La Corte dio la razón a los reclamos promovidos por nuestra entidad

La Caja está incrementando los haberes de afiliados que reclamaron por la ilegal falta de inclusión en ellos de las sumas no remunerativas, y deberá pagar considerables reajustes para cumplir con la ley.

Nuestra Asociación Civil con personería legal siempre reclamó (lamentablemente en soledad) por esa violación y promovió las presentaciones administrativas, que luego los beneficiarios en forma individual llevaron a la Justicia, la que y mediante decisión de su máximo tribunal provincial ha fallado a su favor.

Los numerosos jubilados que iniciaron hace más de 10 años causas contra la Caja hoy se ven reconocidos (aunque tardíamente) en forma definitiva. Hay que estar atentos y expectantes a que se conozcan nuevas decisiones favorables al respecto y a que la Caja cumpla con lo dispuesto, aunque ya tenemos ejemplos que lo estaría haciendo.

Este reclamo ahora reconocido legalmente, nunca fue acompañado por las gremiales y otras entidades de jubilados, y significa que tanto el Banco como la Caja nunca cumplieron con la ley, lo que no solo perjudicó a los beneficiarios, sino –como lo hemos dicho reiteradamente- también a los servicios sociales.

Es de singular importancia que se reflexione sobre el cumplimiento de la ley y que el  Banco no haga pagos no remunerativos más, aun con el consentimiento gremial y la falta de reclamo de las entidades cuyos asociados resultan afectados.

El caso paradigmático es la Mutual. Si bien entendemos que sus problemas actuales y desde hace tiempo se generan principalmente por los gastos derivados de un plantel de personal que ha crecido desproporcionadamente y para peor con haberes que no corresponden a la actividad de sanidad que desarrollan, también han mermado los ingresos por retenciones a los activos y contribuciones del Banco sin incluir una parte muy importante de las remuneraciones de los empleados.

Lamentablemente se viene corroborando la falta de solidaridad de las gremiales, porque por un lado los trabajadores aportan sobre su total de remuneraciones (blancas, grises y negras) a la Bancaria pero no lo hacen a los servicios sociales y son cómplices de que el Banco tampoco lo haga. Cuántos millones de pesos, desde hace muchos años, no ingresaron a la Mutual (y a las otras entidades del personal) sin que sus directivos digan nada y por el contrario irresponsablemente hayan acordado sueldos ajenos a la actividad y hayan incrementado discrecional y desmesuradamente (sin concursos) su plantilla de empleados; los que, agravando la situación hoy afectan con medidas de fuerza la atención de los afiliados, especialmente a jubilados y pensionados.

Mientras tanto los jubilados y pensionados aportan sobre el total de sus remuneraciones, no solo el aporte mensual (que también incluye a los incrementos que por primer mes no cobran) sino que también el adicional de “emergencia y transitorio” que también se liquida de esa manera.

Esperamos que hacia el futuro no se vuelva a convalidar esta práctica de pagar ilegalmente remuneraciones sin aportes.  Nuestros asociados y los beneficiarios en general saben quiénes se han doblegado y traicionado sus intereses por acción u omisión. Deseamos que eso no ocurra nuevamente, ahora que dejando de lado un posible fallo favorable de la Corte por inconstitucionalidad de la ley 15008 se está negociando no sabemos qué.

Aumento de prestaciones previsionales desde Diciembre 2020

Nuevamente por decreto y sin fórmula de ajuste, el PEN anunció un incremento del 5% a partir del 1º de Diciembre del 2020 para los jubilados generales de la ANSES.

Después del decreto 261/20 del gobernador, y las presentaciones de los órganos de la provincia de Buenos Aires y la Caja en la audiencia informativa convocada por la Corte Suprema, a nadie puede quedarle dudas respecto a cuál es la verdadera posición de la Legislatura y del Poder Ejecutivo provincial respecto a la ley 15.008, que ratifican y defienden decididamente. Esto, pese a las promesas hechas por las actuales autoridades a muchos compañeros, a los que han engañado en su buena fe.

Al no haber cambios en el régimen legal que nos rige, seguimos dependiendo de la interpretación arbitraria del funcionario provincial a cargo del directorio de la Caja, en cuanto a si nos corresponde el aumento mencionado o el anterior fijado por ley, ya que sin duda alguna, el nuestro es un régimen previsional especial.

