Un resumen de lo acontecido y del rol que le cupo y cabe a la Comisión de Defensa de la Caja
Siempre es imprescindible la comunicación con los beneficiarios de la Caja, pero mucho más cuando resultan afectados por la modificación de su régimen legal. Por eso, cuando en noviembre de 2016 se creó la Comisión de Defensa de la Caja (y en ese momento de los Servicios Sociales), los jubilados y pensionados esperaban que esa comisión tuviera éxito y fuera permanente la comunicación y consulta con todos antes de diciembre 2017 y naturalmente después de la sanción de la ley 15008 que hoy rige los destinos de los afiliados.
Entre los integrantes de esa Comisión había gente de buena fe que sin duda aspiraban a defender a la Caja y su régimen legal, pero algunos se habían equivocado cuando en oportunidad de la discusión por la modificación de ley 13364 decidieron mantener el Aporte del Beneficiario y se resignaron a cambiar la mayoría en el directorio de la Caja, contrariando lo que nuestra entidad pregonaba en ese momento. No obstante, esperábamos que ahora trabajaran con ahínco para lograr esos objetivos, tomando contacto con legisladores y funcionarios con responsabilidad en el cambio de nuestro régimen legal e informando al conjunto de beneficiarios sobre el transcurso de los acontecimientos.
Lamentablemente nada de eso ocurrió ya que los afectados no recibimos información sobre gestiones que se hubieran hecho ni sobre lo resuelto (actas) en las reuniones.
Por el contrario, circularon vía redes sociales o por correos electrónicos profusos comunicados de integrantes de esa Comisión indicando que SE VENÍA LA ARMONIZACIÓN. Suponemos que quienes informaban eso algún dato tendrían, más si a veces estaba involucrado en ello el sector gremial. Y así fueron pasando los meses desde noviembre 2016 sin que orgánicamente se informara nada a los beneficiarios.
Por otro lado, y a medida que la inacción de esa Comisión se hizo evidente, algunos miembros de directorio de la Caja ligados al sector gremial mantenían reuniones en el interior con afiliados, comentando lo que luego sería la modificación de régimen legal de la Caja; y otros integrantes alertaban que era inminente la armonización, pero oficialmente la Comisión permaneció en silencio.
Es importante destacar que previo a la sanción del nuevo régimen legal, hubo un comunicado del 13/11/17 de una asociación que ahora dice que no sabe en quien confiar, expresando claramente que después de la segunda reunión de la Comisión en diciembre 2016 no hubo otras, por lo que en octubre del 2017 pidieron una reunión a un director gremial de la Caja sin tener respuesta; lo que provocó la solicitud de una reunión urgente, dada la reforma previsional que se estaría proyectando.
Se dirigían al mismo director que en reuniones en el interior hablaba de la reforma y hacía mención de que la Provincia no quería ser garante del financiamiento de la Caja.
Se conocieron los comunicados 1 y 2 de fines del 2016 y 3 del 21/11/17 de la Comisión de Defensa. Este último tras la reunión de urgencia solicitaba, lo que a buen entendedor fue porque cuando el río suena agua trae y pareciera que algunos ya conocían cuánta agua traía. Puede suponerse que la Comisión se confió en que el sindicato llevaría a buen puerto las negociaciones previas mencionadas por autoridades de la administración provincial o la Legislatura, como surge en algún audio de dominio público cuando éstas intentaron justificar la nueva norma ante medios de difusión.
En definitiva, se llega a la presentación del proyecto de reforma por parte de la Gobernación, y en ese momento la inmensa mayoría de los afiliados resultamos sorprendidos, lo que no debe haberles ocurrido a aquellos que conformaban la Comisión de Defensa y anticipaban que se venía la armonización. El sindicato puede negar contactos previos, los sectores gremiales del Banco pueden desconocer los contactos del sindicato, pero los beneficiarios sacarán sus propias conclusiones, fundamentalmente después de los siguientes hechos:
En la cámara de diputados provincial se aprueba la modificatoria por 44 votos a 4, cuando la oposición tenía 48 representantes y un diputado provincial ligado a la Mutual del Banco y al sector gremial anticipaba que no sería aprobada dado lo citado anteriormente. ¿Qué pasó?
