Como se está haciendo habitual, los jubilados y pensionados no nos enteramos de las decisiones que se toman en nuestra Caja de Jubilaciones a través de los canales normales (como sería su página web, u otro medio) sino por un comunicado de la Unión Jubilados, entidad que no representa al universo de beneficiarios.
En este caso nos anoticiamos que la Caja impondría y debitaría de los haberes de Diciembre, a más de mil doscientos beneficiarios, el monto de la prima de un seguro de vida sobre el cual no han tenido oportunidad de evaluar, aceptar o rechazar; además de no contar con la designación de los beneficiarios del mismo en caso de ocurrir el deceso,
Una vez más la Caja toma decisiones sin consultar al beneficiario y le impondría –según el comunicado de la Unión Jubilados que se adjunta- inconsultamente un descuento que puede convertirse en ilegal. No olvidemos que en su oportunidad el Banco impuso a su clientela un seguro contra riesgo de robo en cajeros automáticos, y en sede judicial se ha fallado que tiene que devolver los millones de pesos retenidos sin consentimiento. O fiel al temperamento de incumplir la ley se está generando una nueva industria del juicio.
Lo correcto hubiera sido que ante la eventual falta de un seguro de vida –por omisión de Provincia Seguros o por la decisión del jubilado o pensionado- se hubiera informado fehacientemente a los beneficiarios involucrados respecto de la situación de riesgo que eventualmente los podría afectar para que según su criterio decida cada uno. Tal riesgo igualmente puede existir con todos aquellos que sufragando el seguro de vida no tienen designados o actualizados los beneficiarios de dicho aseguramiento. Hace bastante tiempo nuestra entidad informó sobre esa eventualidad, dando a los involucrados la posibilidad de remediarla.
Cabe señalar que entre nuestras propuestas de ingresos genuinos para la Caja se encuentra la posibilidad cierta que Provincia Seguros SA, como le reconoce al Banco ser agente Institorio y cobrar comisiones sobre seguros que tramita, le reconociera a la Caja la comisión de agente Institorio sobre TODOS los seguros de los afiliados a la misma y sus familiares.
Nos preguntamos en esta oportunidad quién se beneficia con la comisión por los seguros impuestos sin consulta; y también quién va a responder por la responsabilidad de descontar –posiblemente un monto gravoso- a jubilados y pensionados sin su consentimiento previo.
Entendemos que es el derecho de cada uno decidir si quiere estar asegurado, por qué monto y ante quién y a favor de quién. Adicionalmente, cabe señalar que si bien hasta ahora el seguro de vida se puede desgravar del impuesto a las ganancias, es irrisorio el monto anual permitido para ello.
Llama la atención la inmediatez (siempre según lo comunicado por la UJ) con que la Caja y Provincia Seguros SA acordaron una solución (que no hay que perder de vista también implica incrementar los negocios para esta sociedad anónima) ya que posiblemente esta situación viene de hace varios años sin que los representantes de UJ (que siempre estuvieron en el Directorio de la Caja y de Provincia Seguros) hicieran nada. Esto contrasta fuertemente con la significativa demora que existe para sufragar a la Caja un canon mensual por el uso de la marca “Provincia Seguros” de su propiedad, que la sociedad está utilizando gratuitamente desde 1996. Sobre esta irregularidad, la Unión Jubilados ¿no tiene nada que comunicar? Y él hasta setiembre director de la Caja y actual director de Provincia Seguros ¿tampoco?.
Confiamos en que las autoridades de la Caja reflexionen y den oportunidad a que –con información precisa de la situación y costos del seguro- cada uno decida lo que le resulte más conveniente.