Retención impositiva de la Caja de Jubilaciones

Intentando aclarar las inquietudes que sobre el tema del título nos hacen llegar numerosos colegas, brindamos nuestras reflexiones sobre los perjuicios que en estos momentos afectan a los jubilados y pensionados, fundamentalmente por decisiones del Gobierno Nacional y la AFIP, a lo que hay que agregar el agravamiento de la situación que está produciendo la Caja, al dilatar la puesta en marcha de aspectos ya dispuestos que reducirían la retención mensual y posibilitarían que contemos con mayores ingresos de bolsillo.

Cabe destacar que las modificaciones sancionadas por el Congreso el 08/04/21, fueron demoradas por el PEN, habiéndolas promulgado según publicación en el Boletín Oficial el 21/04/21 y reglamentado parcialmente a mediados del mes de Mayo, pero delegando aspectos fundamentales de la reglamentación en la AFIP, que todavía no dio a conocer sus resoluciones al respecto.

Se dispuso que los reajustes por menor carga impositiva (desde enero), serían devueltos en cinco cuotas a partir de julio, lo cual evidentemente licúa los montos a recibir; de modo que sería conveniente que la AFIP reglamente a la brevedad los detalles de la ley, para que las devoluciones se inicien a principio de julio.

Por otra parte, la deducción especial para jubilados y pensionados, no solo se incrementó desde el 1° de Junio del corriente año por el aumento del 12,12% que dispuso la ANSES, sino también, por la modificación de Abril sobre este tributo, que pasó de 6 a 8 haberes mínimos.

Otro cambio dispuesto en la modificación de la ley es que el aguinaldo ha quedado exento para sueldos brutos menores a $ 150.000.- por lo que para esos casos la Caja ya no debería incluir la retención mensual proporcional que practica.

Estas modificaciones están firmes, no admiten discusión ni precisan aclaraciones adicionales de la AFIP; razón por la que no hay duda que debieran ser contempladas en la retención sobre los haberes de Mayo 2021; lo que no hizo la Caja.

Teniendo en cuenta la importancia de los cambios derivados de la nueva ley 27.617, entendemos que la Caja debería haber informado a sus beneficiarios cuál es su criterio sobre la implementación de todas las modificaciones, incluyendo cuándo nos devolverá los montos retenidos de más.

Habiendo transcurrido casi un año y medio de gestión por parte de la nueva administración provincial, a nadie le pueden quedar dudas respecto a que por conveniencia presupuestaria, sus decisiones sobre nuestro régimen previsional no parecen tener prejuicios en cuanto a perjudicar a los jubilados y pensionados de la Caja.

El Gobierno provincial no solo carece de toda iniciativa tendiente a la derogación de la ley 15008 y además hace todo lo posible por dilatar un eventual fallo de la Corte para establecer la inconstitucionalidad de la norma, sino que tampoco consideró al nuestro como régimen especial (básicamente por los significativos aportes que se hacen al sistema) y permitió que los incrementos de haberes se reduzcan por aplicación del severo ajuste hecho por el Gobierno Nacional a los jubilados del régimen general.

Esto, junto a la alta inflación está provocando enormes pérdidas en nuestro poder adquisitivo, y deteriora en muchos casos el nivel de vida de los colegas, afectados por desproporcionados aumentos en los precios de los medicamentos, que por otra parte no pueden ser descontados del tributo a las ganancias aun siendo imprescindibles para mantener su vida y así generar ingresos que injustamente tributan al Estado.

Postergamos el sorteo programado para el 29/05/21

Comunicamos a nuestros socios que nos vemos obligados a postergar el sorteo de órdenes de compra que habíamos programado para el próximo sábado 29/05 según los resultados de la Quiniela Nocturna de ese día.

El motivo es que, por las disposiciones gubernamentales de público conocimiento por la pandemia del Covid 19, la Lotería de la Ciudad ha suspendido todos sus sorteos hasta el 30/05/21 inclusive.