Esto último, que venimos sosteniendo desde el principio, fue convalidado por quien habló por la Bancaria en la audiencia virtual informativa mencionada. Siempre estuvimos en contra de perder la movilidad por los aumentos paritarios (pero tomando REMUNERACION TOTAL, como ahora ha convalidado la Corte en por lo menos dos fallos); pero ante la decisión política de cambiar por otro sistema de movilidad, nos parece que la Comisión de Defensa de la Caja debería haber defendido a los afiliados destacando que el nuestro es un régimen especial, por lo que no correspondía que fuera incluido en la modalidad de aumentos arbitrarios por decreto, solo aplicable al régimen general. Fueron exceptuados otros regímenes previsionales, como los funcionarios y magistrados de la Justicia, docentes, investigadores y científicos, etc.

El nuevo sistema que se quiere implementar para ajustar a los jubilados y pensionados a partir del año que viene debe ser tratado en el Congreso Nacional. Al margen de haber existido la intención, finalmente desechada, de que el 5% de aumento fuera tomado a cuenta de aumentos futuros, cualquier fórmula que determine un incremento trimestral o semestral menor a la inflación será un nuevo golpe para todos los beneficiarios, ante la inacción de la Justicia en su nivel superior. En otro comunicado nos referiremos al proceso por la ley 15008.

Si se hubiera aplicado la fórmula dejada de lado por los decretos del PEN, el incremento acumulado hubiera llegado al 42,02%, de modo que es evidente la merma en los ingresos cuando comparamos la prestación previsional de diciembre de 2020 con la de diciembre 2019. Hasta ahora también resulta inferior el incremento logrado por tramos por la paritaria bancaria, de modo que, aunque nadie se queje o diga nada, otra vez se perjudican los afiliados y por ende la MUTUAL. Cuando se conozca la inflación total del año veremos cómo nos han licuado el salario.

Adicionalmente se nos ha perjudicado con el impuesto a las ganancias, ya que la deducción especial ha aumentado mucho menos de lo que tendría que haber sido, y peor para aquellos que no tienen este beneficio y dependen del mínimo no imponible, que fue ajustado solamente en enero y durante el año tendrá un severo desfasaje respecto a la inflación.

Cabe destacar que hubo una resolución de la Cámara Federal de Paraná declarando inconstitucional los decretos que reemplazaron la fórmula de movilidad, pero esto llegará a la Corte Nacional, en un trámite seguramente dilatado. Está claro que las autoridades de los nuevos gobiernos nacional y provincial han decidido ignorar los derechos de los jubilados, especialmente los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, y lo hacen con total impunidad ante la inacción de la Justicia superior.

Ratificamos que la problemática de nuestra Caja es política, ya que el origen y aprobación de la ley 15.008 fue consensuada entre las fuerzas partidarias representadas en la Legislatura; y ahora, siendo oficialismo lo que antes era oposición, no existe la más mínima voluntad para dejarla de lado.

Por lo expuesto, entendemos que debemos luchar para retomar la plena vigencia de nuestro régimen especial, y por supuesto sin el Aporte del Beneficiario mensual y por cada aumento, que lamentablemente drena significativamente nuestros ingresos netos.

Otro fallo de la Corte en favor de lo que siempre reclamamos

Se refiere a pagos no remunerativos

Aparece un nuevo fallo sobre sumas sin aportes ni contribuciones que el Banco pagó a sus empleados activos y el directorio de la Caja no trasladó como aumento a los jubilados, y tampoco consideró en la determinación de los haberes iniciales de los que se jubilaron desde el 01/01/2010. Se trata de montos de incrementos de haberes establecidos en los acuerdos paritarios de 2010 y 2011, negados por la Caja en los meses de enero y febrero de 2010 y el primer trimestre de 2011. Ahora, tales pagos han sido reconocidos para el haber de un asociado de nuestra entidad y otros colegas, según una sentencia de la Corte Suprema ratificando un fallo favorable de la Cámara.

Hay que reparar en que la Caja ya había perjudicado a todos los que se jubilaron desde el 2003 hasta el 2008 porque no les liquidó correctamente su haber inicial y además calculaba en menos los incrementos. Nos cansamos de reclamar esto, pese a que en su directorio había mayoría de directores por los afiliados, cinco (tres activos y dos jubilados) sobre siete.

Pero a partir del 2009, con la ley 13364 modificada persistieron determinando mal (a la baja) los haberes iniciales y arrebatándonos parte de los aumentos, no tomando nunca las sumas abonadas a los activos, que a pesar de no tener aportes y contribuciones formaban parte de su remuneración según lo establecido por la citada ley, y lo ratificado ahora por la Corte. Lamentablemente, para ese despojo existió la complicidad de las gremiales, aceptando evadir y que evadiera el Banco, y los directores que representaban a los afiliados en la Caja, que no reclamaban. Las entidades de los Servicios Sociales tampoco lo hacían, pese a nuestros reiterados pedidos en ese sentido, resultando perjuicios significativos, especialmente a la Mutual.

