Sobre el régimen legal de la Caja de Jubilaciones

Ante la proliferación de discursos falaces, nos parece oportuno que los afiliados a la Caja tengan el conocimiento real de cómo se ha llegado a la actual situación, cómo se han incumplido muchas promesas y, fundamentalmente, por qué no se ha expedido la Justicia sobre las causas en curso. En definitiva: cómo se ha perjudicado a los beneficiarios de la Caja desde muchos sectores y se intenta seguir perjudicándolos.

La ley 15008 fue presentada por la gobernadora Vidal y apoyada por su espacio político, que hasta hoy continúa ofendiéndonos con la injusta calificación de jubilados «de privilegio». Pero la sanción de la norma solo pudo ser posible por la complicidad del actual oficialismo de la Provincia, y lamentablemente por la pasividad del sector gremial, que aceptó mansamente la promulgación de la norma mientras se estaba en un período de “conciliación”, ya que esa violación no tuvo la respuesta adecuada.

Hubo promesas del actual oficialismo durante su campaña electoral, referidas a derogar la 15008, con lo que, supuestamente, se volvería a la ley 13364/13873. Pero durante los años 2020 y 2021, contando con mayoría en la cámara de diputados, no tomaron ninguna iniciativa en ese sentido.

Como hemos dicho desde siempre, la solución es de carácter político. Para ello se necesita voluntad y fundamentalmente que las actuales autoridades de la Provincia no sigan compartiendo el criterio de las anteriores en cuanto a no querer comprometer al estado provincial en la innegable obligación de solventar el déficit de la Caja.

Una muestra de este injusto criterio es que el directorio de la Caja (es decir, la Provincia y el Banco) ha contribuido al deterioro de nuestros haberes previsionales. Desde el cambio del régimen general establecido por la ley 27.541 que habilitó la suspensión de la fórmula de movilidad vigente hasta Diciembre de 2019, el directorio tuvo la oportunidad de identificar a nuestro sistema previsional como lo que realmente es: un régimen especial (NO de privilegio) con lo que hubiéramos podido continuar con el sistema de actualización anterior, mucho más benigno que lo que padecimos después por aplicación de los decretos nacionales para ajustar las prestaciones. Pero no lo hizo.

Ahora, el proyecto que se encuentra en la Legislatura y están promocionando como solución para la restitución de los derechos conculcados, en realidad está muy lejos de esa aspiración (como sería volver al régimen anterior), en especial para los jubilados y pensionados, pues no solo les impone mayor aporte a la Caja, sino que, en clara complicidad con las autoridades para disminuir costos al estado provincial, consolida el despojo padecido desde Enero de 2018, especialmente por los raquíticos aumentos arbitrarios que el Poder Ejecutivo Nacional impuso para el régimen general de la ANSES, logrando que la clase pasiva argentina pague buena parte de las necesidades financieras del Estado; una inmoralidad que está por verse si las múltiples causas judiciales iniciadas logran subsanar.

Obviamente, como a todos, nos preocupa el déficit de la Caja y que eventualmente el Banco se tenga que hacer cargo del mismo, lo cual es absurdo e ilógico; salvo que se lo quiera “castigar” porque siempre administró la Caja y por lo tanto es en buena parte responsable del déficit. Por mucho tiempo la Caja no fue deficitaria y en vez de preservar los fondos para cuando hubiera vacas flacas, los administró privilegiando sus negocios financieros, además de producir jubilaciones masivas de empleados, la derivación de actividades hacia el Grupo Bapro, etc. Los que sostienen que el Banco sufre un perjuicio serio patrimonial y financiero soportando el déficit de la Caja (aunque lo viene haciendo desde ya hace muchos años) deben estar entendiendo que si la Provincia no se hace cargo ese perjuicio continuará.

Si reconocen el daño ocasionado por la 15008 ¿por qué cuando tuvieron todas las posibilidades no intentaron reparar el mismo? Esa inacción ha incentivado la generación de miles de acciones judiciales y las consiguientes medidas cautelares, favoreciendo a la “industria del juicio”.

En cuanto al aspecto judicial, tal como hemos expresado en anteriores comunicados, la Corte Provincial debería haber fallado en las causas en curso, sin eludir su responsabilidad mediante la generación de un ámbito de negociación que en definitiva le sirve como excusa para no dictaminar. Lamentablemente, a esta defección han contribuido las dos entidades demandantes que desde el primer momento iniciaron causas por aspectos inconstitucionales de la ley y fueron convocadas a la Mesa de Diálogo, porque participaron de las negociaciones que aparentemente lideró la Bancaria imponiendo el acuerdo con la provincia que tanto nos perjudica. Si bien ambas entidades de jubilados no han comunicado claramente su posición en cuanto a sus coincidencias o diferencias con ese resultado, pareciera que prefirieron mantener alguna inactividad judicial, de modo que resultan funcionales al proyecto presentado, que en ciertos aspectos reniega de las reivindicaciones solicitadas originalmente ante la Corte.

Aclarando que de ninguna manera nos oponemos a que cada beneficiario recurra a la Justicia mediante cautelares o demandas para lograr reparar el perjuicio sufrido, es necesario reflexionar que según se dice ya existen 3500 cautelares y esa cantidad continúa incrementándose y teóricamente podría llegar hasta un total de 15000. El déficit se agrandaría muchísimo más, por el eventual reconocimiento de la recomposición de los haberes y, si se lograran, los montos retroactivos desde Enero 2018 u otras fechas, además de las costas asociadas; con lo que el eventual perjuicio para el Banco sería inmenso y de tal forma correría más peligro de extinción –como vienen sosteniendo algunos- que actualmente. Entonces, ¿es una solución incentivar las cautelares? ¿No sería mejor que la Provincia se haga cargo del déficit desde 2018 reponiendo el régimen de la ley 13364/13783?

Nuestra entidad ha planteado desde hace mucho propuestas para atenuar el déficit, como por ejemplo que la Provincia tuviera todos sus seguros, especialmente del personal, en Provincia Seguros SA y de esa manera esta empresa pudiera girar mayores dividendos, pero hasta ahora no fueron atendidas. Contrariamente, ahora la Provincia tendría la intención de quedarse con dicha sociedad. Llama la atención que la Asociación Bancaria y las comisiones gremiales internas no han dicho una sola palabra sobre ese proyecto provincial.

Intentamos con estas reflexiones que los afiliados cuenten con un panorama general de la situación de la Caja y de su régimen legal, reiterando por nuestra parte lo expresado en numerosos comunicados que emitimos desde fines de 2017, cuando inició el proceso de la 15008. Desde antes nuestra asociación civil ya se venía refiriendo a la Caja y a la evolución incremental de su déficit; planteando siempre propuestas para morigerarlo.