El aporte extraordinario a AMEBPBA

Lo extraordinario se hizo permanente y más gravoso para los jubilados y pensionados

Tal como nuestra entidad lo había pronosticado, por sucesivas prórrogas el aporte que en su origen fue presentado como excepcional se ha transformado en permanente; y cada vez más gravoso, como todos los jubilados vieron en su última liquidación de haberes. Nuestra entidad lo rechazó desde el principio y lo sigue rechazando, pero otras entidades y comisiones gremiales en complicidad lo avalan con su silencio, en algún caso participando incluso en la conducción de AMEBPBA.

La Comisión Directiva de la Mutual nos anuncia la continuidad del aporte pretendiendo disimular su abuso al presentarlo como una rebaja del 20% para el próximo semestre. Esto es perverso por lo engañoso, ya que desde que lo impuso arbitrariamente mantuvo los parámetros de las escalas de cálculo, mientras que en la práctica las prestaciones previsionales crecieron mucho más que ese porcentaje. Los aumentos desde Agosto 2020 hasta ahora alcanzaron casi 37% para quienes no cuentan con algún amparo por inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15008, y es mayor aun para los que fueron beneficiados con ese amparo, dependiendo de la fecha desde la que se aplicó. Para que sea real la rebaja se debían haber incrementado proporcionalmente los parámetros de las escalas que marcan el discriminatorio aporte.

Al no haberse modificado las escalas originales, los incrementos de prestaciones tornaron al discriminatorio aporte en más gravoso para aquellos a los que desde el principio se lo impusieron, y ahora también estaría abarcando a prácticamente la totalidad de los beneficiarios.

Se han igualado en muchos casos los aportes de los pasivos con los activos, ya que insolidariamente estos no aportan sobre el total de las remuneraciones sino que lo hacen sobre aquellas que tienen aporte (excepto los descuentos para la Asociación Bancaria que son por todo concepto) siendo significativos sus ingresos en pagos en negro mensuales y anuales en determinadas fechas.

En tal sentido, tengamos en cuenta que próximamente será el Día del Bancario, y el gremio acordó en su paritaria un importante monto a los empleados, que los trabajadores de sanidad de la Mutual pretenderán se les abone según el antinatural convenio colectivo que los ampara. Esto representará un eventual nuevo incremento de gastos para AMEBPBA, que deberemos contribuir a solventar los jubilados y pensionados, cuando nunca cobramos sumas sin aportes en nuestras prestaciones.

Ante la falta de respuesta a la información solicitada a la CD de la Mutual, nos encontramos a la espera de conocer los últimos estados contables de la misma, que deberían ser puestos en conocimiento de todos los afiliados.

En tal caso, posiblemente lograríamos observar cómo han variado todos sus ingresos, y si, como se decía al principio de la crisis de la Mutual, sus problemas provenían por ese rubro. Nunca aceptamos que la causa principal fuera la reducción de haberes frente a la inflación de los jubilados y pensionados, perjudicados por la 15008 y luego mucho más por los incrementos arbitrarios del PEN cuando suspendió el sistema se actualización de la ley 27426, y eso fue convalidado por el gobierno provincial desconociendo a nuestro régimen como especial.

Ratificamos lo expresado al principio de la implementación de este aporte inconsulto y discriminativo, que si bien puede haber mermado el total de ingresos de la Mutual, entendemos que su déficit se genera sobre todo por el incremento de los gastos, fundamentalmente en personal, admitido como bancario en su momento por la CD de turno y con conflictos en tiempo reciente que desconocemos si fueron resueltos con nuevos gastos para AMEBPBA, ya que los reclamos llegaron a una conciliación obligatoria cuyos resultados no fueron informados por los directivos.

Los afiliados en general y nuestra asociación en particular reclamamos información. Las autoridades de AMEBPBA deben suministrarla, ya que persisten en tomar decisiones inconsultas que afectan nuestros ingresos, estando aportando actualmente en promedio más del 7% de los haberes brutos.