La derogación de la ley 13364 modificada en enero del 2018 y la vigencia de la nefasta ley 15008, hicieron que la Caja continúe perjudicando a sus beneficiarios, ya que no solo no otorgó el incremento del 10% desde enero 2018 sino que también calculó en menos de lo que correspondía el haber inicial de todos los que se jubilaron desde ese mes, pues con su metodología seguramente no computó las sumas sin aportes. Obviamente, se siguieron reduciendo los ingresos para AMEBPBA, sin que su comisión directiva reclamara nada, aunque nunca recibieron los aportes y contribuciones por el TOTAL DE LAS REMUNERACIONES como marca la ley, mientras que por las paritarias bancarias la Mutual debe reconocer a su personal sumas no remunerativas por las cuales no recibe aportes de los activos ni contribuciones del Banco.

Lo importante de este fallo, y el anterior reciente que comunicamos, es que la Corte ratificó que TODA LA REMUNERACION, como marca la ley debe estar sujeta a aportes y contribuciones.

Desde enero de 2009 hasta la fecha hubo numerosos pagos por los que no se efectuaron los aportes y las contribuciones a la Caja ni a los Servicios Sociales, y hasta diciembre 2017 la Caja tampoco los consideró para incrementar nuestras prestaciones. Nuestra entidad hizo reclamos institucionales y muchos jubilados coincidieron haciendo los suyos en forma individual. Las otras entidades no nos acompañaron, y las gremiales convalidaron esa metodología, contraria a los derechos de los pasivos y lesiva para los ingresos de las entidades de los servicios sociales en las que participan en su conducción.

Ahora el perjuicio se traslada a la Caja, pues deberá proceder a ajustar muchas prestaciones y eventualmente pagar los reajustes que correspondan, no solo de anteriores jubilados y pensionados sino también de los nuevos. Debería hacerlo de oficio, para evitar una catarata de juicios y significativos honorarios profesionales, así como el riesgo de cuestionamiento de los deberes de los funcionarios públicos anteriores y actuales. Asimismo, cabe reflexionar sobre las consecuencias negativas de la irresponsabilidad y negligencia de aquellos que por años representaron a los activos y a los jubilados.

Por otra parte, sería oportuno que el Banco tomara nota de estos fallos y empiece a liquidar los aportes y contribuciones sobre el TOTAL DE LAS REMUNERACIONES. Si no lo hace, los afectados deberían reclamar lo que les corresponde, por sus propios ingresos y para evitar que ante desequilibrios económicos de la Mutual se recurra al facilismo de aumentar el aporte de los afiliados.

En el caso de que la Caja no remedie total o parcialmente los perjuicios ocasionados a sus beneficiarios, respecto a eventuales acciones judiciales a iniciar ahora consideramos que deben evaluarse según las circunstancias de cada uno, y por supuesto con el asesoramiento profesional de alguien de su confianza.

Entendemos, por ejemplo, que aquellos que se jubilaron a partir de enero 2018 deberían pedir copia de la determinación de su haber inicial y reclamar por todos los conceptos que no les incluyeron por falta de aportes y contribuciones. Los jubilados con anterioridad a esa fecha podrían reclamar por los incrementos no otorgados por la Caja pidiendo la actualización correspondiente de su haber al acumularse todos aquellos que corresponden y no se los otorgaron. Según hayan hecho en su momento reclamos fehacientes podrían pretender un reajuste desde entonces, aunque condicionados por la prescripciones propias del tiempo transcurrido, circunstancia que determinará el eventual abogado patrocinante.

Nuestra entidad desde hace más de una década facilita a los jubilados y pensionados los modelos de reclamos administrativos que entendimos correspondían según la legislación vigente. Siempre hicimos la salvedad de que eran necesarios, si la Caja no accedía al pedido como generalmente ocurrió, que posteriormente el afiliado individualmente encarara una acción judicial.

Muchos miles hicieron reclamos, pero no sabemos cuántos luego litigaron. Por lo visto, a algunos la justicia les dio la razón y fundamentalmente ha respaldado el accionar de nuestra entidad, que permanentemente reclamó y reclama por los pagos no remunerativos.

Acerca del aporte extraordinario a la Mutual

Desde la emisión de nuestro comunicado del 19/08/2020 se han producido hechos u omisiones que ameritan nuevas consideraciones de nuestra entidad, destinadas a que todos los beneficiarios de la Caja cuenten con información veraz que les permita interpretar mejor la realidad.