En consecuencia, postergamos el sorteo en cuestión hasta contar con resultados de la Quiniela Nocturna del próximo primer sábado en que la Lotería de la Ciudad reanude sus funciones.Les saludamos cordialmente.

Finaliza la Mesa de Diálogo

Lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, mediante la resolución del 19 de mayo que adjuntamos, rechazó la pretensión de la Asesoría General de Gobierno, y dispuso poner fin a la Mesa de Diálogo, intimando a las partes a brindar dentro de los 15 días de notificados un informe sobre las conversaciones llevadas a cabo.

De los fundamentos de la resolución surge que ante la nueva solicitud de prórroga del plazo se dio vista a las partes. La Asamblea Permanente de Jubilados opinó rechazando la petición y acompañó un anteproyecto de nueva ley consensuado con la Unión Jubilados. Por su parte, la Asociación Bancaria aceptó la prórroga y también lo hizo la Fiscalía de Estado. Cabe destacar que el gremio no informó a los afiliados acerca de su posición adoptada en este asunto. Tampoco surge que representantes de la Legislatura Provincial hayan participado.

Evidentemente, el pedido de prórroga por parte de la Provincia ha de haber surgido porque no estaba de acuerdo en financiar, como corresponde, el déficit anual y mensual de nuestra Caja de Jubilaciones.

Ante este nuevo escenario, será interesante conocer el informe que obligatoriamente deberán elevar a la Corte los participantes en la Mesa de Diálogo sobre los resultados de tan extendidas conversaciones. Las diferentes posiciones ante el pedido de prórroga mencionado permiten deducir que existe divergencia en uno o más aspectos de una eventual nueva norma; pero resulta muy importante que los actores nos informen si todas las partes consensuaron artículos que integrarían el contenido de la nueva ley sobre las premisas en que hubo acuerdos; y, sobre todo, qué coincidencia tienen con artículos del anteproyecto presentado por las dos entidades de jubilados.

Ese anteproyecto, consensuado o no entre todas las partes demandantes y demandadas ha sido presentado en el expediente judicial, sin que previamente los afiliados activos y pasivos hayamos tenido la oportunidad de debatir y opinar. Como anticipamos en nuestro comunicado del 21/05/21, nuestra entidad tiene importantes objeciones sobre lo propuesto, pues contiene puntos muy perjudiciales para los beneficiarios actuales y futuros de la Caja, según exponemos a continuación;

  • Es muy grave que se acepte entre los ingresos de la Caja el absurdo APORTE DEL BENEFICIARIO, cuando el mismo fue cuestionado por inconstitucional en la demanda de la Asociación Bancaria. Esto no hace más que convalidar y reforzar las posiciones de los demandados referidas a ese tema en el proceso, y por lo tanto brinda un nuevo antecedente a la Corte para que esta no lo declare inconstitucional.
  • Otro perjuicio surge cuando se admite perder la determinación del haber inicial sobre la base de la categoría, aceptando lo que indica la ley 15008 en cuanto a tomar el promedio de remuneraciones de los 120 meses previos a la jubilación.
  • En cuanto a los recursos para financiar el sistema, si bien todos coincidimos en la irracionalidad del Art. 11 inc. j) de la 15008 porque directamente pone en peligro la supervivencia del Banco, consideramos que no tiene sentido suprimir también el inc. k) del mismo artículo, que es la continuidad del Art. 21 inc. b) de la ley 13364/13873 y compromete al Banco con parte de sus utilidades para el sostenimiento del sistema, siendo que la Institución ha sido responsable de la gestión de la Caja a lo largo de su historia.
  • Relacionado a lo anterior, no tiene lógica alguna que para el gobierno de la Caja el anteproyecto en cuestión proponga para el Directorio a dos representantes del Banco (un vocal y un suplente) cuando por otra parte lo exime de responsabilidad en el financiamiento. Además, se le niega la posibilidad de mayoría a los afiliados.
  • En cuanto a la tasa de sustitución, reiteramos lo expresado en nuestro comunicado anterior respecto a que si se propone pedir el 82% y luego descontar hasta un 12% como aporte del jubilado y pensionado, por qué directamente no se pide el 70% (como tiene el régimen previsional del IPS) y se deroga el injusto e inconstitucional (según presentaciones ante la Corte) Aporte del Beneficiario. Así se beneficiaría a los actuales jubilados sin perjudicar a los activos con mayores aportes por generar el riesgo de que los legisladores los aumenten (p. ej. al 16% o más, como aportamos toda la vida la mayoría de los actuales jubilados). Dado que el IPS tiene esa ecuación (70% de tasa de sustitución pero sin aporte del beneficiario) sería más factible su aceptación.
  • También reiteramos que el artículo sobre actualización de las prestaciones en su redacción debe respetar la que tenía el Art. 57 e la ley 13364/13873 para que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos.

