En defensa de los haberes previsionales
El desmesurado incremento de la tasa de interés del préstamo familiar para los jubilados y pensionados es la demostración contundente del abandono del Banco a quienes le han servido fielmente y con sentido de pertenencia durante la mayor parte de sus vidas. Lamentablemente esto no es novedad, ya que se agrega a otras medidas, algunas luego corregidas, como las comisiones por tarjetas de crédito y otros productos. Dado que hasta el momento a los empleados activos la tasa no les fue incrementada, lo decidido es una clara discriminación, violatoria del tratamiento igualitario que siempre fue respetado en la Institución, justificado porque si hoy el Banco está en pie y continúa siendo una de las entidades financieras más importantes del país, se debe en buena parte al esfuerzo y sacrificio de los empleados jubilados, que lo sostuvieron en épocas muy críticas en las que estuvo en serio riesgo.
Lo doloroso de esta medida es la discriminación entre trabajadores, pues respecto a la medida en si misma debemos tener en cuenta que en el marco de los desequilibrios que afectan a la economía y su repercusión en el sistema financiero, el elevadísimo nivel de las tasas de interés se está produciendo en todos los ámbitos y para todas las operaciones.
El costo del préstamo para quienes debían utilizarlo por necesidades de salud o para adquirir bienes o servicios, ya era elevado a una tasa del 32% y, obviamente, para estos casos la situación actual es muy grave.
Pero debemos convenir en que no pocos afiliados pretenden la conservación de una tasa subsidiada a los efectos de especular; por ejemplo para volcar el préstamo a un plazo fijo al 42% o más, o a otra inversión del menú existente en estos días de absorción de efectivo. Teniendo en cuenta esta última práctica, llama la atención que a aquellos que cuestionan la merma de los ingresos del Banco por el beneficio del 50% en supermercados (medida que favorece el consumo de las familias) no les preocupe el quebranto que para el Banco implicaría que en una parte de su cartera la tasa pasiva sea mayor que la activa. No es posible reclamar reivindicaciones con argumentos contradictorios.
En realidad nuestro derecho es que por ser jubilados o pensionados del Bapro merecemos ser tratados con la misma consideración que disfrutan los empleados en actividad.
Encontramos también contradictorio otro argumento que esgrimen las agrupaciones y entidades integrantes de la Comisión de Defensa de la Caja (entre ellas sectores ligados a la Asociación Bancaria y todas las Comisiones Internas) haciendo hincapié en que el Banco quebrará por cubrir el déficit de la Caja. Ocurre que tal cobertura la viene haciendo desde hace 15 años por lo menos, como hasta el hartazgo informó nuestra entidad y negaban muchos de los que hoy están alarmados. Si el Banco no hubiera puesto los fondos necesarios para cubrir el déficit todo ese tiempo sin fundirse y también ahora, los jubilados y pensionados no tendríamos ingresos.
La Provincia nunca cumplió en tiempo y forma con la responsabilidad que le asignaba la ley 13364/13873 en cuanto a la cobertura del déficit. Solo recientemente emitió bonos para cubrir su elevadísima deuda; de modo que, mientras siga en vigencia la 15008, lo que hay que vigilar es que la ANSES haga el traspaso de fondos que se haya acordado (si es que esto está definido) para que el Banco continúe con rentabilidad y cumpla su función natural, como agente financiero de la Provincia y entidad de fomento de las actividades productivas y de asistencia crediticia a sus habitantes.
Continuando con las contradicciones de algunos, no perdamos de vista los jubilados y pensionados que no solo es el Banco el que nos discrimina. También lo hicieron en el directorio de la Caja los representantes por los activos provenientes de las C.G.I. del Interior, que por razones desconocidas, desaprensiva e insolidariamente, en muchas oportunidades nos perjudicaron enormemente al votar en contra del traslado al sector pasivo no solo de las cuantiosas sumas en negro sino de aquellas denominadas “por única vez” (aunque eran y son habituales en cada acuerdo paritario) que efectuó el Banco con aportes y contribuciones. Como ejemplos podemos recordar $ 3.000 en enero 2015, bono de $ 5.500 en enero 2016 y el bono extraordinario de $ 7.000 o $ 7.315 o $ 7.630 (según salarios promedio del ejercicio 2016) en enero 2017. Se trató de los mismos personajes que abandonaron sus puestos en el directorio de la Caja convalidando la ley 15008 a la vez que se embanderaban con la consigna “Acá no se rinde nadie”. ¿No es contradictorio?
Nuestra entidad entiende que mucho más importante que tener acceso a un préstamo que significa deuda y pago de intereses, es tener más ingresos. Y eso es justo, legal y posible, reclamando como lo hemos hecho junto a miles de beneficiarios, que la Caja liquide el incremento del 10% que corresponde a partir del 1º de enero, incluyendo los reajustes retroactivos, porque en ese momento estaba vigente la ley 13364. Ese aumento sería más beneficioso que un préstamo familiar.
Pero lamentablemente, ni la Comisión de Defensa de la Caja ni las entidades representativas de activos y jubilados en el seno de la misma han solicitado ese aumento, convalidando de hecho una eventual decisión negativa de las autoridades. Encontramos contradictoria esta actitud, porque por un lado perjudican a los jubilados y, por el otro, no hacen un reclamo que es claramente reivindicativo del cumplimiento de la ley anterior que defienden en su relato.
Obsérvese que los gremialistas del Banco representantes de los empleados activos, cuando organizan alguna acción de reclamo en contra del nuevo régimen previsional que todos repudiamos, lo hacen unilateralmente y sin la consulta previa a todas las agrupaciones de jubilados, pero por todos los medios posibles de difusión pretenden que quienes se movilicen sean los jubilados y pensionados, dado que ellos no son capaces de concientizar y convencer a los activos para que participen. Sin embargo, cuando se hizo y continúa haciendo una decidida movida para que sean beneficiados los jubilados (como es el reclamo del 10% de aumento) ignoraron y siguen ignorando el tema sin siquiera expresar un párrafo de apoyo que disimule su egoísmo y falta de solidaridad. Esta flagrante contradicción, es la que hace decaer el espíritu de lucha de todos, porque confirma la ilegitimidad de ciertas conducciones.
Por otra parte, deseamos dejar en claro que entre las diferencias conceptuales entre nuestra entidad y aquellas que conforman la Comisión de Defensa de la Caja, hay una histórica muy importante para los ingresos de los jubilados y pensionados, como es que desde el 2008 y antes, cuando se discutió el régimen legal de la Caja (modificatoria de la ley 13364) nosotros rechazamos los topes a las prestaciones que esa norma tenía antes de su modificatoria y, fundamentalmente, no aceptábamos el aporte mensual del beneficiario ni los aportes de todos los primeros aumentos. Revisando nuestros recibos de haberes nos damos cuenta del perjuicio que ese aporte significa y cuánto sumaríamos de ingresos si no existiera.
Hasta la emisión del presente ninguna otra entidad o agrupación ha adherido públicamente a que se suprima ese descuento ilegítimo que nos obliga a pagar nuestras propias prestaciones. NO AL APORTE DEL BENEFICIARIO.