Lamentablemente, hay tres entidades de jubilados cuyas comisiones directivas se han manifestado apoyando este arbitrario, inconsulto, discriminatorio e ilegal nuevo aporte a cargo de los jubilados y pensionados. Son las entidades que convalidaron el Aporte del Beneficiario que de por vida debemos hacer pagándonos una de cada nueve prestaciones que cobramos. Si bien muchos afiliados abrigaban la esperanza de que alguna de estas organizaciones adoptara una postura sensata en defensa de sus representados, eso no ocurrió. Por el contrario, se identificaron con las que participan directa o indirectamente en la conducción de AMEBPBA, generadora de esta medida facilista sin exponer previamente las cifras de su gestión. Es incomprensible poner como justificativo la pandemia de Covid 19 cuando la realidad es que desde fines de 2018 ya manifestaban tener serios problemas, lo que hizo que les arrimáramos propuestas para atenuar la situación.

La participación en redes sociales de los afiliados no se hizo esperar y, en la mayoría de los casos con nombre y apellido, hicieron y siguen haciendo conocer sus opiniones, manifestando en general diversos argumentos contrarios al incremento de aportes impuesto arbitrariamente. No es posible invocar la convalidación de parte de los afiliados cuando no fue realizada compulsa alguna para recabar sus opiniones. Valoramos la valentía de expresarse libremente pese a las denigraciones que sufren por hacerlo, y que obligaron en un caso a una carta personal de justificación y en otro a echar la culpa al Banco por la fijación de los porcentajes diferenciados.

Resulta sumamente necesario que todos tengamos conocimiento si hubo una resolución de la Comisión de los Servicios Sociales, fijando o avalando la decisión unilateral de la comisión directiva de AMEBPBA. Por tal razón hemos remitido los requerimientos que se adjuntan a fin de conocer si tal resolución existe, caso en el que entendemos todos deberíamos haber sido informados por el Banco y por la Caja, dada la afectación de ingresos para los activos y los jubilados. Cuando contemos con alguna respuesta la daremos a conocer, como es de práctica.

Ahora es importante destacar que la comisión gremial interna de la Mutual, avalada por la Asociación Bancaria, recientemente emitió un comunicado donde reitera críticas sobre la seguridad sanitaria en la Administración Central y en la Clínica, mencionan un descalabro financiero (o económico, diríamos), y un jugoso pago de un “plus por pandemia” a asesores; pero también reclama el pago del ROE que le adeudan al personal (sería desde enero 2020). Los jubilados y pensionados debemos tener en cuenta que este último concepto, que la Mutual ya habría pagado años anteriores, es una compensación que lograron los trabajadores bancarios en general por el impuesto a las ganancias que los afecta, y que los activos del Banco Provincia también cobran, aún haciéndose cargo el Banco de ese impuesto. Es una remuneración que se hace sin aportes ni contribuciones (salvo a la Bancaria) de modo que AMEBPBA no recibe ingresos provenientes del mismo, pero sí lo tiene que pagar a su personal incluido en el convenio bancario y contribuir a la Bancaria por el mismo.

Lo anterior seguramente implica una deuda de varios millones de pesos que no fue comunicada por AMEBPBA ni tampoco mencionada por las entidades que apoyaron el nuevo aporte extraordinario, además de quedar oculta por el silencio cómplice de las gremiales. En definitiva, como estas últimas conducen la Mutual y responden sin cuestionamientos a la Asociación Bancaria, ésta sería indirectamente quien la gobierna.

Pero el problema es más grave aún. Próximamente llegan otros importantes pagos no remunerativos dispuestos en los acuerdos paritarios del gremio bancario. En septiembre el Banco abona una gratificación por su aniversario, en noviembre los activos cobran un monto importante por el Día del Bancario y en diciembre corresponde la Gratificación de Fin de Año. Obviamente, estos pagos el personal de la Mutual tendría que recibirlos también, de modo que resulta evidente que el mayor aporte obligatorio de los jubilados y pensionados serviría para saldar la deuda y afrontar futuros gastos en personal de una Mutual de salud que paga remuneraciones de trabajadores bancarios. Esto es único en todo el sistema. Con esta estructura de costos nunca van a alcanzar los ingresos.

Cabe recordar que los pagos no remunerativos, en vigencia de la ley 13364 nunca fueron abonados por la Caja a los jubilados y pensionados, a pesar que en esa norma legal se hablaba de total de remuneraciones (blancas, grises o negras) como recurso para la Caja y, salvo nuestra entidad que siempre reclamó, los demás integrantes de la Comisión de Defensa de la Caja nunca lo hicieron pese a reivindicar dicha ley.