Luego viene una conciliación obligatoria nacional, que por su carácter tenemos dudas sobre si no abarcaba solo el tema paritario, conflictivo en ese momento. Paralelamente se abre una mesa de diálogo con el gobierno provincial, pero de esas reuniones no se informó nada oficialmente, habiendo solo audios de preguntas y respuestas en algún plenario entre delegados de base que consultan y algunos dirigentes que contestan. Lo fundamental es que no sabemos exactamente qué se trató en la mesa de diálogo, y por la respuesta gremial recibida a la pretensión de participar de nuestra entidad, solo habrían formado parte el sector gremial del Banco y el Sindicato. Es decir que la Comisión de Defensa como tal no habría participado o habría decidido delegar en el sector gremial la representación, sin consultar o comunicar a los beneficiarios.
En el transcurso de la conciliación y mesa de diálogo se promulga la ley 15008 y luego se publica, entrando en vigencia el 16 de enero de 2018. Esta actitud del poder provincial a nuestro entender implicó de hecho el rompimiento de la conciliación, pues ignoraba a la mesa de diálogo y por consiguiente, a la pretensión que debería haber tenido el sector gremial de que la ley no entrara en vigencia. Todos fuimos testigos de que pese a esa decisión gubernamental, confrontativa, no hubo ninguna medida de fuerza en ese momento, sino que se continuó cumpliendo lo pactado aun cuando la otra parte había burlado su compromiso.
Pese a que nos trataron de jubilados de privilegio y la administración provincial se despachó por los medios de difusión con argumentos falaces y malintencionados destinados a poner a la opinión pública en contra de los bancarios del Bapro, a la Comisión de Defensa de la Caja no se le ocurrió en ese momento publicar una solicitada con los argumentos que, entre otros, brindó nuestra entidad para defendernos de tal injusticia.
Posteriormente alguien, suponemos el sindicato, determinó que la vía judicial es la que se debe seguir y ante la Corte provincial hizo la presentación de inconstitucionalidad. Pero la misma fue patrocinada por un profesional con dilatada y cuestionada trayectoria en nuestra Caja de Jubilaciones, cesanteado luego por la administración anterior de la Caja. Estos antecedentes pareciera que no alcanzaron para que los integrantes de la Comisión de Defensa de la Caja objetaran la vía elegida para resolver el conflicto y, peor aún, que la responsabilidad cayera en ese profesional. Tampoco fue objetado el contenido de la presentación; que, como ya expresáramos, al menos en lo que refiere al aporte del beneficiario, parece más una defensa de su anterior implementación, la que ahora sirve de antecedente para que continúe para siempre.
Concurrimos a La Plata a la marcha a la Corte Suprema, sin conocer el texto de lo que se iba a presentar ni quién era el profesional encargado de ello. Si los integrantes de la Comisión lo conocían lo ocultaron a los beneficiarios, y si no lo sabían sería una prueba más de su inutilidad.
Hasta el día de hoy, los jubilados y pensionados y suponemos la mayoría de los activos, carecen de información sobre el avance del trámite judicial, habiendo solo trascendidos de terceros sobre eventuales medidas o contestaciones, que parecen contrarias a nuestros intereses.
Contemporáneamente a estos sucesos, cabe señalar que cuando la Caja no aplicaba la deducción específica para jubilados y pensionados (hasta mediados de 2017) la Comisión no acompañó el reclamo de nuestra entidad y no se ocupó del tema. Lo mismo ocurrió a principio del 2018 con el reclamo por la liquidación de la cláusula gatillo a los beneficiarios de la Caja y ahora cuando debía reconocerse el 10% de incremento desde enero 2018.
Pretendían y pretenden los beneficiarios de la Caja que los integrantes de la Comisión los hubieran defendido adecuadamente, reuniéndose periódicamente, elaborando propuestas para defender nuestra Caja, manteniendo contacto y dialogando con aquellos que podrían modificar nuestro sistema previsional, y fundamentalmente dando información y participación a todos, sin delegar en nadie en el caso de jubilados y pensionados, su representación.