Nos referimos al comunicado difundido por la Asociación Bancaria informando sobre lo convenido con las cámaras patronales para un anticipo a cuenta del acuerdo paritario 2014.
En síntesis, el arreglo consiste en el pago a cuenta durante los meses de enero, febrero y marzo de una cifra fija remunerativa de $ 1.800.-, más una “compensación extraordinaria no remunerativa por el año 2013” de $ 1.200.- que los activos percibirán antes del 28/02/14. Esta última suma será sin aportes y contribuciones.
Este arreglo nos permite algunas reflexiones, similares a las que hicimos el año pasado ante similares circunstancias, ya que lamentablemente los jubilados y pensionados continuamos siendo perjudicados por acuerdos entre las cámaras que agrupan a los bancos y los representantes gremiales, al establecer parte de los incrementos salariales en la ilegal condición de “no remunerativos”; además de la inacción indolente de las autoridades de la Caja, que deberían exigir el cumplimiento de la ley 13364, según sus artículos 3, 54, 57 y 22 (“Los aportes personales y contribuciones …. se efectuarán sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por cada empleado”).
Caben los siguientes comentarios:
- Al concretarse este anticipo para el primer trimestre del año los jubilados recibiríamos en el período aproximadamente un 18 % menos de aumento que los empleados activos, lo que agrava el constante deterioro de nuestro poder adquisitivo frente al proceso inflacionario que afecta a la economía argentina. Es que desde años anteriores los trabajadores del Banco vienen recibiendo remuneraciones denominadas “no remunerativas”, que pretenden justificar la elusión de los aportes y contribuciones del empleador, perjudicando notablemente los ingresos de la Caja y los servicios sociales (especialmente a nuestra Mutual).
- Téngase en cuenta que los jubilados y pensionados debemos aportar el primer mes de incremento a la Caja; el ilegal 10,82% (aporte del beneficiario) y también estamos soportando la carga del desmesurado Impuesto a las Ganancias. Todo esto disminuye significativamente cualquier aumento, de modo que aquellos próximos a jubilarse deben ir considerando cómo serán afectados una vez que dejen de ser empleados del Banco.
- Como se sabe, los representantes de los beneficiarios en el directorio de la Caja son integrantes de la Unión Jubilados. Curiosamente, esta entidad se apresuró a informar respecto al aumento en cuestión; pero lo hizo a medias, sin mencionar la porción “no remunerativa” del acuerdo; evidentemente con la intención de evitar los cuestionamientos que por tal motivo tenemos derecho a hacer los representados. Esta actitud deshonesta demuestra una vez más subordinación al poder de turno, olvidando la que fuera su consigna electoral: “con la nueva ley la Provincia garantiza el pago del 100% de las prestaciones”.
- Es que resulta indefendible y contradictoria con el interés de los jubilados y pensionados la sociedad que, en la denominada Comisión de Defensa de los Servicios Sociales, sostienen la U.J. y otras entidades con los sindicalistas que participan en las negociaciones paritarias. En efecto, estos gremialistas (ligados a las CGI del Interior y a la UPJ) son los que firman los acuerdos que estamos criticando porque “colaboran” a las utilidades del Banco con parte del dinero que corresponde tanto a nuestros haberes previsionales como a las entidades de los servicios sociales. Lo que jamás olvidan es obligar a los activos a tributar al gremio con una compulsiva contribución “solidaria”.
- Estos representantes de los activos y los pasivos, por acción u omisión han tergiversado su razón de ser, pues pareciera que, según el caso, están más cerca de la conveniencia del empleador o del ex empleador, que la de sus compañeros (que se jubilarán algún día) o la de sus ex compañeros (que estamos padeciendo las consecuencias de su gestión).
- En el Banco Provincia los incrementos deben ser negociados de forma tal que no se afecte a la Caja, a los Servicios Sociales y a los ingresos de los jubilados. Tanto la Caja como las entidades de los servicios sociales y las Comisiones Gremiales Internas deben exigir que todas las remuneraciones otorgadas a los activos sean con aportes y contribuciones, como indican la ley y la abundante jurisprudencia existente.
Estimados colegas: tomemos conciencia de nuestra situación y la responsabilidad que a cada quien le cabe.