficiar en primer lugar a la Provincia y luego al Banco.

Si se propone pedir el 82% y luego descontar hasta un 12% como aporte del jubilado y pensionado, por qué directamente no se pide el 70% (como tiene el régimen previsional del IPS) y se deroga el injusto e inconstitucional (según presentaciones ante la Corte) aporte. Así se beneficiaría a los actuales jubilados sin perjudicar a los activos con mayores aportes. Dado que el IPS tiene ese sistema (70% de tasa de sustitución sin aporte del beneficiario) sería más factible su aceptación.

Por otra parte, en cuanto a la actualización de las prestaciones, se omite en la redacción del artículo que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos, como sin eufemismos lo decía claramente la 13364 modificada. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos. Nuestra entidad siempre bregó por el cumplimiento de ese aspecto de la ley, pero ello nunca se respetó ni lo hicieron respetar aquellos que estuvieron como directores en representación de los afiliados. Destacamos que la Corte Provincial ha dictaminado que las prestaciones deben ser actualizadas por el TOTAL DE REMUNERACIONES, y la Caja recientemente ha ordenado ajustar cientos de ellas y pagar reajustes.

Respecto de la actualización que se pide desde enero 2018 no queda claro que se solicite y obligue a la Caja no solo que calculen los haberes previsionales desde esa fecha según el incremento a los activos (debería ser por el total de remuneraciones) sino que también se abonen los reajustes correspondientes. Además, sería ético y justo que se haga una nueva categorización de todos los beneficiarios, a fin de evitar diferencias de haberes entre quienes ostentaron la misma categoría trabajando para el mismo empleador, pero se retiraron en distintas épocas.

Otro punto importante es el financiamiento por parte de la Provincia de los déficit mensuales y anuales de la Caja, pero resulta inadmisible desligar al Banco de atender mensualmente y con cargo a la Provincia de brindar los montos necesarios para pagar en tiempo y forma las prestaciones, que con todo derecho nos hemos ganado aportando hasta más del doble que cualquier otro sistema previsional (sin ir más lejos el del IPS). Los antecedentes nos dicen que si el Banco no transfiere a la Caja el dinero faltante, ésta no puede pagar.

En la medida que se conozcan públicamente nuevos hechos seguiremos informando. Conviene que estemos atentos a este proceso de modificación de la ley, cuya consecuencia es permitir que la Corte eluda su función de expedirse sobre la inconstitucionalidad de la 15008.