Respecto a la defensa de la Caja de Jubilaciones

Para conocimiento de los colegas jubilados y pensionados más adelante reproducimos el contenido de un comunicado con comentarios referidos a la situación de la Caja y su defensa.

Asimismo, adjuntamos un combativo comunicado “unánime” del 22/07/2019 de la comisión defensora de la Caja y el Banco (en esa fecha habían olvidado a los servicios sociales) porque  al  comparar con lo que hoy comunican llama la atención y sorprende cómo se han atenuado la virulencia de sus consignas y la interpretación de hechos que no solo no se han modificado sino que se han agravado desde el cambio de las autoridades nacionales y provinciales en diciembre 2019. TODO CAMBIA.

Nos sirve a todos para entender y reflexionar sobre quién es coherente y quién no, quién dice la verdad y quién engaña y cuáles son los reales objetivos de unos u otros.  Cabe aclarar que la mencionada unanimidad incluye a los que todavía siguen siendo cómplices y nos presionan para que participemos de esa comisión.


Respecto a la defensa de la Caja de Jubilaciones

Nuestra entidad entiende que los jubilados y pensionados del Banco merecen, sin ocultamientos, conocer todo lo que concierne a sus derechos e ingresos y a la situación de la Caja de Jubilaciones. Por eso no podemos dejar de comentar algunos párrafos del informe de la Comisión de Defensa de la Caja, el Banco y los Servicios Sociales (CDCBSS) tras una reunión virtual mantenida con las máximas autoridades del Banco.

El informe califica la reunión como positiva, aunque de su contenido mencionando temas ya conocidos, no surge ningún resultado concreto, más allá de lo afirmado por el Gerente General en cuanto a que el Banco se hará cargo con sus resultados de los pagos de las prestaciones hasta fin de año. No trasciende que se haya considerado alguna propuesta.

Por el contrario, es preocupante que no se mencione iniciativa alguna referida a acciones destinadas a reemplazar la ley 15.008. Más bien pareciera que, ya ratificada la ley por el decreto 261/2020 de la Gobernación Provincial, ahora los esfuerzos apuntan a que el Banco obtenga la asistencia de la ANSES, lo que evidentemente consolidaría la 15.008. La Caja forma parte del sistema previsional de la Provincia, de modo que es ésta la que debe procurar su financiamiento. No es lógico que esa carga sea afrontada por el Banco porque otras funciones le competen; aunque no debe perderse de vista lo que reiteradamente hemos expresado en cuanto a que es el principal responsable del déficit de la Caja, ya que la administró desde su creación, no efectuó reservas cuando la relación de activo-pasivo lo posibilitaba, usufructuó fondos de la Caja, se apropió de la Sección Seguros, creó el Grupo Bapro derivando funciones y personal al mismo y produjo retiros masivos cuando le convino.

Coincidimos en el grave perjuicio que a activos y jubilados ha producido la ley 15.008, pero nos llama la atención que muchos soslayan el cuantioso deterioro adicional que en nuestros haberes previsionales (y en los de millones de jubilados del régimen general) ha producido la suspensión del sistema de actualización que estaba vigente, reemplazándolo por los decretos arbitrarios del P.E.N. para apropiarse de parte de los ingresos genuinos de los jubilados. También es raro que quienes, alarmados porque el Banco se iba a fundir, hoy promocionan e impulsan con entusiasmo y mediante un patrocinio profesional determinado, que se hagan juicios contra la Caja, que en caso de éxito seguramente deberá resarcir el Banco.

Entendemos que está muy bien que cada beneficiario que lo desea ejerza su derecho de recurrir a la Justicia para salvaguardar sus haberes, y en este sentido se han encarado cautelares individuales (con éxito tramitó la suya ante la Corte un jubilado abogado) con las que muchos están obteniendo un resultado positivo. Los felicitamos y nos alegra, pero no deben perder de vista que se trata de una disposición transitoria, que puede revertirse (ojalá no ocurra) si el fallo final de la Corte no los favorece, caso en el que deberán devolver las sumas que puedan haber cobrado de más.

Sobre la vía judicial todos deseamos conocer el estado de la presentación del gremio ante la Corte (sin medida cautelar, que extrañamente fue obviada) pero nadie informa sobre ello. Hay otras presentaciones de clase de entidades que tampoco parecen tener resultado favorable hasta el momento, y es confuso que, sobre esas acciones, otros integrantes de la CDCBSS las califiquen como inconducentes, explicando que para obtener resultados deberían ser individuales.

Esperamos que la Caja actúe sin discriminar y abone en tiempo y forma a todos los que obtuvieron cautelares a su favor, y que para cada uno el resultado neto sea positivo, una vez descontados los honorarios profesionales y gastos. Desgraciadamente la sentencia final puede llevar años, y la liquidación no incluirá todos los pagos en negro, mensuales o por única vez en el año.

Reiteramos que la resolución de la problemática de la Caja es política, y lamentablemente en ese ámbito seguimos siendo considerados “de privilegio”. No hay indicio alguno que indique que la Gobernación o la Legislatura provincial proyecten cambiar o derogar la 15.008. Se trata de un problema de dinero cuyo afrontamiento se inició con el convenio 400, y por eso fue la voluntad compartida del oficialismo y la oposición de 2018 (hoy en roles invertidos) la que impuso la ley. Lo fehaciente es que quienes antes solapadamente la convalidaron ahora la ratifican, tal lo demuestra el decreto 261/20.