Entonces, como lo expresamos en anteriores comunicados no creemos que, sin aplicar medidas de fondo, la situación de la Mutual se solucione a partir de enero 2021, por lo que dudamos que este aporte que rechazamos sea transitorio. La arbitrariedad hace que esta medida inconsulta sea obligatoria para aquellos que, en el marco del cuantioso deterioro que vienen sufriendo los haberes previsionales, no están de acuerdo en aportar más. Lo que deberían haber hecho, suponiendo que contaban con el apoyo de pocos o muchos afiliados, es crear un registro de donantes para que se contribuya voluntariamente, en forma mensual y transitoriamente, hasta que la Mutual corrija sus desfases mediante medidas de saneamiento que deberían ser informadas claramente y en detalle a los afiliados. En tal caso no habría cuestionamiento alguno.

Por otra parte, y tomando las sugerencias de varios afiliados, entendemos que aparte del rechazo institucional que hemos efectuado según los adjuntos, corresponde que quienes se oponen al aporte extraordinario “transitorio” hagan su presentación individual, que sugerimos comunicar mediante correo electrónico al Gerente General de la Caja, haciéndole conocer que no han dado consentimiento a la retención, de modo de dejar una constancia que sirva para salvaguardar sus derechos.

Queremos una Mutual sana y transparente que preste servicios adecuadamente en forma directa o a través de terceros, a todos; que tenga el personal necesario, encuadrado como corresponde, y que deje de lado arbitrariedades, tomando sus resoluciones de fondo en consulta con sus afiliados, que son usuarios cautivos de la misma. Aquellos pocos que en forma desubicada denigran o insultan a afiliados con opiniones divergentes ordenándoles que emigren al PAMI o a prepagas, lo hacen porque no tienen argumentos para defender su posición. A esos autoritarios les instamos a que se inscriban como donantes a AMEBPBA, y dejen de hacer solidaridad con los haberes ajenos.

Correo electrónico remitido por nuestra entidad a la Caja de Jubilaciones

Correo electrónico remitido por nuestra entidad a AMEBPBA

RECLAMO POR NUEVO APORTE EXTRAORDINARIO A AMEBPBA

Aumento de prestaciones previsionales desde Septiembre 2020

Nuevamente por decreto y sin fórmula de ajuste, el PEN anunció un incremento del 7,50% a partir del 1º de Septiembre del 2020 para los jubilados generales de la ANSES.

Es evidente que no existe el más mínimo interés de la Legislatura ni del Poder Ejecutivo provincial de modificar o derogar la ley 15.008, pese a las promesas hechas a muchos compañeros, a los que han engañado en su buena fe. Entonces, al no haber cambios en el régimen legal que nos rige, seguimos dependiendo de la interpretación arbitraria del funcionario provincial a cargo del directorio de la Caja, en cuanto a si nos corresponde el aumento mencionado o el anterior fijado por ley, ya que sin duda alguna es el nuestro un régimen previsional especial de jubilaciones. Esto es gravísimo compañeros, por los enormes perjuicios que nos están ocasionando, lo que nos motiva a hacer las siguientes consideraciones:

El aumento que correspondía por ley desde Septiembre 2020 era del 9,88%, que sumado a los que hubieran correspondido en Marzo y Junio 2020 da un acumulado del 35,93%. Cuando cada uno de ustedes compare lo que reciba acumulado a fuerza de decretos, verificará la significativa pérdida en su haber mensual, teniendo en cuenta que estimamos que el promedio de aumento acumulado en nuestras prestaciones (marzo – septiembre) no llegará al 18%.

Pero el perjuicio no se limita a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ingresos, sino que también miles de beneficiarios resultarán adicionalmente castigados porque el aumento de la deducción específica será bastante menor, lo que significará tributar mucho más.

La jubilación mínima se fija por decreto en $18.128,85, que multiplicada por 6 fija el monto de esa deducción. O sea que a partir del 1º de Septiembre pasaría a $ 108.773,10. Antes del aumento de Marzo 2020 la mínima era de $ 14.068.- y si hubiera permanecido la ley suspendida sería $ 19.122,63 a partir de Septiembre 2020, con lo que la deducción específica hubiera alcanzado a $ 114.735,79.

Además, dependerá de la administración de la Caja que no tengamos un perjuicio adicional, ya que la misma debe tomar a principio de Septiembre 2020 el monto incrementado de la deducción específica para calcular la retención impositiva sobre los haberes a cobrar. En ese momento ya tendríamos el significativo monto extra a abonar a la Mutual.

