Intentando aclarar las inquietudes que sobre el tema del título nos hacen llegar numerosos colegas, brindamos nuestras reflexiones sobre los perjuicios que en estos momentos afectan a los jubilados y pensionados, fundamentalmente por decisiones del Gobierno Nacional y la AFIP, a lo que hay que agregar el agravamiento de la situación que está produciendo la Caja, al dilatar la puesta en marcha de aspectos ya dispuestos que reducirían la retención mensual y posibilitarían que contemos con mayores ingresos de bolsillo.
Cabe destacar que las modificaciones sancionadas por el Congreso el 08/04/21, fueron demoradas por el PEN, habiéndolas promulgado según publicación en el Boletín Oficial el 21/04/21 y reglamentado parcialmente a mediados del mes de Mayo, pero delegando aspectos fundamentales de la reglamentación en la AFIP, que todavía no dio a conocer sus resoluciones al respecto.
Se dispuso que los reajustes por menor carga impositiva (desde enero), serían devueltos en cinco cuotas a partir de julio, lo cual evidentemente licúa los montos a recibir; de modo que sería conveniente que la AFIP reglamente a la brevedad los detalles de la ley, para que las devoluciones se inicien a principio de julio.
Por otra parte, la deducción especial para jubilados y pensionados, no solo se incrementó desde el 1° de Junio del corriente año por el aumento del 12,12% que dispuso la ANSES, sino también, por la modificación de Abril sobre este tributo, que pasó de 6 a 8 haberes mínimos.
Otro cambio dispuesto en la modificación de la ley es que el aguinaldo ha quedado exento para sueldos brutos menores a $ 150.000.- por lo que para esos casos la Caja ya no debería incluir la retención mensual proporcional que practica.
Estas modificaciones están firmes, no admiten discusión ni precisan aclaraciones adicionales de la AFIP; razón por la que no hay duda que debieran ser contempladas en la retención sobre los haberes de Mayo 2021; lo que no hizo la Caja.
Teniendo en cuenta la importancia de los cambios derivados de la nueva ley 27.617, entendemos que la Caja debería haber informado a sus beneficiarios cuál es su criterio sobre la implementación de todas las modificaciones, incluyendo cuándo nos devolverá los montos retenidos de más.
Habiendo transcurrido casi un año y medio de gestión por parte de la nueva administración provincial, a nadie le pueden quedar dudas respecto a que por conveniencia presupuestaria, sus decisiones sobre nuestro régimen previsional no parecen tener prejuicios en cuanto a perjudicar a los jubilados y pensionados de la Caja.
El Gobierno provincial no solo carece de toda iniciativa tendiente a la derogación de la ley 15008 y además hace todo lo posible por dilatar un eventual fallo de la Corte para establecer la inconstitucionalidad de la norma, sino que tampoco consideró al nuestro como régimen especial (básicamente por los significativos aportes que se hacen al sistema) y permitió que los incrementos de haberes se reduzcan por aplicación del severo ajuste hecho por el Gobierno Nacional a los jubilados del régimen general.
Esto, junto a la alta inflación está provocando enormes pérdidas en nuestro poder adquisitivo, y deteriora en muchos casos el nivel de vida de los colegas, afectados por desproporcionados aumentos en los precios de los medicamentos, que por otra parte no pueden ser descontados del tributo a las ganancias aun siendo imprescindibles para mantener su vida y así generar ingresos que injustamente tributan al Estado.