A esta altura del informe, ante consultas que recibimos de algunos colegas y la presión pública de una agrupación virtual que recurrentemente pretende que nos incorporemos a la CDCBSS, es conveniente destacar una vez más algunas de las razones que lo impiden, surgidas a la luz del accionar histórico de las agrupaciones, ciertas trayectorias personales y, sobre todo, la convicción de Grupo Siglo de defender los derechos y haberes de los jubilados y pensionados sin condicionamientos político partidarios de ninguna índole, sean quienes fueren las autoridades nacionales, provinciales o del Banco en cada momento:

  • Cuando se elaboró la ley 13.364 ciertas entidades de jubilados convalidaron el absurdo Aporte del Beneficiario que depreda mensualmente nuestros haberes. También avalaban la existencia de un tope en las remuneraciones y liberar al Banco de la contribución especial. Estos puntos finalmente lograron removerse, el último mediante nuestra insistencia que generó artículo 21 bis. Ya en ese momento privilegiaban los intereses del Banco sobre los de los jubilados y pensionados.
  • No hay que olvidar que la mayoría de los actuales defensores de la Caja formaron parte de su directorio, especialmente en épocas en que los afiliados activos y pasivos eran mayoría y podrían haber resuelto a favor de sus representados muchas situaciones. Pero no fue así, contrariando lo que establecía la ley 13.364/13.873, los directores provenientes de las comisiones gremiales del Interior sistemáticamente votaron contra los jubilados en ocasión de decidirse sobre los pagos remunerativos por única vez, y todos los directores nunca reclamaron por los aportes y contribuciones que el Banco no hizo ni sigue haciendo por los cuantiosos pagos en negro a los activos, lo que habría derivado en la mejora de nuestros haberes, y en los de los Servicios Sociales, especialmente la Mutual. Tampoco reclamaron el pago de la marca Provincia Seguros que es propiedad de la Caja y convalidaron balances de la Caja sin objeciones, cuando las había.
  • Es difícil pensar que miembros de la CDCBSS de larga actuación gremial ligados a la Asociación Bancaria, no hayan tenido conocimiento previo del proyecto de la ley 15.008, y por acción u omisión fueron funcionales a que la norma se concrete.
  • En la última campaña electoral varios gremialistas y otros compañeros se fotografiaron profusamente con quienes hoy son presidente de la Nación y gobernador de la PBA con carteles contrarios a la 15.008. Pero ahora, habiendo dichos políticos accedido al poder, no se les reclama que cumplan con lo prometido, e incluso en algunas redes se intenta defender su inacción en ese sentido.
  • Las entidades de jubilados que integran la CDCBSS nunca acompañaron iniciativas que impulsamos para defender derechos de los jubilados, tales como numerosos reclamos por los pagos en negro o gris, el 10% que por vigencia de la 13.364 nos correspondía desde el 01/01/2018, el desmesurado incremento del costo del seguro de vida colectivo, las notas de reclamo administrativo por el art. 41 de la 15.008 que en muchos casos sirvieron como paso previo a la iniciación de una demanda judicial, etc., etc. No parece que su prioridad sean los jubilados.
  • Desde que se hicieron cargo de los gobiernos nacional y provincial las actuales autoridades, llama la atención cómo muchos integrantes de la CDCBSS han modificado su apreciación sobre problemas que no han cambiado. No se entiende por qué no se reclama ahora que la Provincia cubra el déficit previsional, tal como antes predicaban recurriendo a lo establecido en la Constitución Provincial. Ahora es positivo que el Banco se haga cargo de nuestras prestaciones previsionales (lo viene haciendo desde hace más de una década) pero antes era inminente que se fundía. Cuando la gestión anterior subsidió durante meses a los clientes del Banco con un 50% en compras en supermercados se trataba de un vaciamiento de la entidad, pero ahora nadie critica el 40% de descuento a quienes tienen cuenta DNI. Objetivamente, estas diferentes valoraciones son difíciles de entender, salvo que el discurso haya cambiado por afinidades partidarias.
  • Quienes organizaron la CDCBSS, a su inicio convocaron a numerosas entidades y agrupaciones, excepto al Grupo Siglo, cuyos dirigentes se enteraron de la iniciativa por casualidad al recibir un correo electrónico de un tercero. Por esa razón, interpretamos que no les interesa nuestra participación y menos nuestras propuestas que todas las agrupaciones conocen. Parece ser un ámbito en el que no se admiten disidencias y solo se tratan temas que no los afectan, porque no hay que olvidar que muchos de ellos administran AMEBPBA, cuya preocupante situación conocemos, sobre la que no ha transcendido que hubieran discusiones ni se ha difundido comunicado de la comisión.

Si solo se tiene como objetivo la asistencia de la ANSES, como pareciera surgir de la reunión virtual informada por la CDCBSS, entendemos que existe el riesgo de que los fondos no sean aplicados directamente a la Caja sino que al ser derivados primero a la Provincia ésta los utilizará según sus prioridades; además de la inevitable exigencia de mayor armonización, entre cuyas características no debe perderse de vista que ese régimen tiene topes máximos de prestaciones. La Provincia debería cubrir el déficit, al margen de esa asistencia y el Aporte del Beneficiario debería desaparecer.

Nuestra entidad sigue pensando que si hubiera voluntad política, en un ámbito de diálogo transparente y abierto, se podrían encontrar soluciones definitivas, sustentables, que abarquen a todos. Aquellos que leen nuestros comunicados saben que la Gerencia General cuenta con las propuestas que oportunamente le remitimos, las que deberían haber sido puestas en conocimiento del Presidente del Banco. Estamos a disposición para cuando las autoridades lo dispongan a fin de discutir las premisas que hemos elaborado para un anteproyecto de ley que reemplace la 15.008, en un ámbito de representatividad y respeto mutuo a las diversas opiniones, sin censura.

Comisión de Defensa de la Caja y el Banco 22.07.19