Resulta incierto lo que pueda decidir la Corte, pero si su resolución final derivara a la formulación de  un nuevo régimen legal para la Caja, resultará imprescindible que todos los afiliados participemos haciendo llegar opiniones, de manera que no resultemos perjudicados en nuestros derechos e ingresos. Si no lo hacemos, otros decidirán sin tenernos en cuenta.

No ha lugar _ Asoc.Banc. Inconst.15008

Modificación de la ley 15008

Ha transcendido un texto conteniendo un proyecto de modificación de la ley 15008 que habría sido elaborado por la Asamblea Permanente y la Unión Jubilados, entidades que presentaron demandas ante la Corte por la inconstitucionalidad de dicha ley. No surge que el contenido sea compartido por la otra demandante, la Asociación Bancaria, ni que se haya consensuado con otras entidades representativas de los afiliados, destacando por parte de Grupo Siglo que no se nos ha contactado para recabar nuestra opinión sobre este asunto tan importante, que nos incumbe a todos. Por otra parte, la presentación no da precisiones respecto a los puntos de consenso alcanzado con los representantes estatales con los cuales se reúnen en la mesa de diálogo, que reiteradamente promueven dilaciones.

En cuanto a la última pretensión de demorar, la Corte acaba de decidir no hacer lugar  y requerir con un plazo de 15 días un informe sobre los resultados de las tratativas llevadas a cabo entre demandantes y demandados. Esto abre un nuevo escenario, sobre el que nos referiremos próximamente.

Aunque tenemos algunas dudas respecto de la autenticidad del documento, que puede tratarse de una expresión de deseos o un globo de ensayo para explorar reacciones, nuestra entidad siente el deber de brindar sus consideraciones para que todos los jubilados y pensionados estén debidamente informados y participen con sus propias opiniones.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que cualquier modificación pase de anteproyecto a proyecto debe ser presentado en la Legislatura Provincial, y para asegurar su viabilidad política debería contar con el aval de la Gobernación de la Provincia, que por lo visto hasta ahora solo se ocupa de dilatar lo más que pueda la resolución de la Corte Provincial.

A nuestro entender, si bien varias premisas de este proyecto reivindican para los jubilados y pensionados derechos adquiridos, otras tienden a consolidar perjuicios históricos, como es seguir avalando el APORTE DEL BENEFICIARIO EN TODAS SUS FORMAS, condenando a los beneficiarios de la Caja seguir aportando por el resto de su vida para colaborar en el pago de sus prestaciones. Lamentablemente, las entidades que presentan esta modificación persisten en este criterio como también lo hicieron antes, dejando de lado la lisa derogación que a coro se pedía. De esta forma solo logran beneficiar en primer lugar a la Provincia y luego al Banco.

Si se propone pedir el 82% y luego descontar hasta un 12% como aporte del jubilado y pensionado, por qué directamente no se pide el 70% (como tiene el régimen previsional del IPS) y se deroga el injusto e inconstitucional (según presentaciones ante la Corte) aporte. Así se beneficiaría a los actuales jubilados sin perjudicar a los activos con mayores aportes. Dado que el IPS tiene ese sistema (70% de tasa de sustitución sin aporte del beneficiario) sería más factible su aceptación.

