Acompañando el aislamiento social obligatorio, mediante el comunicado que desarrollamos más adelante nuestra entidad desea destacar un hecho que demuestra que la realidad es la única verdad, y confirma que en Diciembre de 2017 la ley 15008 no se hubiera podido aprobar (48 diputados eran más que 44) sin la complicidad del actual oficialismo de la provincia compartiendo sus fundamentos, que ahora ratifica formal y públicamente.
Lamentablemente y desde hace bastante tiempo estamos siendo perjudicados (actualmente con el incremento de las prestaciones) por lo cual recomendamos siempre tener presente no solo lo que dicen los dirigentes u organizaciones de activos y jubilados, sino (y sobre todo) lo que hacen o hicieron. Por el accionar de ciertos representantes de activos y jubilados sufrimos las consecuencias de un régimen legal injusto, con haberes cada vez más licuados por la inflación, con la tremenda carga del Aporte del Beneficiario de por vida y el tributo impositivo que algunos solidariamente estamos soportando, cuando otros están exentos.
Nuestra entidad seguirá defendiendo los derechos e ingresos de los beneficiarios de la Caja, aún con las limitaciones que la actualidad sanitaria nos impone. Por eso les instamos a aprovechar este tiempo de excepción para reflexionar, y por sobre todo cuidar la salud propia y las de sus seres queridos.
Se desvanecen las esperanzas que muchos afiliados tenían, la mayoría de buena fe y otros con intereses políticos partidarios, en las intenciones de las nuevas autoridades provinciales sobre la ley 15.008. El proceso de armonización se inició con el convenio 400, siguió con la ley de financiamiento de la Provincia, continuó con la 15.008 (aprobada gracias a la colaboración del actual oficialismo), y ahora tiene amplia ratificación con el decreto provincial 261/20 y sus anexos, publicado el 21/04/2020.
Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero también que la realidad es la única verdad. Este acto administrativo indica que la vigencia de la ley 15.008 desde mediados de enero 2018 ya no puede desconocerse, debido a que las actuales autoridades provinciales evidentemente se sienten cómodas con la ley porque les conviene. El decreto en cuestión aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento firmado el 14/04/20 entre la ANSES y la provincia de Buenos Aires; y es revelador, ya que incluye la carta del 08/04/20 del Ministro de Hacienda y Finanzas de la PBA a la ANSES solicitando financiación del sistema previsional. En ese pedido brinda explicaciones por no haber cumplido con requisitos que se le solicitaron; y en uno de sus párrafos dice así: “A fin de dar cumplimiento al marco jurídico preexistente, la provincia de Buenos Aires ha efectuado cambios normativos en su legislación, con el dictado de la Ley 15.008, tendiente a sostener un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo”. Es decir, muestra a la ley que destruyó buena parte de nuestros derechos como un logro de la provincia hacia la armonización.
El acuerdo con la ANSES, apunta a lograr de ese organismo la financiación del déficit previsional de la Provincia de Buenos Aires, como lo hace con otros regímenes provinciales no transferidos a la Nación. No obstante, no apreciamos que se haya desligado al Banco de la totalidad del financiamiento de nuestra Caja, que viene afrontando desde por lo menos 15 años.
El monto de emergencia solicitado a cuenta es de $ 6.000 millones de pesos. Desconocemos su destino, cifra que a nuestro entender se aproximaría a la mitad del déficit anual de nuestra Caja en las actuales circunstancias. Habría que ver si el IPS ahora no es deficitario, dado que la jubilación de docentes provinciales ahora están bajo su órbita, cuando antes correspondía que lo financiara totalmente el régimen nacional.
Recordamos que el directorio de la Caja de Jubilaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conformado únicamente por un presidente funcionario de la provincia y un vicedirector del Banco, nos ha perjudicado al desconocer que nuestro régimen es especial y así dejaron de lado el incremento del 11,56% a partir de marzo 2020 que correspondía. Sorprende que sobre este grave despojo, salvo nuestra entidad nadie ha reclamado nada.
Si se esperaba que el cambio de autoridades en el país y en la provincia mejorara la situación de los jubilados en general y la nuestra en particular, como habían prometido, evidentemente eso ha quedado descartado. En nuestro caso los jubilados y pensionados continuamos de por vida (gracias al consentimiento que en su oportunidad otorgaron algunas organizaciones) pagando el Aporte del Beneficiario que cubre por lo menos una de cada nueve prestaciones que cobramos.
Como todos saben, el perjuicio por la 15.008 es para los anteriores jubilados debido al sistema de actualización de las prestaciones, pero para los retirados desde enero de 2018 y los activos que lo harán en un futuro cercano, la sobre armonización es durísima, ya que con el porcentaje establecido para su haber inicial, el promedio de los 10 años para obtener el mismo, las sumas en negro que dejan de cobrar, el aporte del beneficiario y la carga del impuesto a las ganancias, su remuneración previsional será muchísimo menor que lo que habitualmente cobraban como empleados del Banco.