Que no intenten engañarnos. Se trata de una estafa con enormes perjuicios para los jubilados y pensionados del Bapro
Ha trascendido un proyecto de ley presentado el 12/07/21 ante la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof. Surge del acuerdo alcanzado entre algunas de las partes en la mesa de dialogo que impuso la Corte y confirma los serios perjuicios para los jubilados y pensionados a los que nos referimos en nuestro comunicado del 14/06/21.
En los fundamentos de la presentación se afirma que el proyecto fue consensuado entre las partes actoras (Asociación Bancaria, Asamblea Permanente y Unión Jubilados) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo. Si bien expresan que el proyecto de ley “tiene el mérito de haberse alcanzado a instancias de una negociación constructiva y democrática”, en el expediente judicial la Asamblea Permanente presentó un escrito separadamente, con premisas distintas, entre las que cabe destacar la recomposición de los haberes de los pasivos desde Enero de 2018 (derecho que ignora el sector gremial) mientras que no hay claridad respecto a la posición de la Unión Jubilados. Pareciera que algunos han decidido por todos.
- Si bien es positivo que se modifique el cambio de régimen de actualización de las prestaciones previsionales impuesto por la ley 15008, tal beneficio solo existirá hacia el futuro. Resulta falaz la declamada “restitución de derechos” ya que no contempla actualizar los haberes desde Enero 2018 al momento de entrar en vigencia la nueva norma, y mucho menos recuperar el retroactivo por la enorme pérdida que hemos sufrido desde entonces.
- Otro serio perjuicio es seguir convalidando el reclamado en demandas por inconstitucional Aporte del Beneficiario, al que nuestra entidad siempre se opuso. No solo vuelve a ser ratificado con aceptación de aquellos que estuvieron en la mesa de diálogo y otros que en nombre de los jubilados y pensionados participan en la Comisión de Defensa de la Caja, sino que por este proyecto será elevado al 12% (un punto más que los trabajadores activos de la ANSES), con lo cual impone una mayor contribución que obliga a que los beneficiarios de la Caja debamos pagarnos una parte de las prestaciones anuales que cobramos. Pero además, al persistir también el aporte sobre los incrementos que recibimos, ese porcentaje resulta aún más elevado.
Reiteramos nuestro rechazo al Aporte del Beneficiario en todas sus formas. Se trata de una obligación absurda y excepcional para un régimen previsional, ya que convierte en una farsa la tasa de sustitución del 82% que el proyecto presenta como uno de sus logros, e impide contar con una jubilación o pensión acorde a lo aportado durante nuestra trayectoria laboral.
- Por otra parte, el artículo 13 en el Capítulo de Recursos para la Caja está redactado de manera tal que el aporte de los activos sea solo sobre las remuneraciones sujetas a aportes. Es decir, consolida y fomenta la práctica del Banco de hacer los cuantiosos pagos anuales o mensuales denominados “no remunerativos” (Día del Bancario, Aniversario del Banco, Participación en las Ganancias del Sistema Financiero, Asignación de Fin de Año y otros) a fin de eludir contribuciones y hacer que en definitiva los empleados activos y el Banco contribuyan a la Caja de Jubilaciones por solo una parte de las remuneraciones. Esto no solo perjudica a la Caja sino también a nuestra Mutual. Téngase en cuenta que quien propone esto, la Asociación Bancaria, cuando tiene que cobrar el “aporte solidario” para sus arcas obliga a los empleados a hacerlo sobre todos los rubros, en blanco y en negro.
- Los futuros jubilados continuarán perjudicados en la determinación de su haber inicial, ya que el proyecto convalida lo establecido por la ley 15008 en cuanto a tomar el promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses en actividad, cuando la ley 13364/13873 consideraba la categoría alcanzada en los últimos 5 años. Al tomarse solo las remuneraciones con aportes la merma de ingresos del nuevo jubilado será muy significativa, tornando ilusa la tasa de sustitución.
- Para todos los beneficiarios resulta importante contar con un financiamiento de la Caja confiable. Si bien resultaba primordial que la Provincia se hiciera cargo de solventar todo el déficit, sola o con ayuda del Estado nacional, lo propuesto indica que, como antes, el Banco será quien se hará cargo de solventar el déficit mensual para que los beneficiarios cobren sus haberes. Teniendo en cuenta que en el presupuesto provincial del año 2020 y 2021 no habría habido partidas para nuestra Caja de Jubilaciones, no queda claro cómo participaría la Provincia si la ley es aprobada en lo inmediato. Probablemente el Banco seguirá teniendo quebranto hasta que eso suceda.
- Si bien se restituye la participación en el directorio de representantes por los jubilados y pensionados y de los activos, siempre será en minoría frente al poder Ejecutivo y el Banco. Durarían cuatro años en coincidencia con el mandato del gobernador de la provincia, por lo cual se supone que, de aprobarse este proyecto en lo inmediato, difícilmente habría participación de los afiliados hasta diciembre de 2023. Asimismo, resulta importante que exista una Sindicatura, lo que no es contemplado en el proyecto.
En consecuencia, en cuanto a los derechos de los jubilados y pensionados del Banco, este proyecto de ley deja de lado la mayor parte de sus derechos que establecía la ley 13364/13873, renunciando a los fundamentados reclamos que en la Corte presentaron las partes actoras.
Por su parte, al generar la mesa de diálogo, con astucia y habilidad política la Corte evitó tener que emitir un fallo que indefectiblemente sería contrario a los intereses del Estado provincial, lo que la colocaría confrontando con el Poder Ejecutivo. Esto, siempre y cuando la Asamblea Permanente no adhiera al proyecto que nos ocupa y continúe reivindicando su propio reclamo judicial.
El relato del sector gremial intenta que los afiliados del Banco crean que este proyecto es la reivindicación tan ansiada de sus derechos, cuando en realidad no es más que una claudicación, porque el interés prioritario de los actuales dirigentes gremiales es el apoyo incondicional a la fuerza política partidaria que actualmente ostenta el poder nacional y el provincial. Lo hacen disimulando el ajuste brutal que se está realizando a nuestros haberes y a los de la clase pasiva del régimen general de la ANSES.
Por volver a contar en el futuro con lo que ya teníamos (la actualización de haberes según los aumentos de los activos) ahora todos tendremos que hacer un aporte mayor.
Además, y esto es muy grave, este proyecto legitima la enorme pérdida de poder adquisitivo que padecemos desde Enero 2018, obligándonos a donar al Estado de por vida entre el 19% y el 37% (cálculo aproximado hasta Julio 2021) según las categorías y con referencia a los aumentos que nos correspondían siguiendo las paritarias bancarias.
Nuestra esperanza es que la Legislatura convoque a todos los que defendemos a los jubilados y pensionados para poder conocer nuestra opinión y también nuestras propuestas, que incluyen la generación de nuevos ingresos para la Caja, los cuales podrían determinar que esta nueva modificación no sea transitoria sino duradera, y que, fundamentalmente, se elimine el Aporte del Beneficiario para los jubilados y pensionados.