El proyecto de nueva ley para la Caja de Jubilaciones

Que no intenten engañarnos. Se trata de una estafa con enormes perjuicios para los jubilados y pensionados del Bapro

Ha trascendido un proyecto de ley presentado el 12/07/21 ante la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof. Surge del acuerdo alcanzado entre algunas de las partes en la mesa de dialogo que impuso la Corte y confirma los serios perjuicios para los jubilados y pensionados a los que nos referimos en nuestro comunicado del 14/06/21.

En los fundamentos de la presentación se afirma que el proyecto fue consensuado entre las partes actoras (Asociación Bancaria, Asamblea Permanente y Unión Jubilados) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo. Si bien expresan que el proyecto de ley “tiene el mérito de haberse alcanzado a instancias de una negociación constructiva y democrática”, en el expediente judicial la Asamblea Permanente presentó un escrito separadamente, con premisas distintas, entre las que cabe destacar la recomposición de los haberes de los pasivos desde Enero de 2018 (derecho que ignora el sector gremial) mientras que no hay claridad respecto a la posición de la Unión Jubilados. Pareciera que algunos han decidido por todos.

  • Si bien es positivo que se modifique el cambio de régimen de actualización de las prestaciones previsionales impuesto por la ley 15008, tal beneficio solo existirá hacia el futuro. Resulta falaz la declamada “restitución de derechos” ya que no contempla actualizar los haberes desde Enero 2018 al momento de entrar en vigencia la nueva norma, y mucho menos recuperar el retroactivo por la enorme pérdida que hemos sufrido desde entonces.
  • Otro serio perjuicio es seguir convalidando el reclamado en demandas por inconstitucional Aporte del Beneficiario, al que nuestra entidad siempre se opuso. No solo vuelve a ser ratificado con aceptación de aquellos que estuvieron en la mesa de diálogo y otros que en nombre de los jubilados y pensionados participan en la Comisión de Defensa de la Caja, sino que por este proyecto será elevado al 12% (un punto más que los trabajadores activos de la ANSES), con lo cual impone una mayor contribución que obliga a que los beneficiarios de la Caja debamos pagarnos una parte de las prestaciones anuales que cobramos. Pero además, al persistir también el aporte sobre los incrementos que recibimos, ese porcentaje resulta aún más elevado.

Reiteramos nuestro rechazo al Aporte del Beneficiario en todas sus formas. Se trata de una obligación absurda y excepcional para un régimen previsional, ya que convierte en una farsa la tasa de sustitución del 82% que el proyecto presenta como uno de sus logros, e impide contar con una jubilación o pensión acorde a lo aportado durante nuestra trayectoria laboral.

  • Por otra parte, el artículo 13 en el Capítulo de Recursos para la Caja está redactado de manera tal que el aporte de los activos sea solo sobre las remuneraciones sujetas a aportes. Es decir, consolida y fomenta la práctica del Banco de hacer los cuantiosos pagos anuales o mensuales denominados “no remunerativos” (Día del Bancario, Aniversario del Banco, Participación en las Ganancias del Sistema Financiero, Asignación de Fin de Año y otros) a fin de eludir contribuciones y hacer que en definitiva los empleados activos y el Banco contribuyan a la Caja de Jubilaciones por solo una parte de las remuneraciones. Esto no solo perjudica a la Caja sino también a nuestra Mutual. Téngase en cuenta que quien propone esto, la Asociación Bancaria, cuando tiene que cobrar el “aporte solidario” para sus arcas obliga a los empleados a hacerlo sobre todos los rubros, en blanco y en negro.
  • Los futuros jubilados continuarán perjudicados en la determinación de su haber inicial, ya que el proyecto convalida lo establecido por la ley 15008 en cuanto a tomar el promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses en actividad, cuando la ley 13364/13873 consideraba la categoría alcanzada en los últimos 5 años. Al tomarse solo las remuneraciones con aportes la merma de ingresos del nuevo jubilado será muy significativa, tornando ilusa la tasa de sustitución.
  • Para todos los beneficiarios resulta importante contar con un financiamiento de la Caja confiable. Si bien resultaba primordial que la Provincia se hiciera cargo de solventar todo el déficit, sola o con ayuda del Estado nacional, lo propuesto indica que, como antes, el Banco será quien se hará cargo de solventar el déficit mensual para que los beneficiarios cobren sus haberes. Teniendo en cuenta que en el presupuesto provincial del año 2020 y 2021 no habría habido partidas para nuestra Caja de Jubilaciones, no queda claro cómo participaría la Provincia si la ley es aprobada en lo inmediato. Probablemente el Banco seguirá teniendo quebranto hasta que eso suceda.
  • Si bien se restituye la participación en el directorio de representantes por los jubilados y pensionados y de los activos, siempre será en minoría frente al poder Ejecutivo y el Banco. Durarían cuatro años en coincidencia con el mandato del gobernador de la provincia, por lo cual se supone que, de aprobarse este proyecto en lo inmediato, difícilmente habría participación de los afiliados hasta diciembre de 2023. Asimismo, resulta importante que exista una Sindicatura, lo que no es contemplado en el proyecto.

