Ha vencido la conciliación obligatoria y se ha extinguido la mesa de diálogo, de modo que nos encontramos ante una nueva instancia del conflicto; circunstancia oportuna para comunicar a los jubilados y pensionados y a los compañeros activos, las consideraciones que nos merecen las acciones llevadas a cabo hasta el momento. Cabe mencionar que durante el transcurso de lo anterior hubieron dos jornadas con protestas de jubilados en Casas y sucursales del Banco y que existe una generalizada confusión por las comunicaciones que surgen de diferentes vertientes (en redes sociales o difundidos por correos electrónicos o chats), puesto que algunas pareciera que no persiguen el objetivo de defensa de la Caja, sino otro.
Por un lado nos parece raro que un conflicto por un régimen jubilatorio provincial sea objeto de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, y todavía más extraño que una de las partes (la gremial) la acate rigurosamente (hasta retirando cualquier cartel de rechazo del frente del edificio del Banco) y la otra (la Provincia) durante las negociaciones no detenga el proceso de la ley cuestionada observándola, sino que, por el contrario, la promulgó y también publicó en el Boletín Oficial, actitud que a nuestro entender implicó en los hechos el rompimiento de la conciliación obligatoria desde el primer momento.
Por otra parte, si bien resultó razonable la apertura de una mesa de diálogo, como reiteradamente expresamos, el sector de los jubilados debería haber contado con representantes en la misma. Nuestra entidad lo intentó pero el sector gremial nos indicó claramente que solo participarían el sindicato y las comisiones gremiales internas, quedando excluídos los jubilados. Sobre esa negociación no se sabe (salvo por trascendidos) qué temas se abordaron, pero todo indica que se apuntaba a modificar algo ya impuesto, por lo que se daba por hecho que no se aspiraba a derogar la 15008 sino a modificarla, lo que parecería que no fue posible, existiendo intransigencia de los negociadores sobre ciertos puntos. Terminada esa mesa de diálogo sería importante que desde el sector gremial explicaran públicamente a todos los beneficiarios, qué puntos se abordaron y en dónde estuvieron las discordancias; y si, como pidió reiteradamente nuestra entidad, se solicitó la suspensión de la ley para luego negociar modificarla.
Se supone que tanto en la conciliación como en el caso de la mesa de diálogo, tras cada encuentro concretado o fallido, se debieron levantar actas relatando lo ocurrido, siendo firmadas por ambas partes o solamente por la que concurrió si la otra estuvo ausente. La publicación de dichas actas podría esclarecer qué se negoció y qué intransigencias hubo.
Paralelamente, hasta ahora no se ha logrado conformar una comisión de jubilados, dado que quienes la sugirieron no les interesó concretarla pese a que hubo iniciativas en tal sentido de nuestra entidad y otras; pero por otro lado las dos entidades que tienen representantes en el directorio de la Caja no expresaron su deseo de participar, lo que hubiera sido importante para defender directamente a todos los jubilados y pensionados, y no a través de terceros.
Ahora nos encontramos con los paros dispuestos por el sector gremial, en principio para el 1 y 2 de febrero, que acompañamos en la medida que la protesta conduzca claramente a los objetivos de SUSPENDER la ley, abrir una nueva negociación con la participación de representantes de las entidades de jubilados y fundamentalmente que de acordarse una nueva legislación, la misma EXCLUYA CUALQUIER APORTE DE TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS PARA PAGAR SUS PROPIAS PRESTACIONES.