Está claro que las autoridades de los nuevos gobiernos nacional y provincial han decidido ignorar los derechos de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones; y lo hacen con total impunidad ante la inacción de la Justicia. Ya casi han pasado nueve meses, y pese a lo que algunos prometían, la ley 15.008 no solo sigue vigente, sino que recientemente fue ratificada por el Decreto provincial 261/20, como explicamos en nuestro comunicado del 24/04. Además, otros regímenes especiales no fueron afectados por la suspensión del sistema de actualización, y tienen un ajuste de haberes mayor que lo que se ha hecho para el régimen general. Siendo el nuestro un régimen especial, bajo ningún punto de vista corresponde que nos apliquen el tratamiento del régimen general.

Ratificamos que la problemática de nuestra Caja es política, ya que el origen y aprobación de la ley 15.008 fue consensuada entre las fuerzas políticas representadas en la Legislatura; y ahora, siendo oficialismo lo que antes era oposición, no existe la más mínima voluntad para dejarla de lado.

Por lo expuesto, entendemos que debemos luchar para retomar la plena vigencia de nuestro régimen especial, y por supuesto sin el Aporte del Baneficiario mensual y por cada aumento, que lamentablemente drena significativamente nuestros ingresos netos.

El rumbo que está tomando este Gobierno autodefinido como popular, tampoco permite albergar esperanzas respecto a la excepción de impuestos a las jubilaciones, ni el respeto de los derechos adquiridos por jubilados que han hecho cuantiosos aportes a lo largo de su vida laboral, mientras se preservan los ingresos de sectores que pareciera no están obligados a ser “solidarios”, como funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Actualidad de la Caja de Jubilaciones

Lamentando la persistencia de la pandemia y las necesarias disposiciones de aislamiento social, deseamos que todos los beneficiarios continúen a resguardo de la misma. En ese marco, nuestra entidad entiende necesario hacerles llegar nuevas reflexiones sobre nuestro régimen previsional, esperando sean informados y participen a través de las redes y los correos electrónicos.

Ha trascendido que los fondos suministrados a la Caja por el Banco para que esta abone el 3 de julio en tiempo y forma los haberes de los jubilados y pensionados, han tenido como contraprestación un bono de $2.000 millones emitido por la Provincia, lo que evitará la afectación del patrimonio del Banco a raíz de ese pago. Se trata de una práctica que ya ocurría antes de la ley 15.008.

Como ya lo consignamos en su oportunidad, la Provincia gestionó asistencia de parte de la ANSES por $6.000 millones, para lo cual la Gobernación mediante una nota de su ministro de Hacienda y Finanzas exhibió como logro de la Provincia la ley 15.008, consolidando así su plena vigencia. Es posible deducir que con el bono antes referido, se haya trasladado una parte de esa asistencia nacional a la Caja; ya que la ley 15.008 prevé que el Banco debe ser acompañado por la Nación en el esfuerzo de solventar su déficit, sobre la base de acuerdos de armonización (Art. 11, inc. J y K).

Reiteramos a todos los afiliados nuestra histórica postura de rechazo al absurdo APORTE DEL BENEFICIARIO (bandera que lamentablemente no vemos levantada por muchas de las organizaciones defensoras de la Caja) y que no debe haber distintas clases de beneficiarios sino que cada jubilado debe cobrar en base a la categoría alcanzada, sin importar el momento en que accedió al beneficio y fundamentalmente teniendo en cuenta el total de las remuneraciones. Asimismo, resulta necesario aclarar que a nuestro entender el Banco no debe eludir su responsabilidad sobre el devenir de la entidad previsional, ya que es el principal responsable de su déficit porque siempre la gestionó.

Afirmamos que resolver el régimen legal de la Caja es una decisión política que incumbe a la actual administración provincial y/o a su legislatura. Asimismo, que para poder negociar en esos ámbitos sería necesaria la creación de una comisión dentro del ámbito del Banco, con participación de representantes de las comisiones gremiales internas y de las asociaciones de jubilados y pensionados, junto con la gerencia general del Banco y el directorio de la Caja. Recordamos que en nuestro caso, participamos cuando nos convocaron desde la Gerencia General del Banco y posteriormente le hicimos llegar propuestas.

Con propuestas y proyectos, siempre y cuando haya voluntad política, sería posible aspirar a una solución integral y definitiva para la Caja y para todos los jubilados y pensionados. Es la única vía, aun cuando la Corte Provincial pueda en algún momento fallar sobre el tema de la 15.008.

Las causas judiciales individuales, que por supuesto cada afiliado tiene derecho a iniciar, pueden lograr un eventual beneficio solo a quienes las encararon y una vez transcurrido el tiempo y superadas las instancias de apelaciones que hace la Caja. A corto plazo los beneficios de emprender acciones legales son para los profesionales que las llevan a cabo, con costo para el demandante, que debe solventar los honorarios que con todo derecho cobran, además de los gastos inherentes.