En consecuencia, en cuanto a los derechos de los jubilados y pensionados del Banco, este proyecto de ley deja de lado la mayor parte de sus derechos que establecía la ley 13364/13873, renunciando a los fundamentados reclamos que en la Corte presentaron las partes actoras.

Por su parte, al generar la mesa de diálogo, con astucia y habilidad política la Corte evitó tener que emitir un fallo que indefectiblemente sería contrario a los intereses del Estado provincial, lo que la colocaría confrontando con el Poder Ejecutivo. Esto, siempre y cuando la Asamblea Permanente no adhiera al proyecto que nos ocupa y continúe reivindicando su propio reclamo judicial.

El relato del sector gremial intenta que los afiliados del Banco crean que este proyecto es la reivindicación tan ansiada de sus derechos, cuando en realidad no es más que una claudicación, porque el interés prioritario de los actuales dirigentes gremiales es el apoyo incondicional a la fuerza política partidaria que actualmente ostenta el poder nacional y el provincial. Lo hacen disimulando el ajuste brutal que se está realizando a nuestros haberes y a los de la clase pasiva del régimen general de la ANSES.

Por volver a contar en el futuro con lo que ya teníamos (la actualización de haberes según los aumentos de los activos) ahora todos tendremos que hacer un aporte mayor.

Además, y esto es muy grave, este proyecto legitima la enorme pérdida de poder adquisitivo que padecemos desde Enero 2018, obligándonos a donar al Estado de por vida entre el 19% y el 37% (cálculo aproximado hasta Julio 2021) según las categorías y con referencia a los aumentos que nos correspondían siguiendo las paritarias bancarias.

Nuestra esperanza es que la Legislatura convoque a todos los que defendemos a los jubilados y pensionados para poder conocer nuestra opinión y también nuestras propuestas, que incluyen la generación de nuevos ingresos para la Caja, los cuales podrían determinar que esta nueva modificación no sea transitoria sino duradera, y que, fundamentalmente, se elimine el Aporte del Beneficiario para los jubilados y pensionados.

Retención impositiva

Entendemos que luego de la resolución de la AFIP la Caja procedería a aplicar las modificaciones pertinentes y por ende en las prestaciones a cobrarse el 05 de julio se verá reflejado ello. De tal forma muchos dejarán de tener retención y los demás en general también verán disminuir la carga impositiva.

Todavía la Caja no informó cómo será la devolución de los importes retenidos de más desde enero 2021, y asimismo tener presente que para que se les considere la deducción especial para jubilados y pensionados, deben haber hecho y presentado virtualmente el formulario 572, una vez al principio del año y luego si hay modificaciones que notificar, de forma que se habilite ello.

Presentación ante la Corte de la Asamblea Permanente

Se trata de una propuesta que también resulta perjudicial

Con fecha 12/06/21 emitimos un comunicado referido a la claudicación de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas cediendo derechos de los afiliados que se reclamaban por inconstitucionalidad de la ley 15008. Por lo sucedido con la frustrada prórroga del plazo de las negociaciones, era obvio que habían surgido diferencias entre los criterios y seguramente las convicciones de los actores representantes de los afiliados, ya que la posición del sector gremial no fue compartida por las entidades de jubilados demandantes. Obsérvese que la Asamblea Permanente y la Unión Jubilados no suscribieron el comunicado de la Comisión de Defensa de la Caja del 28/05/21.

