El lamentable comunicado del PRO difundido el 09/11/22 es un intento voluntarista, forzado, para sostener el grave error que representa la ley 15008 que en su gestión promovió la gobernadora Vidal, y contó con la sorda complicidad de los legisladores del massismo y el kirchnerismo, (la oposición en aquel momento que dio quorum y se retiró al momento de votar) además de los intendentes ávidos de contar con los acuerdos fiscales que se estaban negociando.

Para justificar el paso en falso que significa haber impulsado una ley violatoria de derechos constitucionales, el PRO trata de enfrentar a los trabajadores retirados del Banco Provincia con el resto de los bonaerenses, etiquetándolos como privilegiados culpables de usufructuar inmerecidamente de los recursos del Estado, como si el déficit que afecta a nuestra Caja de Jubilaciones fuera responsabilidad de quienes hemos trabajado sirviendo al Banco durante 30 o 40 años, aportando para nuestro retiro como trabajadores y como jubilados hasta que muramos, montos que ningún trabajador ni funcionario de la Administración o de la Justicia jamás hicieron ni harán.

Con manifiesta mala fe, el comunicado induce a interpretar que el déficit de nuestra Caja es el motivo del desequilibrio económico financiero de la Provincia y que los jubilados y pensionados del Banco son la causa por la cual el 45% de sus habitantes viven en la pobreza. Además, los dirigentes del PRO faltan a la verdad cuando dicen que nuestro régimen previsional tiene reglas “antiguas” mucho más beneficiosas que las de la inmensa mayoría de los bonaerenses, ignorando el efecto acumulativo de los cuantiosos aportes previsionales que hacemos y el derecho a contar con una tasa de sustitución digna a fin de poder sostener el nivel de vida que logramos con nuestro esfuerzo como activos. En realidad no pueden concebir que nuestras prestaciones previsionales sean superiores al magro promedio del resto de los bonaerenses. Es un escrúpulo discriminatorio, porque no manifiestan lo mismo de las jubilaciones del poder judicial o las de los legisladores o funcionarios del Ejecutivo, retiros con los que seguramente ellos mismos contarán en el futuro, dependiendo también del mismo presupuesto provincial (“en rojo”) que nosotros.

La situación de inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires es histórica, y se agrava por la irresponsabilidad de las sucesivas administraciones; es decir, por la clase política siempre dispuesta al conchabo de militantes, al subsidio clientelista y a los negocios turbios. El objetivo electoral es prioridad, antes que la austeridad en las cuentas públicas. El saneamiento, la sustentabilidad y equidad el Estado solo se logrará atacando esos males, no despojando de ingresos a 15000 jubilados del Bapro.

La ley 15008 es una catástrofe porque fracasa en su declarado objetivo de sanear el sistema, porque esto nunca podrá lograrse violando derechos constitucionales. Tiene defectos técnicos producto de la improvisación y la falta de consenso. Es absurdo que la Provincia se quite de encima el déficit ignorando su responsabilidad constitucional de garante de la seguridad social  y se lo cargue a su Banco, a menos que quiera quebrarlo.

Por eso asombra esta posición del PRO, cuyo discurso incluye conceptos como república, transparencia, respeto a la ley y las instituciones, etc., etc. La ley 15008 es todo lo contrario y por eso miles de beneficiarios de la Caja de Jubilaciones debimos recurrir a la Justicia, cuya instancia superior, la Corte, está dando claras señales de que si falla lo hará declarando la inconstitucionalidad de los artículos controvertidos de la ley.

Nos preguntamos si este PRO cercenador de derechos de los jubilados del Bapro es el mismo PRO que acaba de votar favorablemente una ley previsional en Tierra del Fuego que habilita a jubilarse a los 55 años de edad con hasta 88% de tasa de sustitución. ¿Los principios con que se manejan dependen de la conveniencia política de cada momento?

En cuanto al proyecto de ley presentado por el gobernador Kicillof en acuerdo con la Asociación Bancaria y con la connivencia de algunas agrupaciones de jubilados, reiteramos nuestro categórico rechazo al mismo, pues es una trampa para los beneficiarios de la Caja al consolidar la enorme pérdida de haberes producida desde enero 2018 hasta la actualidad, por aplicación de la actualización del régimen general de la ANSES, mediante las leyes 27541 (que suspendió el sistema anterior más favorable y habilitó al PEN a aumentar por decretos en 2020) y la ley 27609 actual que no contempla los índices de inflación. Esto, entre otros perjuicios para activos y jubilados respecto a la ley 13364/13883.

Por lo expuesto, con respeto, solicitamos a los políticos del PRO que reflexionen, que estudien a fondo cómo es nuestro sistema previsional. Se van a enterar que la gran mayoría de los jubilados como activos durante muchos años aportamos el 21% y luego el 19%, además del primer mes de sueldo completo, todos los primeros aumentos de haberes y los que obtuvimos cuando tuvimos ascensos en el escalafón. Además, ya jubilados aportamos el 10,82% hasta el fin de nuestros días. También van a descubrir que la tasa de sustitución del 82% es mentirosa, ya que no incluye en su cálculo los cuantiosos pagos “no remunerativos” que el Banco paga “en negro”, eludiendo aportes previsionales.

¿Por qué creen que las instancias contencioso administrativas de la Justicia están fallando a favor de los trabajadores del Bapro retirados? Solo falta que la Corte asuma su responsabilidad institucional y falle de una vez por todas, a fin de subsanar los graves errores y perjuicios causados por la clase política, entre cuyos integrantes se encuentran los firmantes del comunicado del PRO – Provincia de Buenos Aires.