Respetamos la decisión de recurrir a la Justicia para defender los derechos conculcados, pero no debe perderse de vista que ante la eventualidad de éxito individual, el mismo no se traslada al colectivo de beneficiarios sino que cada uno deberá transitar el mismo proceso; pero el grave problema del déficit persistirá si no se adoptan medidas destinadas a la sustentabilidad del régimen.

El aumento de nuestras prestaciones previsionales desde Junio 2020

Otro despojo a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones

 Nuevamente por decreto y sin formula de ajuste, el PEN anunció un incremento del 6.12% para los jubilados generales de la ANSES a partir del 1º de Junio del 2020.

Es evidente que no existe el más mínimo interés de la Legislatura ni del Poder Ejecutivo provincial de modificar o derogar la ley 15008, pese a las promesas hechas a muchos compañeros, a los que han engañado en su buena fe. Entonces, al no haber cambios en el régimen legal que nos rige, seguimos dependiendo de la interpretación arbitraria del funcionario provincial a cargo del directorio de la Caja, en cuanto a si nos corresponde el aumento mencionado o el anterior fijado por ley, ya que sin duda alguna es el nuestro un régimen previsional especial. El antecedente de Marzo obra en contra de los derechos e ingresos de los jubilados y pensionados de nuestra Caja de Jubilaciones.

Esto es gravísimo compañeros, por los enormes perjuicios que nos están ocasionando, lo que nos motiva a hacer las siguientes consideraciones:

El aumento que correspondía por ley desde Junio 2020 era del 10.90%, que sumado al que hubiera correspondido desde Marzo 2020 (11,6%) nos da un acumulado del 23,7%. Cuando cada uno de ustedes compare lo que reciba acumulado a fuerza de decretos, verificará la significativa perdida en su haber mensual teniendo en cuenta que estimamos que el promedio de aumento acumulado en nuestras prestaciones (marzo y junio) rondará el 10%.

Pero el perjuicio no se limita a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ingresos, sino que también miles de beneficiarios resultarán adicionalmente castigados porque el aumento de la deducción específica será bastante menor, lo que significará tributar mucho más.

La jubilación mínima se fija por decreto en $16.864, que multiplicada por 6 fija el monto de esa deducción. O sea que a partir del 1º de Junio pasaría a $ 101.184.- Observen que antes del aumento de Marzo 2020 la mínima era de $ 14.068.- y si hubiera permanecido la ley suspendida sería $ 17.411.- a partir de Junio 2020, con lo que la deducción específica alcanzaría a $ 104.464.-

Además, dependerá de la administración de la Caja que no tengamos un perjuicio adicional, ya que la misma debe tomar el monto incrementado de la deducción específica para calcular la retención impositiva sobre los haberes a cobrar a principio de Junio 2020. Decimos esto porque existe como antecedente negativo lo ocurrido a principio de Marzo, cuando desestimaron el aumento.

Está claro que las autoridades de los nuevos gobiernos nacional y provincial han decidido ignorar los derechos de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones; y lo hacen con total impunidad ante la inacción de la Justicia. Ya casi ha pasado un semestre, y pese a lo que algunos prometían, la ley 15.008 no solo sigue vigente, sino que recientemente fue ratificada por el Decreto provincial 261/20, como explicamos en nuestro comunicado del 24/04. Además, otros regímenes especiales no fueron afectados por la suspensión del sistema de actualización, y tienen un ajuste de haberes mayor que lo que se ha hecho para el régimen general. Siendo el nuestro un régimen especial, bajo ningún punto de vista corresponde que nos apliquen el tratamiento del régimen general.

Ratificamos que la problemática de nuestra Caja es política, ya que el origen y aprobación de la ley 15.008 fue consensuada entre las fuerzas políticas representadas en la Legislatura; y ahora, siendo oficialismo lo que antes era oposición, no existe la más mínima voluntad para dejarla de lado.

Por lo expuesto, entendemos que debemos luchar para retomar la plena vigencia de nuestro régimen especial, y por supuesto sin el Aporte del Beneficiario mensual y por cada aumento, que lamentablemente drena significativamente nuestros ingresos netos.