Entonces, continuando nuestra opinión sobre los informes presentados a la Corte sobre los resultados de la mesa de diálogo, nos referiremos ahora a la posición adoptada por la Asamblea Permanente, volcada en su informe a la Corte con fecha 10/06/21.

A la luz de la repudiable renuncia del sector gremial a defender a los afiliados del Banco, la decisión de esta demandante por los jubilados de no convalidar esa actitud y adoptar una postura independiente aparece como un gesto de dignidad, pues, al menos parcialmente, sostiene la reivindicación de algunos de los derechos conculcados. Deja en claro que el camino a seguir es político, por medio de una presentación de la Gobernación a la Legislatura provincial propiciando modificar la ley 15008, y presenta un anteproyecto para ello. Cabe destacar que, refiriéndose a los resultados de la mesa de diálogo, indican que “en las distintas reuniones celebradas se han alcanzado consensos importantes, entre las distintas partes de los procesos colectivos, que se tradujeron en la presentación de un dictamen conjunto enviado al gobierno por la Asociación Bancaria, la Unión de Jubilados y la Asamblea, que fuera acompañado en el expediente en nuestra presentación del 12/05/21”. Sin embargo, pareciera que con posterioridad habrían surgido importantes disidencias, de tal manera que el gremio presentó su propio proyecto alineado con el gobierno provincial y la Unión Jubilados no acompañó a la Asamblea en la presentación que nos ocupa.

Dicho esto, en línea con lo que Grupo Siglo defiende desde siempre, debemos reiterar nuestras críticas a ciertos aspectos de lo presentado, porque a nuestro entender convalidan perjuicios contenidos en la ley 15008.

  • El principal daño para los jubilados y pensionados es la resignación a aceptar el Aporte del Beneficiario (que es claramente inconstitucional) dándole así legitimidad a un descuento injusto y antinatural para un sistema previsional. Cabe señalar que ya en oportunidad de discutirse la anterior ley 13873 modificatoria de la 13364 suspendida, nuestra entidad solicitaba sacar ese aporte, pero lamentablemente las otras entidades de jubilados lo sostuvieron sin apoyarnos. Si la existencia de este aporte es reducir de hecho la tasa de sustitución a fin de gravar menos el sistema, la reivindicación del 82% es un engaño, y no hace otra cosa que conformar un haber bruto ficticio, que perjudica a los beneficiarios por ser la base de cálculo para otros descuentos. Por tal razón, nuestra entidad propone eliminar el aporte del beneficiario y que la tasa de sustitución sea 70% (igual que el IPS) para los nuevos jubilados, lo que resultaría neutro para ellos y beneficiaría a los actuales jubilados, al quitarles una significativa carga que disminuye sus ingresos, cuando todos sabemos que el haber bruto de nuestras prestaciones no supera el 55% de los sueldos de activos con igual categoría. No indica taxativamente que se oponga al incremento del Aporte del Beneficiario para los pasivos acordado por la Bancaria y al mantener lo que dice al respecto la 15008, tranquilamente el directorio de la Caja lo puede elevar al 12%.
  • Respecto de actualizar las prestaciones por las paritarias bancarias, reiteramos que el artículo correspondiente en su redacción debería respetar la que tenía el Art. 57 e la ley 13364/13873 para que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos.

Esto siempre lo reclamamos, así como que, concordantemente, los aportes y contribuciones se efectúen sobre todos los ingresos de los activos (como es el “aporte solidario” a la Asociación Bancaria), no solo para disminuir el déficit de la Caja sino también para mejorar los ingresos de los Servicios Sociales, principalmente para nuestra Mutual. Lamentablemente esto nunca fue apoyado o requerido por los miembros de la UJ y AP cuando estuvieron en el Directorio de la Caja, ni tampoco solicitado por aquellos que forman parte de la conducción de AMEBPBA.

A diferencia de la decepcionante claudicación del sector gremial, lo propuesto por la AP contempla como expresión de deseos la actualización de los haberes de los beneficiarios desde el 1° de enero del 2018, si bien no surge que pretendan la recuperación retroactiva de los montos perdidos desde esa fecha, como algunas versiones dejaban trascender.  Por otra parte el informe del representante de la Provincia (Asesor General) desecha totalmente ese eventual ajuste.