Por otra parte, en cuanto a la actualización de las prestaciones, se omite en la redacción del artículo que la variación de los haberes sea por el total de las remuneraciones de los activos, como sin eufemismos lo decía claramente la 13364 modificada. La introducción de los términos “normales y habituales” permitirá interpretaciones legales tendientes a no incorporar las remuneraciones de los activos de habitualidad anual y mensual, frecuentemente identificadas ilegalmente como “no remunerativas”, cuya existencia la nueva norma debería prohibir en el sistema previsional del Bapro, a fin de que se hagan aportes y contribuciones por esos conceptos. Nuestra entidad siempre bregó por el cumplimiento de ese aspecto de la ley, pero ello nunca se respetó ni lo hicieron respetar aquellos que estuvieron como directores en representación de los afiliados. Destacamos que la Corte Provincial ha dictaminado que las prestaciones deben ser actualizadas por el TOTAL DE REMUNERACIONES, y la Caja recientemente ha ordenado ajustar cientos de ellas y pagar reajustes.

Respecto de la actualización que se pide desde enero 2018 no queda claro que se solicite y obligue a la Caja no solo que calculen los haberes previsionales desde esa fecha según el incremento a los activos (debería ser por el total de remuneraciones) sino que también se abonen los reajustes correspondientes. Además, sería ético y justo que se haga una nueva categorización de todos los beneficiarios, a fin de evitar diferencias de haberes entre quienes ostentaron la misma categoría trabajando para el mismo empleador, pero se retiraron en distintas épocas.

Otro punto importante es el financiamiento por parte de la Provincia de los déficit mensuales y anuales de la Caja, pero resulta inadmisible desligar al Banco de atender mensualmente y con cargo a la Provincia de brindar los montos necesarios para pagar en tiempo y forma las prestaciones, que con todo derecho nos hemos ganado aportando hasta más del doble que cualquier otro sistema previsional (sin ir más lejos el del IPS). Los antecedentes nos dicen que si el Banco no transfiere a la Caja el dinero faltante, ésta no puede pagar.

En la medida que se conozcan públicamente nuevos hechos seguiremos informando. Conviene que estemos atentos a este proceso de modificación de la ley, cuya consecuencia es permitir que la Corte eluda su función de expedirse sobre la inconstitucionalidad de la 15008.

Dos importantes motivos de preocupación

LA CAJA DE JUBILACIONES Y SU RÉGIMEN LEGAL

No hay información concreta sobre qué puntos se están discutiendo y quiénes están participando en la comisión conformada en la audiencia promovida por la Corte Suprema, generando una negociación por la inconstitucionalidad de artículos de la ley 15008, lo que resultaría en un nuevo régimen legal para nuestro sistema previsional. Si sabemos que las tratativas continúan dilatándose, de acuerdo a la nota que ha trascendido remitida por el Asesor General de Gobierno a la Corte.

Nos parece oportuno volver a plantear que nuestra entidad y muchos miles de colegas entendemos que lo que habría que defender sin claudicar sería que no sigamos haciendo el APORTE DEL BENEFICIARIO en todas sus formas; que la actualización de las prestaciones se efectúe por la variación en las remuneraciones totales de los activos (incluido lo blanco, lo gris y lo negro; es decir el TOTAL DE REMUNERACIONES), que haya en todos los órdenes representación proporcional de jubilados y pensionados, que la Provincia garantice con sus fondos el déficit de la Caja, incluyendo las partidas presupuestarias, y que los aportes y contribuciones se hagan por el TOTAL DE LAS REMUNERACIONES, garantizando a los nuevos y viejos jubilados que su haber tendrá relación a ello, por lo menos en un 70%.

