Las comisiones gremiales del Banco emitieron el día 07/06/21 un comunicado que en buena parte confirma un audio sin identificación que circuló profusamente y tendría origen gremial. Se trata de la presentación que se haría ante la Corte de un informe resultante de la Mesa de Diálogo rubricado por la Asociación Bancaria con aval de las comisiones gremiales, habiendo acordado con el Banco y la Provincia condiciones para una nueva norma. Las premisas de esta eventual modificación perjudican claramente a los jubilados y pensionados.
Del audio y el contenido del comunicado surge que la RENDICION del sector gremial es total, al defeccionar de los reclamos de su propia demanda, apoyada con movilizaciones masivas a la ciudad de La Plata en las que participó nuestra entidad, porque los afiliados del Banco confiaban en que el gremio defendería sus derechos conculcados. Ahora, como si fuera un logro, confiesan que la Asociación Bancaria (una de las partes demandantes por inconstitucionalidad de la ley 15008) debió hacer el “esfuerzo” de aceptar la propuesta del Gobierno (la parte demandada) cuando habían repetido hasta el cansancio la consigna “ACÁ NO SE RINDE NADIE”. La sumisión a las autoridades provinciales por parte del Gremio es más grave cuando estaba claro que los argumentos sosteniendo la inconstitucionalidad de la ley contenidos en las demandas de la misma Asociación Bancaria, de la Unión Jubilados y la Asamblea Permanente (además de otras efectuadas por particulares), tenían suficiente sustento jurídico como para que la Corte (¿por razones políticas?) dilatara su fallo eludiendo su responsabilidad institucional, a la espera de que los demandantes cedieran en su posición, lo que ocurre para el caso gremial.
Era previsible que, al aceptar participar en el ámbito de negociación ideado por la Corte, hubiera que ceder en algo de lo reclamado, pero es inadmisible y humillante que sea tanto. De esta manera la demanda por inconstitucionalidad queda desvirtuada y solo resultó funcional para que transcurriera un tiempo valioso, durante el cual nuestros haberes se devaluaron considerablemente mes a mes.
Lo acordado es lamentable:
- El Banco seguiría comprometido en su patrimonio al tener que solventar el 50% del déficit.
- La Provincia no se haría cargo del 100% como correspondería, contando con eventual ayuda de la Nación.
- Por la elevación del Aporte del Beneficiario a los jubilados y pensionados al 12%.
- Dado que ninguno de los jubilados actuales tendría un haber que supere el 55% de lo cobrado por un activo con igual categoría, al incrementarse el Aporte del Beneficiario, los descuentos mensuales llegarían o superarían en algunos casos el 20%, teniendo en cuenta que es muy probable que el aporte extraordinario a la Mutual sea renovado una vez más.
- Las prestaciones se ajustarían por la paritaria bancaria, pero sería solo a partir de la vigencia de la nueva ley. Es decir, lo acordado no contempla retroactivo alguno desde Enero 2018 ni ajuste de haberes, de modo que consiente y acepta el enorme despojo que hemos sufrido en nuestras prestaciones previsionales a causa de la ley 15008 y el efecto devastador que tuvieron durante 2020 los arbitrarios aumentos por decreto del Gobierno Nacional, que produjeron un severo ajuste a los ingresos de la clase pasiva con. Llamativamente, este factor tan importante para el daño que sufrimos nunca es mencionado por los sectores gremiales y algunas entidades.
- En el audio el acuerdo se pretende justificar por los logros del mencionado ajuste por paritarias (a aplicarse a partir de haberes muy devaluados) y porque las mujeres podrían jubilarse con 60 años, cuando así lo indica el régimen nacional.
