Si en su momento se tomó la decisión de presentarse ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la ley 15008 ¿por qué ahora no piden que la Corte se expida en ese sentido?
La Asociación Bancaria, con el apoyo de las entidades de jubilados que conforman la Comisión de Defensa de la Caja ha efectuado una presentación a la Corte Provincial para repetir el procedimiento dilatorio de la Mesa de Diálogo, rearmando una comisión negociadora de resultado incierto para los beneficiarios de la Caja, pero que otorga a la Corte una nueva excusa para eludir su obligación de fallar.
Todo dentro de un proceso en donde el anteproyecto de reforma de legislación de la Caja (no consensuado con los jubilados y pensionados) no consigue ser aprobado y puede pronto perder estado parlamentario. Reiteramos que el proyecto podría haber sido aprobado en diputados cuando el oficialismo tenía mayoría, pero evidentemente no hubo la voluntad política de hacerlo. Ni siquiera hubo reglamentación de la ley, que eventualmente hubiera podido atenuar sus efectos nocivos. En realidad, deberían haber derogado la 15008 reemplazándola con una ley que reponga las condiciones de la 13364/13873.
Los que antes desde la oposición ayudaron a que se sancionara la ley 15008, ahora desde el oficialismo pareciera que no tienen mayor interés en modificar la situación, teniendo en cuenta que el proyecto presentado resulta por demás conveniente al Estado provincial, porque consolidaría la enorme pérdida sufrida en los haberes previsionales desde enero 2018 hasta la fecha de la puesta en vigencia de la eventual nueva ley. Es inexplicable que las partes demandantes hayan negociado renunciando a la recomposición del haber previsional y al retroactivo reparador del daño producido, cosa que reclamaban en la demanda original.
La conformación de una nueva mesa de diálogo es para generar expectativas falsas a los jubilados y pensionados, dilatando la solución que sería definitiva: la declaración de inconstitucionalidad de la 15008. Parece prevalecer el deseo de que todos vayan a la Justicia por cautelares que los protejan de uno de los problemas que los afecta, que es simplemente que se dejen de lado los ajustes de prestaciones por decreto o por la ANSES, y se vuelva a actualizar por los haberes de los activos; aunque en general postergando el principal perjuicio (la recomposición de los haberes según lo devengado por la 13364/13873) hasta una eventual sentencia definitiva, superando las instancias superiores (Cámara de Apelaciones y Corte Suprema).
Aspiramos a que quede claro a todos los jubilados y pensionados que este proceso está manejado por la Asociación Bancaria, y que nuestra entidad no lo comparte porque rechazamos, entre otros, los siguientes puntos negativos:
- Para los activos se pierde la jubilación en base a la categoría, reemplazándose la determinación del haber inicial por un promedio de 120 meses anteriores al cese. Además, se les incrementa en 2% el aporte a la Caja, llevándolo al 16%.
- En cuanto a los jubilados, el proyecto no repara el perjuicio ocasionado por la 15008, porque no reconoce las diferencias en los montos de las prestaciones desde el momento de su vigencia, convalidando de esa forma la importantísima quita que hemos sufrido. Se aclara explícitamente, cosa que no haya demanda al efecto, que la actualización por paritaria se hará hacia delante desde el momento de la nueva sanción de ley. Por otra parte, en vez de dejar de lado el Aporte del Beneficiario en todas sus formas, se lo convalida con el agravante de aumentar el aporte mensual al 12%.
En definitiva, cabe preguntarse cómo se defienden los derechos e ingresos avasallados de los jubilados y pensionados. ¿Tendrán que ir los 15000 jubilados a la Justicia para reclamar? y en ese caso ¿Podrá la Caja solventar todos esos juicios, o no lo podrá hacer y aparecerá una excusa ideal para liquidarla?
Instamos a los jubilados a reflexionar, expresar sus opiniones y reclamar, en defensa propia.