  • Igual que lo propuesto por el gremio bancario y las CGI, aceptan cambiar la determinación del haber inicial jubilatorio según la categoría alcanzada por el promedio de remuneraciones de los 120 meses anteriores al cese, reduciéndolo en forma similar a lo establecido por la 15008.
  • Con relación al tema de la edad de la mujer para jubilarse, el régimen nacional por ahora tiene los 60 años, de modo que es evidente que no se puede imponer algo peor, lo que no presentaría dudas a la Justicia.
  • Aparece como un privilegio de dudosa conveniencia para el sistema el recalculo incremental de haberes para los jubilados que realicen trabajos posteriores a su retiro, pues no queda claro si la Caja recibiría aportes adicionales y, en caso que así fuera, si compensarían la carga de una mayor prestación para ese beneficiario. Pareciera un privilegio destinado a quienes cumplan funciones en los gobiernos de turno o en actividades afines a la política.

No nos oponemos a que puedan volver a trabajar quienes así lo deseen y tengan la oportunidad de hacerlo, pero es natural que quienes decidan ejercer una nueva actividad lo harán porque económicamente les conviene frente a la suspensión de su jubilación.

En definitiva, como sostuvimos desde el principio, la solución era política y el tiempo nos dio la razón, confirmando que la realidad es la única verdad. Lamentablemente, todo el lapso transcurrido desde la vigencia de la ley 15008 y las decisiones administrativas de la Caja y el gobierno provincial sobre el ajuste de las prestaciones nos ha provocado la considerable pérdida del poder adquisitivo que todos padecemos, además del achatamiento de la escala salarial.

Nos preguntamos si en vez de clausurar la lucha contra la 15008 iniciando presentaciones ante la Corte Provincial, se hubiera explorado con convicción, voluntad y transparencia una lucha para convencer a la Legislatura provincial, donde había mayoría del actual oficialismo, en vez de la inocua recurrencia a los consejos deliberantes municipales. Posiblemente los tiempos se habrían acortado en cuanto a modificar esa ley, cosa que ahora todavía sigue en la nebulosa.

Valoramos que en el informe de la AP ante la Corte Provincial se haga lugar a la participación de otras asociaciones de jubilados para discutir una eventual modificación del régimen vigente. Por parte de Grupo Siglo deseamos poder contribuir con las propuestas que tenemos para mejorar el sistema previsional, y participar del debate que se pueda generar en un ámbito adecuado, con transparencia e información para todos los afiliados. Por tal razón este comunicado lo hacemos llegar a dicha entidad.

Teniendo en cuenta la sólida fundamentación de las demandas por inconstitucionalidad sería preferible que la Corte Provincial se expidiera con un fallo, cumpliendo su función institucional. Pero no siendo solicitado expresamente y con los antecedentes de los informes presentados por las partes demandantes, la mayor probabilidad es que eso no ocurra y se dilate todo a la espera de una solución política.

En realidad, como expresáramos al conocerse la conformación de la mesa de diálogo, al aceptar las partes actoras participar en la misma rebelaron su decisión de conceder en todo o en parte los derechos que reclamaban, en el marco de una negociación política. A partir de allí, solo quedaba la esperanza de que las entidades y el gremio cedieran lo menos posible defendiendo los intereses de los afiliados; o bien, frustrados, directamente se apartaran de la negociación y continuaran con su demanda original por inconstitucionalidad. Los resultados que observamos son que la Asociación Bancaria se rindió mimetizándose con el gobierno provincial, y la Asamblea Permanente lo ha hecho en ciertos aspectos.

En consecuencia, permanecemos en la incertidumbre respecto a si los perjuicios generados por la ley 15008 y los decretos del P.E.N. serán removidos o agravados.

Saludamos a los PADRES

La Comisión Directiva de nuestra entidad les desea un

¡¡¡  FELIZ DÍA DEL PADRE  ¡¡¡

a todos lo jubilados o pensionados del Bapro que brindan su amor y velan por el bienestar y el futuro para los hijos que han procreado o que cumplen igual función por razones afectivas, siendo padres del corazón para hijos adoptivos, sobrinos, nietos, etc.

