Muchos colegas jubilados –fundamentalmente nuevos- han planteado su extrañeza respecto a tener que seguir haciendo aportes a la Caja una vez terminada su condición de trabajadores activos. Tal inquietud es muy pertinente, ya que en nuestro sistema previsional cada beneficiario se paga a sí mismo prácticamente una de cada diez prestaciones que percibe. Por otra parte, algunos jubilados muestran inquietud por la discriminación que significa que algunos aporten solamente el 2% mientras que a la inmensa mayoría se le deduce casi el 11% de su prestación bruta, lo cual repercute significativamente en sus ingresos netos, pues su incidencia es mucho mayor que el 14% que se aporta estando en actividad.
LA CUANTÍA DEL APORTE:
Debe comprenderse que este problema que tenemos miles de jubilados y pensionados del Provincia, se origina en la ley que rige actualmente nuestro sistema jubilatorio, que es la 13.364 (modificada por la 13.873) puesta en vigencia por la Caja en Diciembre de 2008. Lamentablemente dicha ley, apoyada por la Unión Jubilados, Circulo de Jubilados, Asamblea Permanente, UPJ y Comisiones Gremiales Internas del Interior, determinó que el Aporte haya pasado del 2% al 10% en su base.
Por supuesto que nuestra entidad estuvo en contra de ello. Tanto es así que en el anteproyecto que presentamos en su oportunidad no constaba ningún Aporte del Beneficiario, ya sea deducible en forma mensual, o como ocurre actualmente que también se aporta por incremento de prestaciones.
Lamentablemente, desde Diciembre 2008 y hasta la actualidad el Aporte sigue siendo del 10,82% sobre toda remuneración previsional, para la inmensa mayoría de los beneficiarios. La incidencia y por ende el cargo a nuestros bolsillos es significativa, al igual que aquellas deducciones que se han hecho durante el transcurso del año por incrementos de prestaciones, que ni siquiera son descontadas en cuotas como ha pedido nuestra Asociación.
Agravando la situación, cabe destacar que en ese aporte un 0,82% es un adicional ilegal, ya que la ley marca claramente que el Aporte será del 10%, salvo que hubiera una resolución de directorio elevándolo con posterioridad a la vigencia de la ley, lo cual de ninguna manera ocurrió. Este despojo fue y es avalado por aquellos que representan a jubilados y pensionados en el Directorio de la Caja, señores Bettaglio y Pirillo de la Unión Jubilados y señora Gómez y señor Barros de la Asamblea Permanente y Círculo de Jubilados, que ni siquiera han dado respuesta a los reclamos efectuados.
En efecto, nuestra entidad y miles de beneficiarios presentaron reclamos individuales al respecto. Las nuevas autoridades de la Caja y su nueva Administración se habían comprometido a revisar y responder tales requerimientos, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.
Teniendo en cuenta todas las prestaciones a cobrar en el año, estamos pagando ilegalmente un exceso de alrededor de $ 200 mensuales promedio. Calcule cada uno cuántos Miles de Pesos le han sustraído de sus ingresos en todo este tiempo, con el aval de aquellos que nos tienen que representar en el Directorio de la Caja.
Esperamos que administrativamente, como corresponde, se corrija esta distorsión y se devuelva a los beneficiarios todo lo retenido de más. La Caja es de los beneficiarios y sus funcionarios deben regirse por la ley y tienen obligaciones en ese aspecto. El Patrimonio de la misma ha sufrido deterioros por haberse actuado incorrectamente y los tribunales en muchos casos fallaron en contra de las resoluciones equívocas de aquellos; por lo cual esperamos que en este caso no se tenga que llegar a la vía judicial.
Cabe señalar que hay muchas propuestas presentadas para reemplazar los ingresos que disminuirían por adecuarse a la ley. Una de ellas está al alcance de la mano, como es el cobrar mensualmente por la utilización de la marca “Provincia Seguros” que la homónima Sociedad Anónima con participación del Banco en un 60% y de la Caja en un 40% usufructúa gratuitamente, ante la negligencia (por lo menos) de los representantes de los jubilados y pensionados en el Directorio de la Caja, de los representantes de la Caja en Provincia Seguros (directores señores Javier Marcos Eguren de las CGII, Dr. Casanovas, Marcelo Alberto, representante del Banco en la Caja, señor Juan Carlos De Rosa de la Unión Jubilados y sindico suplente Dr. Tancredi, Fernando Martín, Sindico Titular también de la Caja y que representa a las CGII.) y en definitiva de todo el Directorio de la Caja que han omitido accionar en defensa de los intereses de la Institución.
Deben tomar conciencia los beneficiarios, que contrariamente al tema del impuesto a las ganancias que afecta nuestros bolsillos donde resultan necesarios fallos judiciales del máximo tribunal o convencer a legisladores o al Poder Ejecutivo para excluirnos o rebajar la carga; en el caso del Aporte del Beneficiario solo es necesario que la Caja administrativamente aplique la ley para ajustar un descuento que significa seguir aportando para nuestra propia prestación.
DISCRIMINACIÓN ENTRE PARES:
En cuanto a la importante diferencia (2% vs. 10,82%) que existe entre los aportes que hacen unos y otros jubilados con la misma categoría escalafonaria, deben conocer los nuevos beneficiarios que la ley vigente antes mencionada estableció el 10% como piso, mientras que un conjunto de jubilados que se retiraron en época de la ley 5678 en sede judicial obtuvieron el 82% del haber del activo y el 2% de aporte. Pero para otros que ya habían logrado el 82%, lamentablemente hay una resolución judicial del máximo tribunal de la Provincia (causa Velurtas) que falló en contra de sus pretensiones de que también se les redujera el aporte, aspirando a equipararse al grupo mencionado.
A raíz de esto se ha consolidado una situación de inequidad, ya que un grupo aporta el 2% (solo dejan de percibir $ 200 sobre una remuneración bruta de $ 10.000) mientras que la mayoría de los jubilados y pensionados aportan el 10,82% (es decir, $ 1.082 sobre los $ 10.000); más de 5 veces lo que aportan los primeros.