Los cuestionamientos que se están haciendo a la discriminatoria e injusta aplicación que hace la Caja de la ley 15514 (porque perjudica a un importante universo de beneficiarios) están sustentados en el criterio jurídico de profesionales del derecho previsional de reconocida trayectoria.
Como venimos informando, se trata de la falta de la recomposición de haberes, al no reconocer las diferencias que surgirían al recalcularlos como si no hubiera existido la ley 15008.
Esta decisión de la Caja contradice el espíritu y los fundamentos del amparo de la Corte de marzo 2023 y la posterior ley 15514, que taxativamente reparó ese perjuicio para quienes no habían iniciado demandas y para los retirados según la ley 15008.
Entonces, es inaceptable que después de tal reconocimiento de derechos, pueda interpretarse que estando en la misma condición como jubilados del mismo empleador, a unos se les otorgue el derecho y a otros no, máxime cuando a todos se los ha obligado a aumentar el aporte del beneficiario al 12%. Esto no resiste análisis alguno si se trata de aplicar justicia.
Es ese el reclamo que algunas entidades de jubilados estamos haciendo ante la Justicia y organismos oficiales, amparados en sólidos argumentos jurídicos. Nos referimos a la recomposición de los haberes, no al eventual monto retroactivo que está pendiente de resolución como cuestión de fondo de las demandas.
Por lo expuesto, cuesta entender la posición de quienes han salido a expresar que la ley 15514 solo es aplicable a quienes no iniciaron demandas, cuando claramente abarca a todos los beneficiarios (Art. 3°, inc. b) y para todos estableció el aumento de sus aportes.
Por otra parte, pareciera que la Caja apela selectivamente los fallos decididos en las segundas instancias, y además expone las planillas de cálculo de las liquidaciones ordenadas por la Justicia de manera que es imposible su interpretación por terceros, lo que genera dudas respecto a la corrección de esos cálculos.
Es raro que los mismos que promovieron insistentemente el inicio de demandas a través de un estudio jurídico determinado, ahora parece que defendieran las actitudes de la Caja afirmando que líquida bien, en contradicción con los intereses de los jubilados y pensionados a los que indujeron a tal patrocinio letrado. ¿Ahora los abandonan en la lucha por sus derechos?