Aunque la verdad duela no es posible ocultarla

Un forzado esfuerzo para justificar la rendición

Para desvirtuar el fundamentado comunicado que Grupo Siglo publicó el 28/7/21, confirmando con cifras los conceptos del emitido el día 13 del mismo mes sobre el despojo a nuestros haberes previsionales, una agrupación de jubilados difundió un comunicado confuso y con contradicciones, conteniendo tergiversaciones y el intento de ocultar lo que objetivamente significa el proyecto de ley presentado por el gobernador Kicillof a la Legislatura.

No es posible justificar la defección (rendición) de la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas respecto de la defensa de los derechos e ingresos de los jubilados y pensionados del Banco. Lo que proponen para el futuro de los beneficiarios de la Caja es por demás perjudicial, y aunque se trate de ocultar esa realidad descalificando lo que informamos como “versiones capciosas y alarmistas”, los fundamentos de nuestro comunicado son sólidos, verificables, derivados de la verdad de las cifras.

El mensaje de nuestra entidad apuntó específicamente al impacto que producirá la eventual nueva ley en los jubilados y pensionados, de modo que desmerecerlo mencionando otras modificaciones como la edad de las mujeres, la composición del directorio o la tasa de sustitución para las pensiones, es una argumentación inconducente, porque no nos referimos a esos aspectos del proyecto. Sin duda reafirmamos que retornar al 82% para el cálculo del haber inicial será una farsa mientras subsista el Aporte del Beneficiario, que para colmo ahora será elevado para siempre al 12%.

Este tema es muy importante porque afectará el futuro de todos los beneficiarios de la Caja. Por eso todos debemos dejar de lado nuestras simpatías políticas partidarias y analizar objetiva y técnicamente a qué situación se pretende llevarnos. Cada afiliado puede comprobar que lo que reiteraremos ahora son verdades irrefutables y ponen al descubierto a quienes se rindieron perjudicándonos:

  • El objetivo de las demandas de la Asociación Bancaria, la Unión Jubilados y la Asamblea Permanente era declarar inconstitucional la ley 15008. Tal objetivo se ha dejado de lado, ya que es claro que la mesa de diálogo fue funcional a que la Corte no se expidiera y, al menos hasta el momento, las partes actoras no han insistido en el expediente judicial para que eso ocurra.
  • La Asamblea Permanente presentó un anteproyecto a la Corte en que incluye el reajuste o retroactividad de haberes desde Enero 2018. No creemos que el destacado profesional que patrocinó a esa entidad esté errado al pedir que una ley repare el daño que ocasionó otra. Pareciera que cuestionando ese criterio ahora se intenta consolidar el perjuicio que ocasionaron las fuerzas políticas oficialistas y de la oposición, en definitiva logrando ahorrarle a la Provincia reparar la deuda devengada desde la vulneración de nuestros derechos.
  • Pero mientras niegan la posibilidad de reparar ese daño a todos los que estaban jubilados o pensionados al 15/01/2018, al menos restaurando sus haberes desde esa fecha, por otro lado se contradicen en su afirmación de que las leyes no pueden ser retroactivas, pues apoyan lo presentado a la Legislatura en cuanto establece una retroactividad para aquellos que se jubilaron a partir del 16/01/2018. ¿En el primer caso no se puede reparar retroactivamente el perjuicio ocasionado y en el segundo si? Todo muy conveniente para la Provincia, ya que comparativamente son pocos los jubilados por la ley 15008 y el monto involucrado no tiene relación con lo abultado de la sustracción a más de 15.000 jubilados o pensionados anteriores.
  • Afirman en su comunicado que por la acción de clase de la Asociación Bancaria todos los afiliados estaríamos amparados si se declara la inconstitucionalidad de la ley. Pues bien, siendo así: ¿por qué la misma entidad de jubilados promueve con singular entusiasmo que los beneficiarios de la Caja acudan a determinados estudios de profesionales para reclamar judicialmente, con los costos administrativos y en honorarios que eso implica?
  • Por cierto que el proyecto de la Gobernación no es perfecto. Perfeccionarlo sería reponer la ley 13364/13873, simplemente bregando por un fallo o un proyecto de la Legislatura que la repusiera, dejando de lado totalmente las modificaciones que estableció la ley 15008.
  • Nuestra entidad se opuso a la ley 15008 desde el primer momento. Participamos, entre otras, en las movilizaciones a la Legislatura y a la Corte, costeando ómnibus para trasladar a todos los compañeros que quisieran desde CABA. Conocemos el proceso y la responsabilidad que le cupo a la gobernadora Vidal y los lamentables argumentos que, faltando a la verdad, usó para justificar la iniciativa. Pero tampoco perdamos de vista que el desarrollo de la votación en Diputados demostró que hubo complicidad de la oposición de aquel momento (hoy oficialismo) porque contaban con 48 diputados frente a los restantes 44, facilitaron el quorum y se ausentaron convenientemente cuando podrían haber bloqueado el proyecto. Lamentablemente, la clase política (de cualquier color que sea) no quiere que sean reivindicados nuestros derechos, por eso aparece este proyecto y también la Gobernación actual ratificó fehacientemente la ley 15008 mediante el decreto provincial 261/20 y sus anexos, publicado el 21/04/2020.
  • Nadie acompañó el reclamo de nuestra entidad para cobrar el aumento por paritaria que desde el 01/01/2018 nos correspondía cuando todavía no estaba vigente la 15008. Posteriormente se produjo un perjuicio evidente en los ajustes de prestaciones desde esa fecha; por el sistema de actualización dispuesto por esa ley y por su suspensión en 2020, cuando ocurrieron los aumentos por decreto del PEN, empobreciendo a toda la clase pasiva con excepción de los regímenes especiales como es el nuestro, no reconocido por la Caja. ¿La cuantiosa pérdida que hemos sufrido en el haber no justifica la reparación del daño ocasionado?
  • El mayor perjuicio que tenemos los beneficiarios de la Caja es el Aporte del Beneficiario; y el proyecto no solo lo avala sino que quiere aumentarlo. Sufrimos este despojo en nuestros recibos mensuales de haberes, RES y SAC, de modo que nos pagamos a nosotros mismos una parte importante de los ingresos anuales.
  • Antes decían que si el Banco se hace cargo del déficit de la Caja desaparecía, pero ahora le seguirán cargando cada vez más contribución para cubrir ese déficit. Si se quiere cuidar al Banco y a su patrimonio, como lo establecía la ley 13364/13873 la Provincia debe hacerse cargo del total del déficit de la Caja, eventualmente asistida por el Estado nacional. Pero para aquellos que se rindieron esto iría en contra de su afinidad con las actuales autoridades. Evidentemente no hay voluntad alguna de reponer la ley anterior.

Teniendo en cuenta la iniciativa del sector gremial de presentar el lamentable proyecto de ley que nos ocupa y el intento de justificarlo forzadamente por parte de una agrupación de jubilados, sobre ambos nos preguntamos si están motivados por la auténtica defensa de los derechos de los beneficiarios de la Caja o bien por otros objetivos.