Asimismo, debe respetarse el principio de igualdad de prestación previsional para quienes ejercieron la misma categoría siendo activos, cualquiera sea la época en que se retiraron; y la Caja debería adecuar los haberes de los jubilados y pensionados sin necesidad de juicios. Además, es inaceptable el achatamiento forzoso de la escala de haberes que se produjo en la Caja por aplicación de los decretos arbitrarios de ajuste a los jubilados decidido por el Poder Ejecutivo Nacional después de idear la nefasta ley 27541 de “Solidaridad”.

Mantengámonos atentos al devenir para evitar sorpresas que nos vuelvan a perjudicar, y pidamos información y transparencia de aquellos que por si están representando a todos los colegas.


ASOCIACIÓN MUTUALISTA

También sin información concreta de la actual situación y cómo se habrían resuelto los reclamos del personal de la misma, teniendo en cuenta las medidas de fuerza que afectaron a los afiliados y que cada vez son menos los servicios a los que podemos acceder.

Advertimos muchas limitaciones en la atención y prácticas del servicio de salud, ya que si bien se cuenta con una abultada plantilla de personal (ya no sabemos a qué cantidad ha llegado) su operatividad está regida y amparada por el gremio bancario, razón por la que la Mutual no podría contar con buena parte de ellos, tanto en su administración como en la clínica, siendo limitada su presencialidad, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos de salud en las circunstancias actuales de emergencia sanitaria.

Mientras tanto seguimos cargando con el aporte extraordinario, que suponemos principalmente destinado a solventar los gastos de personal. Sin consulta previa, es probable que después de junio 2021 persista el aporte extraordinario discriminativo e ilegal, que seguimos rechazando. Reiteramos que se trata de un régimen solidario, en el que los activos deberían aportar a la Mutual sobre el TOTAL DE LAS REMUNERACIONES, tal como lo hacen a la Asociación Bancaria.

Es conveniente que los jubilados reclamemos y hagamos conocer nuestras opiniones por todos los medios posibles, aún con las limitaciones impuestas por la pandemia. Por su parte, nuestra entidad está haciendo gestiones para conocer más información sobre estos temas.

La Corte dio la razón a los reclamos promovidos por nuestra entidad

La Caja está incrementando los haberes de afiliados que reclamaron por la ilegal falta de inclusión en ellos de las sumas no remunerativas, y deberá pagar considerables reajustes para cumplir con la ley.

Nuestra Asociación Civil con personería legal siempre reclamó (lamentablemente en soledad) por esa violación y promovió las presentaciones administrativas, que luego los beneficiarios en forma individual llevaron a la Justicia, la que y mediante decisión de su máximo tribunal provincial ha fallado a su favor.

Los numerosos jubilados que iniciaron hace más de 10 años causas contra la Caja hoy se ven reconocidos (aunque tardíamente) en forma definitiva. Hay que estar atentos y expectantes a que se conozcan nuevas decisiones favorables al respecto y a que la Caja cumpla con lo dispuesto, aunque ya tenemos ejemplos que lo estaría haciendo.

Este reclamo ahora reconocido legalmente, nunca fue acompañado por las gremiales y otras entidades de jubilados, y significa que tanto el Banco como la Caja nunca cumplieron con la ley, lo que no solo perjudicó a los beneficiarios, sino –como lo hemos dicho reiteradamente- también a los servicios sociales.

Es de singular importancia que se reflexione sobre el cumplimiento de la ley y que el  Banco no haga pagos no remunerativos más, aun con el consentimiento gremial y la falta de reclamo de las entidades cuyos asociados resultan afectados.

El caso paradigmático es la Mutual. Si bien entendemos que sus problemas actuales y desde hace tiempo se generan principalmente por los gastos derivados de un plantel de personal que ha crecido desproporcionadamente y para peor con haberes que no corresponden a la actividad de sanidad que desarrollan, también han mermado los ingresos por retenciones a los activos y contribuciones del Banco sin incluir una parte muy importante de las remuneraciones de los empleados.