El rumbo que está tomando este Gobierno autodefinido como popular, tampoco permite albergar esperanzas respecto a la excepción de impuestos a las jubilaciones, ni el respeto de los derechos adquiridos por jubilados que han hecho cuantiosos aportes a lo largo de su vida laboral, mientras se preservan los ingresos de sectores que pareciera no están obligados a ser “solidarios”, como funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La pandemia de la Caja de Jubilaciones

La sociedad está atravesando un momento muy difícil, especialmente los adultos mayores, al tener que mantenernos en cuarentena en nuestros hogares, aislados sin contacto físico con nuestros hijos, nietos y demás seres queridos. En este contexto, las autoridades de nuestra Caja de Jubilaciones nos agregan preocupación, perjudicándonos con medidas que afectan nuestros ingresos. Lo hacen arbitrariamente y sin explicación alguna a pesar de las consultas previas hechas por nuestra entidad y otras, y ocultando la publicación de los recibos hasta más no poder. Se trata de una actitud que como mínimo podemos calificar como irrespetuosa y despreciativa de la situación en que nos encontramos.

Se desprende de los recibos de haberes de Marzo que han aplicado un incremento del 2,3% mas $ 1.500.-, con lo cual se han apartado de lo que correspondía a nuestro régimen legal especial; excepto que esto sea a cuenta del aumento devengado, alternativa improbable solo contemplada por los más optimistas.

Esta decisión de las autoridades de la Caja es discrecional y discriminatoria, porque va en sentido opuesto al criterio que el Gobierno de la Provincia aplicó para los otros regímenes especiales de su sistema previsional, como por ejemplo los jubilados docentes del Instituto de Previsión Social, que recibieron aumentos derivados de la paritaria docente (16,6% hasta junio 2020). Ya explicamos en nuestro comunicado del 20/02 que la ley nacional 27.541 de “solidaridad”, establece claramente que aplica a los jubilados del régimen general (ANSES) y nosotros sin duda alguna pertenecemos a un régimen especial.

Sin ánimo de ser alarmistas, deseamos poner en conciencia de los jubilados y pensionados del Bapro que lo decidido por la Caja es lapidario para el poder adquisitivo de nuestros haberes, no solo en cuanto a su deterioro frente a la inflación, sino porque produce el achatamiento de la escala, distorsionando completamente la proporcionalidad histórica respetada desde la creación de nuestro sistema, ordenado sobre la base de los aportes de cada trabajador a lo largo de su vida laboral. Obsérvese que cuando aparezca el nuevo método de actualización de las jubilaciones anunciado por las autoridades nacionales (que seguramente ignorará la recuperación de todo lo que hemos perdido frente a la inflación) lo más probable es que su aplicación no sea retroactiva al trimestre Octubre-Diciembre 2019 sino que se calculará hacia el futuro, utilizando como base de cálculo los haberes degradados que tendremos a finales del primer semestre. Esto es muy grave porque viola en forma flagrante nuestros derechos, e irremediablemente será objeto de controversia en sede judicial, circunstancia que pareciera ser buscada por las autoridades de la Caja, fomentando la industria del juicio y especulando con la acotada expectativa de vida de los beneficiarios comparada con los extensos plazos que, desgraciadamente, requieren las resoluciones de la Justicia.

Además, aparece un gravísimo daño colateral, como es la disminución de aportes a los servicios sociales, fundamentalmente a nuestra Mutual, que por el despojo a los beneficiarios de la Caja recibirá en los próximos meses ingresos mucho más reducidos que los que le corresponden. Y esto ocurre en un momento crítico, como es la pandemia por el coronavirus, cuando necesitamos nuestro servicio de salud más fuerte que nunca.

Se trata de una realidad lamentable para todos nosotros y una enorme desilusión para aquellos que confiaban en que las autoridades del nuevo gobierno favorecerían a los jubilados y pensionados del Banco. Esta realidad es la única verdad y demuestra que han defraudado a los que confiaron en ellas de buena fe, engañando a muchos sacándose fotos y haciendo declaraciones prometiendo la derogación de la ley 15008. Sería necesario que esos políticos brinden explicaciones, al menos para intentar atenuar la opinión negativa que los afiliados tenemos sobre ellos.

Es inadmisible aplicar como justificativo el concepto de solidaridad, ya que todo lo que se ahorraron en no dar el aumento general y particular que correspondía a los jubilados, no fue para mejorar a los que menos ganan, sino para mejorar las cuentas fiscales a costa de los más indefensos y débiles.

Los jubilados y pensionados del Bapro hace rato que somos obligatoriamente solidarios. Por un lado por el despojo de aportar un porcentaje alto de nuestros haberes previsionales, condenándonos de por vida a pagarnos varias de nuestras prestaciones anuales (esto lamentablemente contó con el consentimiento de las gremiales y asociaciones de jubilados, contrariamente a la oposición que siempre sostuvo nuestra entidad) y, por el otro, por padecer la cada vez más baja tasa de sustitución respecto a los ingresos de los activos, al desconocer la Caja los pagos no remunerativos o remunerativos por única vez que paga el Banco.