Hacemos extensivo nuestro deseo a los padres y parejas de nuestras asociadas, y especialmente a éstas, cuando las circunstancias les han asignado el doble rol de padre y madre.

También, reiteramos el homenaje para aquellos padres que ya no están con nosotros físicamente, pero con su recuerdo y legado nos siguen acompañando y guiando en nuestro camino.

Rendición de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas

Las comisiones gremiales del Banco emitieron el día 07/06/21 un comunicado que en buena parte confirma un audio sin identificación que circuló profusamente y tendría origen gremial. Se trata de la presentación que se haría ante la Corte de un informe resultante de la Mesa de Diálogo rubricado por la Asociación Bancaria con aval de las comisiones gremiales, habiendo acordado con el Banco y la Provincia condiciones para una nueva norma. Las premisas de esta eventual modificación perjudican claramente a los jubilados y pensionados.

Del audio y el contenido del comunicado surge que la RENDICION del sector gremial es total, al defeccionar de los reclamos de su propia demanda, apoyada con movilizaciones masivas a la ciudad de La Plata en las que participó nuestra entidad, porque los afiliados del Banco confiaban en que el gremio defendería sus derechos conculcados. Ahora, como si fuera un logro, confiesan que la Asociación Bancaria (una de las partes demandantes por inconstitucionalidad de la ley 15008) debió hacer el “esfuerzo” de aceptar la propuesta del Gobierno (la parte demandada) cuando habían repetido hasta el cansancio la consigna “ACÁ NO SE RINDE NADIE”. La sumisión a las autoridades provinciales por parte del Gremio es más grave cuando estaba claro que los argumentos sosteniendo la inconstitucionalidad de la ley contenidos en las demandas de la misma Asociación Bancaria, de la Unión Jubilados y la Asamblea Permanente (además de otras efectuadas por particulares), tenían suficiente sustento jurídico como para que la Corte (¿por razones políticas?) dilatara su fallo eludiendo su responsabilidad institucional, a la espera de que los demandantes cedieran en su posición, lo que ocurre para el caso gremial.

Era previsible que, al aceptar participar en el ámbito de negociación ideado por la Corte, hubiera que ceder en algo de lo reclamado, pero es inadmisible y humillante que sea tanto. De esta manera la demanda por inconstitucionalidad queda desvirtuada y solo resultó funcional para que transcurriera un tiempo valioso, durante el cual nuestros haberes se devaluaron considerablemente mes a mes.

Lo acordado es lamentable:

  • El Banco seguiría comprometido en su patrimonio al tener que solventar el 50% del déficit.
  • La Provincia no se haría cargo del 100% como correspondería, contando con eventual ayuda de la Nación.
  • Por la elevación del Aporte del Beneficiario a los jubilados y pensionados al 12%.
  • Dado que ninguno de los jubilados actuales tendría un haber que supere el 55% de lo cobrado por un activo con igual categoría, al incrementarse el Aporte del Beneficiario, los descuentos mensuales llegarían o superarían en algunos casos el 20%, teniendo en cuenta que es muy probable que el aporte extraordinario a la Mutual sea renovado una vez más.
  • Las prestaciones se ajustarían por la paritaria bancaria, pero sería solo a partir de la vigencia de la nueva ley. Es decir, lo acordado no contempla retroactivo alguno desde Enero 2018 ni ajuste de haberes, de modo que consiente y acepta el enorme despojo que hemos sufrido en nuestras prestaciones previsionales a causa de la ley 15008 y el efecto devastador que tuvieron durante 2020 los arbitrarios aumentos por decreto del Gobierno Nacional, que produjeron un severo ajuste a los ingresos de la clase pasiva con. Llamativamente, este factor tan importante para el daño que sufrimos nunca es mencionado por los sectores gremiales y algunas entidades.
  • En el audio el acuerdo se pretende justificar por los logros del mencionado ajuste por paritarias (a aplicarse a partir de haberes muy devaluados) y porque las mujeres podrían jubilarse con 60 años, cuando así lo indica el régimen nacional.
  • Incrementa el aporte de los empleados activos en 2%, aunque no debe perderse de vista que este descuento no alcanza a la totalidad de sus ingresos; ya que, perjudicando a la Caja, a AMEBPBA y al resto de los Servicios Sociales, los acuerdos paritarios contemplan cifras “no remunerativas” (Participación en las ganancias del sistema financiero, Día del Bancario, Aniversario del Banco, Bonificación de Fin de Año y reajustes de haberes sin aportes) que siempre fueron negados en su aplicación por parte de la Caja a sus beneficiarios. Mientras tanto, los jubilados y pensionados aportamos sobre el total de nuestros ingresos.
  • Se incorporarían al gobierno de la Caja un representante por los activos y otro por los jubilados, pero no se dice nada respecto a qué otros miembros tendría el directorio, aunque suponemos que difícilmente llegarían los afiliados a equilibrar la relación de fuerzas con los integrantes de la Provincia y el Banco.
  • Otro aspecto sobre el que no habría cambios para ser mejorado sería el del cálculo del haber inicial sin respetar la categoría alcanzada por el activo al final de su carrera, manteniéndose en tal caso los 120 haberes anteriores al cese.
  • Resulta altamente preocupante que, según el comunicado, el eventual texto de la ley que debería tratar la Legislatura provincial sería discutido por la Asociación Bancaria en representación de todos los beneficiarios. Es decir, los jubilados y pensionados que dependen de los ingresos de carácter alimentario provenientes de la Caja, serían excluidos de las tratativas donde se decida su destino, negándoseles la posibilidad de ser escuchadas sus opiniones y propuestas.

En resumen, con este acuerdo la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas intentan aliviar las consecuencias económicas que para la Provincia tendría la determinación de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 15008 cuestionados en las demandas ante la Corte. Para ello reniegan de su propio reclamo judicial, y se someten a las necesidades políticas de la Provincia y el Banco. Los párrafos finales de su comunicado rebelan claramente que, tergiversando su razón de ser, parecen haberse transformado en una corporación cuya prioridad es el acompañamiento partidario del proyecto político del actual oficialismo nacional y provincial. Lo hacen destacando estar en unidad con el mismo gobernador que en campaña electoral prometió derogar la ley 15008 pero estando en el poder la consolidó y defendió en sede judicial. “La extrema situación descripta en que se desenvuelve el conflicto” es la excusa para aceptar un daño que será permanente para los afiliados, especialmente a los jubilados y pensionados.

En cuanto a lo expresado previamente al comunicado en análisis por parte de esa Comisión de Defensa, (donde se excluyeron la AP y UJ) puede entenderse que entidades de los servicios sociales ligadas a las CGI coincidan con lo manifestado, pero llama la atención la participación del Círculo de Jubilados y la de una agrupación de jubilados cuya modalidad es comunicase a través de las redes sociales. Si antes o ahora fueron engañados, sería conveniente que aclaren si coinciden o no con el acuerdo hecho por la Asociación Bancaria. Por nuestra parte, confirmamos que no nos equivocábamos al poner en duda que la Comisión de Defensa de la Caja defendiera los derechos e ingresos de jubilados y pensionados, y menos subordinándose al sector gremial.

Ahora resulta imprescindible que se conozca oficialmente el texto completo del acuerdo (aparentemente suscripto por una sola parte actora) para hacer un análisis definitivo y profundo del mismo; y también los eventuales informes que habrían presentado o presentarán a la Corte las otras partes actoras en sus demandas por inconstitucionalidad, para conocer si sus posiciones coinciden con lo propuesto por la Asociación Bancaria o bien persistirán con sus propios reclamos defendiendo los derechos genuinos que los afiliados tenemos.

Próximamente nos referiremos a los informes que debían presentar los otros demandantes, uno de los cuales ya se conoce y el otro esperemos que pronto se difunda.

Grupo Siglo rechaza categóricamente lo acordado por la Asociación Bancaria en lo que afecta a los jubilados y pensionados del Bapro, ya que no solo no eliminan el injusto e inconstitucional Aporte del Beneficiario sino que lo incrementan, para favorecer al Gobierno provincial y al Banco.