Lamentablemente se viene corroborando la falta de solidaridad de las gremiales, porque por un lado los trabajadores aportan sobre su total de remuneraciones (blancas, grises y negras) a la Bancaria pero no lo hacen a los servicios sociales y son cómplices de que el Banco tampoco lo haga. Cuántos millones de pesos, desde hace muchos años, no ingresaron a la Mutual (y a las otras entidades del personal) sin que sus directivos digan nada y por el contrario irresponsablemente hayan acordado sueldos ajenos a la actividad y hayan incrementado discrecional y desmesuradamente (sin concursos) su plantilla de empleados; los que, agravando la situación hoy afectan con medidas de fuerza la atención de los afiliados, especialmente a jubilados y pensionados.

Mientras tanto los jubilados y pensionados aportan sobre el total de sus remuneraciones, no solo el aporte mensual (que también incluye a los incrementos que por primer mes no cobran) sino que también el adicional de “emergencia y transitorio” que también se liquida de esa manera.

Esperamos que hacia el futuro no se vuelva a convalidar esta práctica de pagar ilegalmente remuneraciones sin aportes.  Nuestros asociados y los beneficiarios en general saben quiénes se han doblegado y traicionado sus intereses por acción u omisión. Deseamos que eso no ocurra nuevamente, ahora que dejando de lado un posible fallo favorable de la Corte por inconstitucionalidad de la ley 15008 se está negociando no sabemos qué.

Es hora de repensar la clínica AMEBPBA

Inviabilidad económica, ahogo financiero y conflictividad gremial

Por el agravamiento de la situación en que se encuentra la clínica AMEBPBA, nuestra entidad está recibiendo numerosos comentarios de sus socios respecto a dificultades para contar en ese centro sanitario con el servicio de salud que imperiosamente necesitan. Esto resulta ratificado en los comentarios que muchos afiliados están publicando en las redes sociales.

En anteriores oportunidades nos explayamos fijando nuestra posición sobre este problema, cuando la situación no era tan grave como ahora, en que la conflictividad gremial prácticamente ha paralizado los servicios. Invitamos a releer nuestros comunicados de fechas 19/08/20, 04/09/20 y 19/01/21 sobre este tema (publicados en nuestra página web http://gruposiglo.com.ar) ya que sus conceptos resultan por demás vigentes. Desgraciadamente acertamos al alertar sobre la situación económica y financiera (aún con escasos elementos disponibles pues nunca nos proporcionaron los datos que solicitamos) y las consecuencias del convenio laboral existente para la numerosa dotación de personal, factores que hacen que el problema sea estructural, de inviabilidad, no dependiendo de circunstancias coyunturales como es la pandemia por el COVID 19.

Hoy nos encontramos con lo siguiente:

  • Medidas de fuerza organizadas por los delegados de la CGI de la Mutual, que en estas horas provocan una suerte de paralización de la clínica y agravan las importantes limitaciones en el servicio de salud que ya sufríamos desde el inicio de la pandemia. Esta actitud extorsiva hasta cierto punto podría tolerarse en una situación de normalidad; pero en el marco de la pandemia por el Covid 19 (que esgrimieron como argumento para reclamos varios a las autoridades de AMEBPBA) y la crisis económica y financiera que desde hace tiempo viene afectando a la entidad, francamente la iniciativa no puede interpretarse de otra manera que no sea el desprecio a los afiliados al negarles sus servicios, demostrando negligencia al poner en juego la salud y, tal vez en algunos casos, la vida de quienes por ser personas de riesgo por edad y comorbilidades, necesitan ininterrumpidamente monitoreo médico.
  • Según la recopilación de las opiniones que recibimos directamente de colegas o bien los comentarios publicados en las redes sociales, pareciera ser que los afiliados más perjudicados son los que residen en la zona de influencia de la clínica, por la interrupción de la atención presencial al privilegiar los casos relacionados al Covid 19, la ausencia de empleados al amparo del convenio bancario y las medidas de fuerza mencionadas. Respecto a los afiliados ubicados en el interior de la Provincia o en algunos partidos del Gran Buenos Aires, las opiniones son variadas entre quienes se quejan por ausencia de atención o quienes están conformes por poder recurrir a establecimientos o instituciones con convenio con AMEBPBA, que están brindando el servicio de salud con la nueva normalidad derivada de los protocolos por la pandemia. Es tal la decadencia en la que caímos que algunos afiliados se sienten agradecidos porque han recibido en sus domicilios los medicamentos que necesitan, cuando en realidad es un servicio que naturalmente debe proveer AMEBPBA ante tantas restricciones a la movilidad y obstáculos para acceder a las farmacias de la calle Bolívar o la de la clínica.
  • Han aparecido comunicados controvertidos entre sí generados por la Comisión Directiva y la Comisión Gremial Interna, esta última estrechamente ligada a la Asociación Bancaria. Contienen mutuas acusaciones y asignación de responsabilidades, cuestionándose el rol de la misteriosa empresa gerenciadora contratada.
  • Circulan versiones respecto a enfrentamientos en el seno de la Comisión Directiva, lo que parece ser una consecuencia natural ante eventuales diferencias de objetivos y/o medidas a implementar, teniendo en cuenta que en ese cuerpo hay integrantes de otras entidades de jubilados y de las comisiones gremiales internas del Interior, las que históricamente funcionan como extensiones de la Asociación Bancaria en el Banco y en las entidades del personal, defendiendo a capa y espada los intereses del sindicato (léase aportes sindicales).
  • Se dice que reclaman por no haber recibido pagos no remunerativos que perciben los empleados de las entidades financieras. Cabe recordar que esos pagos nunca fueron reconocidos para los haberes jubilatorios de los beneficiarios de la Caja, de modo que por ellos AMEBPBA no recibe aportes de los trabajadores activos ni de los pasivos del Banco. Es decir que los jubilados y pensionados que representamos más del 60% de los aportantes a la Mutual, deberíamos pagar a quienes cumplen funciones de índole sanitaria sueldos de trabajadores bancarios, cuando a nosotros, siendo trabajadores bancarios retirados, nos han quitado el derecho de ser ajustados nuestros haberes según la paritaria del gremio, además de no haber percibido nunca lo correspondiente a los pagos no remunerativos que hace el Banco a sus empleados. Un absurdo por donde se lo mire.
  • Cabe preguntarse cuál es el convenio colectivo que abarca a los trabajadores del Policlínico Bancario, cuya parte empleadora es la Asociación Bancaria. ¿No estarán regidos por el convenio de la Sanidad?
  • El convenio laboral vigente implica que el personal que realiza tareas propias del gremio de la Sanidad percibe haberes como si fueran empleados bancarios. Circunstancia estructuralmente problemática por el descalce existente entre ingresos y egresos, a partir de la ley 15008 para la Caja y, con mayor incidencia aún, los decretos arbitrarios del P.E.N. en 2020 suspendiendo la ley de movilidad para el régimen general, lo que provocó un serio agravamiento en el deterioro de los haberes jubilatorios. Sospechosamente este factor no es mencionado por las entidades representantes de los afiliados activos y jubilados del Banco, como si fuera irrelevante el fuerte ajuste hacia la clase pasiva producido por el gobierno nacional, al que adhirió la gobernación de la Provincia en nuestro caso.
  • Ante tan profundos desequilibrios, la Comisión Directiva optó por la medida facilista, inconsulta, arbitraria y discriminatoria según niveles de haberes, consistente en el aporte compulsivo de emergencia, “provisorio” hasta Diciembre 2020, pero luego prorrogado por seis meses más. Esto lo habíamos previsto en nuestros comunicados, porque dada la ecuación económica y la ausencia de cambios estructurales no veíamos otra posibilidad. Desgraciadamente parece que lo provisorio se transformará en permanente.

Estimados colegas: los invitamos a reflexionar sobre esta situación, informarse, reclamar explicaciones de los responsables y pensar si no llegó la hora de adoptar medidas de fondo respecto de la clínica AMEBPBA, porque necesitamos recuperar nuestra Mutual y el servicio de salud que nos debe brindar.