Lamentablemente, la Suprema Corte provincial por todos los medios a su alcance continúa dilatando el/los fallo/os sobre la ley 15008, eludiendo la cuestión de fondo. Es así que en la audiencia del 9/10/24 solicitó que el Poder Legislativo, es decir: la política, genere una norma correctora de las inconstitucionalidads de la ley.
Inmediatamente, el gobernador y la Asociación Bancaria presentaron nuevamente el mismo proyecto que fracasó por no ser tratado en las sesiones de 2023, proyecto que nuestra entidad reiteradamente rechazó en parte de su articulado, porque implica perjuicios para los jubilados y pensionados.
Si bien el proyecto presenta beneficios para los futuros jubilados y para los que se retiraron bajo la ley 15008; a todos los anteriores (leyes 5678, 11322, 11761 y 13364) que aportaron siendo activos hasta el 25% mensual (aporte más primeros aumentos o ascensos de categoría), les pretende incrementar el aporte mensual a la Caja al 12%, lo que por el efecto del descuento del aumento del primer mes efectivamente resulte entre el 14 y el 17% (dependiendo de la inflación mensual) de modo que deban continuar pagando parte de sus propias prestaciones.
Asimismo, el proyecto en cuestión no contempla la recomposición de los haberes para aquellos beneficiarios de la Caja no incluidos en el amparo del 14/03/23 con que la misma Corte favoreció a aproximadamente 9700 jubilados que no contaban con medidas cautelares individuales de tribunales inferiores y, obviamente, desconoce toda posibilidad de retroactivo desde que rige la 15008. Por el contrario, sí posibilita la recomposición de los haberes de aquellos que se jubilaron por la ley 15008, discriminando a los demás.
Destacamos que nuestra entidad no participó en la citada audiencia en la Corte ni en la posterior mesa de diálogo en que derivó. Hasta el momento no está claro si se barajaron las propuestas de otras entidades de jubilados y en tal caso si se descartaron, o si hubo consenso general apoyando la iniciativa de la Asociación Bancaria y el gobierno provincial.
Lo cierto es que a la fecha ese proyecto cuenta con media sanción del Senado, sin que haya habido posibilidad alguna de que nuestra entidad exprese su opinión.
Téngase en cuenta que los que apoyan el citado proyecto consienten que los jubilados aporten más y resignan que para un universo numeroso no sea recompuesto el haber, lo que crearía una enorme discriminación entre pares. Esto se entiende porque la Asociación Bancaria (que no representa a los jubilados) ha tenido como único objetivo mejorar la situación de los activos, mientras que la aspiración del gobernador es destinar la menor cantidad de fondos posibles para garantizar el sistema previsional, cargando buena parte de la responsabilidad que le compete al Estado en los afiliados activos y pasivos del Banco, disminuyéndoles sus haberes. Un despropósito, que cualquiera que pretende defender a los jubilados y pensionados no debería convalidar.
No desconocemos el peso político de la Provincia y la Asociación Bancaria cuando privilegian sus intereses; pero los jubilados y pensionados de la Caja debemos intentar por todos los medios defender nuestros derechos y haberes, porque los merecemos. En ese camino se encuentra Grupo Siglo.