La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública
El 28/11/19, refiriéndonos a la inminente asunción de nuevas autoridades en la Nación, la Provincia, el Banco y la Caja, difundimos un comunicado que en su primer párrafo expresaba sobre el cambio que “ … genera nuevas expectativas para nosotros, con la esperanza de que nos vaya mejor a todos y fundamentalmente que no seamos nuevamente perjudicados”.
Pero a partir de lo que van disponiendo los nuevos funcionarios, especialmente por la puesta en vigencia de la ley del encabezado, tales esperanzas no solo han desaparecido sino que se transformaron en enorme preocupación por el futuro poder adquisitivo de nuestros ingresos previsionales.
El discurso ha disfrazado de “solidaridad” lo que en realidad es un fuerte ajuste económico, con suspensión del esperado incremento, ya devengado, para los jubilados de la ANSES con haberes superiores a $ 19.068 y un fuerte “impuestazo” en Bienes Personales, Ingresos Brutos, retenciones a la exportación y alícuotas municipales y provinciales (aún en discusión). Todo esto en el marco de un proceso inflacionario que socava nuestros ingresos.
Desgraciadamente, entre las “víctimas” obligadas a ser solidarias estamos los jubilados y pensionados del Bapro. Lo único en que podría habernos favorecido en 2020 la ley 15008 era el incremento basado en coeficientes surgidos de la inflación del 2019, con los que posiblemente recuperaríamos algo de lo perdido en períodos anteriores, en el orden del 20/25%.
Así como la connivencia entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales de la administración anterior nos perjudicó desenganchándonos de la paritaria bancaria, amparándose en el perverso discurso de que somos “jubilados de privilegio”, ahora la nueva gestión, lejos de reparar tal injusticia no hace más que agravarla, redoblando el perjuicio porque nos incluye en el repudiado universo de “los que más tienen”.
La suspensión de la movilidad del ajuste establecida por la ley 27.541 por 180 días, hace que el futuro sea muy poco halagüeño para nosotros. Se prometen aumentos trimestrales para marzo y junio, a fijar arbitrariamente por las autoridades, posiblemente mediante sumas fijas, que no hacen más que provocar distorsiones e injusticias.
Lo que se avizora es que tales pagos no alcanzarán el porcentaje (ya devengado) que nos hubiera correspondido sin suspensión de la movilidad. Obviamente, esta iniciativa del Gobierno tiende a disminuir los montos a erogar para el pago de miles de jubilados, a fin de disminuir el déficit fiscal y tener más capacidad de repago a los acreedores titulares de bonos (muchos en cabeza de fondos del exterior) y otras obligaciones del Estado. Una decisión macroeconómica ortodoxa donde quedan claras las prioridades y quiénes deben soportar la carga.
Esto es muy grave compañeros, porque no solo repercutirá negativamente en nuestros haberes (¿no se había prometido ”poner plata en los bolsillos de la gente”?), sino que también habrá menos ingresos para nuestros Servicios Sociales, especialmente para la Mutual, a la que sus autoridades el año pasado declararon en serio peligro y ahora, en el documento emitido con motivo del saludo del fin de año, dicen que “harán las correcciones necesarias”. Al margen, reiteramos nuestra convicción de que los afiliados activos deben aportar a la Mutual por la totalidad de sus remuneraciones, tal como lo hacen al gremio.
Ojalá nos equivoquemos, pero como viene desarrollándose el ajuste, damos por descontado que la ley 15008 seguirá en vigencia, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones del Gobernador; que dijo haber recibido una provincia arrasada y todo su esfuerzo está encaminado a conseguir fondos para hacer frente a esta situación. Respecto al déficit de nuestra Caja de Jubilaciones, recordamos que en numerosas oportunidades Grupo Siglo propuso medidas para su atenuación, hasta hoy ignoradas sin explicación alguna.
A esta altura llama la atención el silencio de la Comisión de Defensa de la Caja, que no ha emitido palabra al respecto, cuando en otros momentos llamó urgente a movilizaciones, encuentros, abrazos y distintas acciones. Lo mismo cabe para el sector gremial, encabezado por el propio sindicato. Salvo que la consigna “Acá no se rinde nadie” sea selectiva en función del color del gobierno de turno; o que, para algunos, haya ajustes buenos y ajustes malos, según sea quien los haga.
Hasta ahora tampoco se han expresado las distintas entidades de jubilados, excepto la UJ que publicó una solicitada reclamando a la Corte un fallo declarando la inconstitucionalidad de la ley 15008. En este sentido nos seguimos preguntando si no hubiera sido más lógico acudir al Poder Ejecutivo y Legislativo provincial para que sea elaborada una ley que retrotraiga las cosas al régimen anterior, derogando la 15008; máxime cuando el anterior oficialismo provincial ha sido desplazado del poder.