- Incrementa el aporte de los empleados activos en 2%, aunque no debe perderse de vista que este descuento no alcanza a la totalidad de sus ingresos; ya que, perjudicando a la Caja, a AMEBPBA y al resto de los Servicios Sociales, los acuerdos paritarios contemplan cifras “no remunerativas” (Participación en las ganancias del sistema financiero, Día del Bancario, Aniversario del Banco, Bonificación de Fin de Año y reajustes de haberes sin aportes) que siempre fueron negados en su aplicación por parte de la Caja a sus beneficiarios. Mientras tanto, los jubilados y pensionados aportamos sobre el total de nuestros ingresos.
- Se incorporarían al gobierno de la Caja un representante por los activos y otro por los jubilados, pero no se dice nada respecto a qué otros miembros tendría el directorio, aunque suponemos que difícilmente llegarían los afiliados a equilibrar la relación de fuerzas con los integrantes de la Provincia y el Banco.
- Otro aspecto sobre el que no habría cambios para ser mejorado sería el del cálculo del haber inicial sin respetar la categoría alcanzada por el activo al final de su carrera, manteniéndose en tal caso los 120 haberes anteriores al cese.
- Resulta altamente preocupante que, según el comunicado, el eventual texto de la ley que debería tratar la Legislatura provincial sería discutido por la Asociación Bancaria en representación de todos los beneficiarios. Es decir, los jubilados y pensionados que dependen de los ingresos de carácter alimentario provenientes de la Caja, serían excluidos de las tratativas donde se decida su destino, negándoseles la posibilidad de ser escuchadas sus opiniones y propuestas.
En resumen, con este acuerdo la Asociación Bancaria y las Comisiones Gremiales Internas intentan aliviar las consecuencias económicas que para la Provincia tendría la determinación de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 15008 cuestionados en las demandas ante la Corte. Para ello reniegan de su propio reclamo judicial, y se someten a las necesidades políticas de la Provincia y el Banco. Los párrafos finales de su comunicado rebelan claramente que, tergiversando su razón de ser, parecen haberse transformado en una corporación cuya prioridad es el acompañamiento partidario del proyecto político del actual oficialismo nacional y provincial. Lo hacen destacando estar en unidad con el mismo gobernador que en campaña electoral prometió derogar la ley 15008 pero estando en el poder la consolidó y defendió en sede judicial. “La extrema situación descripta en que se desenvuelve el conflicto” es la excusa para aceptar un daño que será permanente para los afiliados, especialmente a los jubilados y pensionados.
En cuanto a lo expresado previamente al comunicado en análisis por parte de esa Comisión de Defensa, (donde se excluyeron la AP y UJ) puede entenderse que entidades de los servicios sociales ligadas a las CGI coincidan con lo manifestado, pero llama la atención la participación del Círculo de Jubilados y la de una agrupación de jubilados cuya modalidad es comunicase a través de las redes sociales. Si antes o ahora fueron engañados, sería conveniente que aclaren si coinciden o no con el acuerdo hecho por la Asociación Bancaria. Por nuestra parte, confirmamos que no nos equivocábamos al poner en duda que la Comisión de Defensa de la Caja defendiera los derechos e ingresos de jubilados y pensionados, y menos subordinándose al sector gremial.
Ahora resulta imprescindible que se conozca oficialmente el texto completo del acuerdo (aparentemente suscripto por una sola parte actora) para hacer un análisis definitivo y profundo del mismo; y también los eventuales informes que habrían presentado o presentarán a la Corte las otras partes actoras en sus demandas por inconstitucionalidad, para conocer si sus posiciones coinciden con lo propuesto por la Asociación Bancaria o bien persistirán con sus propios reclamos defendiendo los derechos genuinos que los afiliados tenemos.
Próximamente nos referiremos a los informes que debían presentar los otros demandantes, uno de los cuales ya se conoce y el otro esperemos que pronto se difunda.
Grupo Siglo rechaza categóricamente lo acordado por la Asociación Bancaria en lo que afecta a los jubilados y pensionados del Bapro, ya que no solo no eliminan el injusto e inconstitucional Aporte del Beneficiario sino que lo incrementan, para favorecer al Gobierno provincial y al Banco.